Un nuevo grupo de indiciados está en la mira de la Fiscalía por fraude procesal y falsedad en documento público, entre otros delitos, por certificaciones de trabajo falsas que sirvieron para pensionar a personas, en algunos casos sin haber pisado nunca la administración  municipal.

Cabe recordar que entre un primer grupo están señalados, y ya imputados por el mismo presunto accionar delictivo, el abogado y  excongresista Luis Jesús Botello Gómez, Manuel Salvador Navarro Urón, Carlos Ayala Peñaranda y Edda Cáceres. Todos recibieron medida de aseguramiento de detención domiciliaria, pero posteriormente quedaron en libertad (aunque vinculados al proceso), a excepción de Navarro Urón, quien mantiene su casa por cárcel.

En este primer proceso, cuya audiencia de imputación de cargos se adelantó en agosto del año pasado ante el Juzgado Tercero Penal  Municipal de Cúcuta, además están vinculados Ramona Aminta Sanguino Abril, Ramón Peñaranda Pabón, Víctor Hugo González, Pedro José Mendoza Ortega (exconcejal y exalcalde de Arboledas) y Rodolfo Osorio Sánchez, por delitos relacionados con fraude procesal, uso de documento público falso, estafa agravada, además de falsedad ideológica.

Hasta el momento, Mendoza Ortega ha sido el único en aceptar su responsabilidad y avanza un preacuerdo con el ente investigador, el cual está pendiente de aprobación por parte de un juzgado de conocimiento del Circuito de Cúcuta. 

El exfuncionario aceptó utilizar a un tramitador en la agilización de su proceso pensional y no haber cobrado al descubrir el fraude.

Según se conoció, entre los imputados se encuentran empleados de la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Cúcuta, que años atrás habrían emitido las certificaciones de trabajo falsas.

Entre los encargados de emitir dichas certificaciones y firmas están Navarro Urón, Ayala Peñaranda y Edda Cáceres, esta última denunció los hechos irregulares en que se obtuvieron los formularios (CLEBP) con destino a la emisión de los bonos pensionales o para el reconocimiento de pensiones. Además, de una menor de edad (practicante de la Alcaldía), que habría sido utilizada para dichos fines.

Colpensiones también denunció porque los implicados no cumplían los requisitos necesarios para su pensión, ni aportaron los certificados para tener derecho a dicho beneficio.

Los procesados deberán demostrar los supuestos tiempos laborados con soportes de los archivos municipales o anexar la documentación que así lo acredite como los aportes a una caja de compensación o al sistema  de salud (en caso de no ser hallados en las estanterías de los archivos). 

“Se expidieron certificados (pensionales) que no tienen soportes”, señaló la Fiscalía en la audiencia de imputación.

Este proceso inició en la Unidad de Indagación de  Seguridad Pública de la Fiscalía y hoy se encuentra en la Unidad de Juzgamiento, aún sin definir la fecha para la audiencia de la formulación de la acusación.

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 El proceso inició por certificaciones de trabajo falsas.

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Otro caso

Cabe recordar que en mayo de 2019, la Fiscalía 179 de la Unidad Nacional Anticorrupción, con sede en Bogotá, formuló la acusación en contra de la directora de Comfanorte Claudia Cecilia Uribe Rangel (señalada de defraudar a Colpensiones en su proceso de jubilación) y de Piedad Cecilia Delgado Trujillo, por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Las imputadas gozan de medida de aseguramiento, no privativa de la libertad. El proceso se encuentra en juicio.

 Colpensiones también denunció porque los implicados no cumplían los requisitos necesarios para su pensión, ni aportaron los certificados para tener derecho a dicho beneficio.

Alcalde

Así mismo, está pendiente para este año la audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde de Cúcuta César Omar Rojas Ayala, Isabel Márquez, secretaria de Equidad y Género, entre otros funcionarios, por las presuntas irregularidades en el programa que ofreció trabajo por seis meses a humildes cucuteños, administrado por la Corporación América Barí (Cambari), en 2016, por desvíos asignados al programa por $16.000 millones. Por ahora se desconoce si la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento para los implicados.

Asimismo, se conoció que el ente investigador avanza en otras investigaciones relacionadas con el manejo de otros contratos, durante dicha administración saliente.