Para las autoridades judiciales es claro que el imperio económico que levantó Jensy Miranda Dávila, en Cúcuta, no se dio de la noche a la mañana y que el éxito que ha tenido en la contratación con diferentes administraciones departamentales y municipales no fue por ‘obra y gracia del Espíritu Santo’.
El proceso de extinción de dominio que acaban de aplicarle a 66 bienes de su propiedad, tuvo origen en 2009, cuando lo capturaron por solicitud del juzgado No. 5 de la Audiencia Nacional de España, señalado de enviar grandes cantidades de cocaína en barcos que iban hacia las Islas Canarias a través de Guinea y Cabo Verde, en África.
Pero antes de esa detención, Miranda ya era muy conocido en la capital de Norte de Santander, no solo por las empresas y sociedades que tenía, sino por los millonarios contratos que ganaba año tras año con administraciones municipales y departamentales.
Su época de oro como contratista, según lo registraron varios medios nacionales, fue entre 2006 y 2007, cuando las autoridades de España ya le seguían el rastro por narcotráfico.
El gobernador de ese entonces, Luis Miguel Morelli, fue quien le entregó $400 millones del Fondo Emprender para la creación de Norlácteos, hoy Andina S.A en reorganización, empresa con la que logró hacerse a millonarios contratos de alimentación escolar.
Por medio de esa empresa obtuvo un contrato de 1.500 millones de pesos, adjudicado por el entonces alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, para suministrar leche y pan en un programa de desayunos para niños.
Y precisamente, meses después de que Miranda Dávila fuera detenido y extraditado, en 2010, la Superintendencia de Sociedades recibió un oficio por parte del Gobierno Nacional, que quedó radicado con el número 2010-01-152457, para que liquide la sociedad que se había conformado para darle vida a Norlácteos, la cual, sin embargo, en ese momento no se disolvió.
Antes de caer preso, Miranda también recibió un contrato en la Gobernación de Norte de Santander, por $15.000 millones, por intermedio de una de sus firmas constructoras, para la rehabilitación de la vía Alto El Pozo-Villa Caro.
Así, poco a poco este narcotraficante pedido en extradición por España lanzó sus tentáculos en las entidades públicas, por intermedio de los políticos que apoyó durante las campañas, quedándose con jugosos contratos.
Desapareció y volvió
Tras el revuelo que generó su captura, por la estrecha relación que mantenía con políticos y personas reconocidas del círculo económico y social de Cúcuta, las autoridades pudieron establecer que cuando Jensy Miranda fue enviado a España, su esposa quedó al frente de todos los negocios que él tenía. Por eso, para los investigadores no le fue raro encontrarse con el nombre Brigitte Rocío Hernández Sánchez.
En 2012, tres años después de haber sido extraditado, Miranda reapareció en Cúcuta, esta vez como contratista de la administración del alcalde Donamaris Ramírez, pero no de manera directa, sino por intermedio de empresas o sociedades que estaban a nombre de sus testaferros, según señalaron las autoridades.
Norlácteos se ganó, en 2014, el contrato para operar el Programa de Alimentación Escolar durante la administración de Ramírez.
En 2019, la empresa Deleit Productos S.A, de propiedad de su esposa, Brigitte Hernández, hizo parte (en un 60%) de la Unión Temporal ‘Alimentar Cúcuta’, que se ganó el contrato por más de $25.000 millones para operar el PAE de Cúcuta.
Norlácteos también ha hecho uniones temporales con otras empresas, tales como Proalimentos Liber S.A.S, para ganarse el manejo del PAE.
Y, precisamente, analizando parte de la contratación de la Gobernación de Norte de Santander, se observa que en 2019 esta última empresa (Proalimentos Liber S.A.S), era una de las que manejaba el PAE departamental.
Por medio de la constructora Vallehermoso S.A, hoy llamada Constructora Jasam S.A.S, Miranda también logró la adjudicación de varios contratos de obras.
En 2014, cuando Donamaris Ramírez París era alcalde de Cúcuta, a Brigitte Rocío Hernández Sánchez, esposa de Miranda, le dieron un contrato abreviado de menor cuantía, por $226’316.872, para el mantenimiento de la calle 8N entre las avenidas Los Libertadores y 13E, acceso al puente La Gazapa.
El nombre de Miranda también volvió a sonar en 2015, por la supuesta financiación que mantuvo hacia la campaña del candidato de Cambio Radical a la Alcaldía y hoy concejal, Jorge Acevedo.
Hablan los mandatarios que contrataron con él
La abogada María Eugenia Riascos, exalcaldesa de Cúcuta (2008-2011), aseguró no tener conocimiento de que las empresas de Jensy Miranda tuvieran contratos durante su administración. Dijo conocerlo, para la época, como un empresario de Norte de Santander, como muchos otros, pero sin vínculos de amistad.
“No sé si esos procesos (penales) los estaban adelantando en ese tiempo, no recuerdo ni tengo conocimiento. Cada secretaría de la administración estaba en la obligación de aceptar todos los oferentes (en caso de contrataciones) y estaban en todos sus derechos las empresas nortesantandereanas”, señaló.
De igual manera, William Villamizar Laguado, exgobernador de Norte de Santander (2008-2011 y 2016-2019), indicó que en sus periodos no se celebraron contratos con Jensy Miranda, ni con sus empresas.
“Nosotros no celebramos contratos con ninguna de esas empresas, como ustedes mismos lo reseñan, él contrató fue con la Alcaldía de Cúcuta”, explicó.
El exmandatario conoció a Jensy Miranda –añadió- como un empresario con inconvenientes de tipo judicial que fueron de conocimiento público, pero “no sé cómo haya sido el desenlace de esos temas”.
Donamaris Ramírez París señaló que, “la contratación del PAE durante mi administración fue adjudicada acorde a las normas que fueron verificadas por un grupo profesional delegado para la función contractual. Vale la pena destacar que entre los requisitos a evaluar, se tuvieron en cuenta los antecedentes penales y fiscales de las empresas y sus representantes legales y hasta ese momento esas empresas no tenían ningún tipo de impedimento”.
Y añadió: “el consorcio que hizo la ejecución estuvo conformado, además, por la empresa regional y una organización a nivel nacional experta en el suministro de alimentos. A los funcionarios no les corresponde indagar sobre la vida privada de los integrantes de las empresas”.
Recordó que los funcionarios de su administración e incluso él, después de adjudicado el contrato, tuvieron trato constante con la doctora Claudia Espinel, quien estuvo a cargo y actuó en la representación legal de esas empresas.
“En relación al señor Jensy Miranda, no he tenido nunca ningún tipo de negociación, ni en lo particular, ni como funcionario. Miranda nunca ha aportado ni un centavo a alguna campaña nuestra. Él no contrató con nuestra administración”, puntualizó el exalcalde.
