El Juez Segundo Penal de Control de Garantías, José Alejandro Peláez, dictó medida de aseguramiento sin el beneficio de excarcelación contra el alcalde encargado del municipio de Ocaña, Wilmar Bayona Ibáñez, por los delitos de celebración de contratos sin los requisitos y fraude al no acatar una resolución judicial.
El fiscal especializado de Cúcuta, Miguel Arturo Bueno Ayala, explicó los delitos contra la administración pública durante la imputación de cargos que no aceptó el indiciado.
Aseguró que hubo fraude al decretar una urgencia manifiesta con una falsa motivación, pues no existía crisis en la prestación de los servicios públicos.
Además, se solicitó la medida de aseguramiento intra-mural ya que puede obstruir el curso de la investigación.
El abogado defensor, Pierre Paolo Serna Páez, propuso revocar la medida aduciendo que el mandatario había renunciado la tarde del lunes para no obstruir la investigación. El juez indicó que no eran elementos suficientes y se ratificó en la medida.
De inmediato se interpuso el recurso de apelación que debe definir el Juzgado Superior de Ocaña una vez termine la vacancia laboral luego del 13 de enero, aseguran expertos en la materia.
El fiscal especializado indicó que el único camino viable era la decisión del juez y solicitó al superior en segunda instancia confirmar la decisión. Además, investigar a otros actores quienes también participaron en el proceso de contratación.
Con llanto en los ojos salió la esposa del alcalde, la comunicadora social Andrea Claro, quien se lamentó que su pequeño hijo no puede pasar la navidad al lado de su padre.
Lea además Fiscalía capturó al alcalde encargado de Ocaña
El procedimiento
El nuevo escándalo que sacude a Ocaña por segunda ocasión estalló el pasado lunes cuando integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación capturaron al alcalde encargado Wilmar Bayona Ibáñez, por presunta celebración indebida de contratos.
El procedimiento se desarrolló a las 2:10 de la tarde en el despacho del Palacio Municipal cuando llegaba a cumplir con las funciones correspondientes.
Los agentes especializados proceden a leer los derechos y es transportado hasta la sede de la Fiscalía ubicada en el barrio Buenos Aires de Ocaña.
Los miembros del CTI llegan de sorpresa hasta el despacho del alcalde encargado de Ocaña y hacen efectiva la orden de captura en su contra.
Es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de acueducto y alcantarillado, con la empresa SEMSA sin cumplimiento de requisitos legales y fraude a resolución judicial al no acatar una orden del Juzgado Penal Oral Municipal de la Ciudad de Cúcuta.
Este martes 17 de diciembre se realizó en el palacio de justicia de Ocaña audiencia pública donde el juez de control de garantías definió la legalización de la captura, se hace la imputación de cargos que no se allana y se le impone la medida con detención carcelaria.
La investigación gira en torno al contrato suscrito con la empresa SEMSA de la costa norte colombiana para prestar los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en Ocaña por una cifra de 720 millones de pesos mensuales por tres meses lo que se ha tipificado como un detrimento al erario público.
Bayona Ibáñez asumió el cargo en julio del presente año en reemplazo de la mandataria Miriam del Socorro Prado Carrascal, quien fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría Regional de Norte de Santander, por irregularidades cometidas en su administración.
El alcalde encargado es abogado y contador público de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. También se desempeña como secretario de Hacienda del municipio de Ocaña.
Una vez conocida la decisión del juez fue enviado con las respectivas medidas de protección hacia el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Ocaña.
“Se burló de la justicia”: Henry Pacheco
El abogado, Henry Pacheco Casadiego, manifestó que el mandatario, Wilmar Bayona Ibáñez, deberá responder en los entes de control por delitos administrativos cometidos por la contratación indebida.
El profesional del derecho manifestó que el alcalde encargado se burló de la justicia y ahora deberá responder por celebración indebida de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y fraude a resolución judicial.
Explicó que igualmente se enreda la situación de los 14 concejales quienes aprobaron la urgencia manifiesta sin existir emergencia sanitaria. Además, involucrados en un concierto para delinquir ya que cometieron el delito de prevaricato por acción.
Ante la Fiscalía deberán responder desde el punto de vista penal, disciplinaria ante la Procuraduría quien debe ordenar la destitución fulminante y detener el proceso de licitación que está viciado desde un comienzo, fiscal donde la Contraloría debe exigir la devolución de los dineros cancelados a la nueva empresa contratada por detrimento al patrimonio municipal y la intervención de la Superintendencia de los Servicios Públicos ya que se realizó la contratación de manera inconsulta.
“Nosotros vamos a hacer un frente común para que el municipio recupere los 2 mil 400 millones de pesos que se cancelaron a esa empresa SEMSA que no era idónea, ni cuenta con la infraestructura para prestar los servicios. No es justo que se lleven esa plata que nosotros pagamos a través de los impuestos. Se ha hecho un daño patrimonial”, exclamó.
