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Domingo, 12 Agosto 2018 - 5:11am

La seguridad carcelaria en Cúcuta sigue en disputa por $530 millones

La problemática para definir el convenio administrativo para trasladar presos a la cárcel, ha permitido que se fuguen de las estaciones.
 

Archivo
Alarmante hacinamiento en las estaciones de policía. Los presos deberían estar en las cárceles.
/ Foto: Archivo

La disputa entre la Alcaldía de Cúcuta y el sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup) mantiene en vilo la seguridad de los cucuteños, que podría solucionarse firmando el convenio de Integración de Servicios por un valor de $530 millones, de la vigencia de 2018.

El incumplimiento por parte de la administración municipal con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) generó que desde principios de este año, el Inpec dejara de recibir los capturados que a diario son descubiertos por la Policía Metropolitana de Cúcuta cometiendo delitos.

¿Las razones? A la fecha, la Alcaldía de Cúcuta debe el 30 por ciento del convenio de 2017, representado en $30 millones, que serían destinados para los sobresueldos de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que cubren las obligaciones con los internos que son responsabilidad de la Alcaldía (ya que el municipio no cuenta con una cárcel propia).

Y, además, tampoco se ha firmado el convenio de este año, con un presupuesto de $500 millones, de los cuales, $150 millones serían destinados para los mismos sobresueldos.

A pesar de que se han organizado mesas de diálogo entre las partes, cada una argumenta su defensa, creando un rifirrafe que sigue alterando la seguridad de los habitantes de esta zona del país.

Por un lado, la Alcaldía de Cúcuta asegura que jurídicamente no es viable consignar los recursos de los sobresueldos a las cuentas personales de los guardianes del Inpec, como lo exige el sindicato de esta entidad, sino directamente a las directivas a nivel nacional, por lo que se ha impedido la solución a la problemática que atraviesa la ciudad.

Por su parte, Carlos Arturo Ramos, secretario jurídico del comité ejecutivo del Seup, asegura que la Ley exige el pago de los sobresueldos y que no se debe ejecutar con el Inpec directamente, porque esto “modifica el presupuesto general de la Nación y genera un trámite con el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General que tardaría dos años”.

Entre tanto, para el abogado Armando Quintero, la Alcaldía no está obligada a consignar los recursos de los sobresueldos a las cuentas personales.

“Ese dinero tiene que ingresar al presupuesto y manejarse a nivel nacional, porque el Inpec no deja de ser una entidad pública. Cuando el convenio es de carácter público, los recursos tienen que ingresar al presupuesto de la entidad ejecutora”, explicó Quintero.

Investigación

Esta semana, la Procuraduría regional de Norte de Santander, abrió una indagación preliminar contra el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala; la jefa de la oficina asesora jurídica, Liris Marina Peña Márquez; Óscar Gerardino Astier, secretario de Gobierno y Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana, para esclarecer las conductas posiblemente irregulares de los funcionarios, frente a esta situación.

Sin embargo, para Quintero, esta investigación es “una presión indebida de la Procuraduría”.

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Las consecuencias

Mientras las partes continúan discutiendo la viabilidad del convenio, los temibles delincuentes que son capturados y recluidos en las estaciones de Policía, Unidad de Reacción Inmediata (URI) y los calabozos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se fugan de estos sitios no aptos para su permanencia y generan más inseguridad en la ciudad.

Uno de los casos más recientes y sonado fue la fuga de Nixon Ortiz, Pisculichi, del CTI, un temible sicario al servicio de la banda La Punta, dedicada al microtráfico y a cometer homicidios.

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Asimismo, la múltiple fuga de seis detenidos de la estación de Policía de La Libertad, ocurrida esta semana. 

Entre los ‘volados’ están José Zabaleta, detenido por de extorsión; Jhon Fredy Villamizar, por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes; Ferney Morales, por hurto y utilización de menores; Alexander Manjarrez, sindicado de porte ilegal de armas; Daniel Rodríguez, por extorsión y Harold Rubén Prieto Lobo, señalado de homicidio y uso de menores para cometer delitos.

Al cierre de esta edición, se conoció que la Alcaldía de Cúcuta presentó el acta de intención de firma del convenio con el Inpec, para solucionar la situación y que los presos puedan ingresar al centro carcelario.

En las estaciones de Policía, URI y en el CTI. permanecen 353 capturados.

Andrés Julián González Pardo

andres.gonzalez@laopinion.com.co

Periodista judicial, inquieto por las consecuencias del conflicto armado

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