Los cuatro años de prisión acordados en el preacuerdo que firmaron dos hombres con la Fiscalía, incluido un descuento del 50 por ciento, a cambio de allanarse a los cargos por concierto para delinquir (agravado), fue improbado por un Juzgado Especializado de Cúcuta.
Se trata de Fernando Aníbal Betancur Echeverry y Osney Alejandro Pérez Quintero, señalados de pertenecer a la banda criminal de Los Rastrojos, que delinque en el municipio de Puerto Santander, de donde son oriundos.
Ambos fueron detenidos por orden judicial, tras una investigación adelantada por la Policía Internacional (Interpol), que contó con declaraciones juradas de varios testigos, seguimientos e interceptaciones telefónicas a varios miembros ‘rastrojos’, para determinar el rol que cada uno cumplía dentro de la organización delincuencial.
Betancur Echeverry fue señalado de manejar las extorsiones y el microtráfico de drogas, mientras que Pérez Quintero estaba encargado de alertar sobre los movimientos de la Fuerza Pública, el contrabando y también las ‘vacunas’.
Los dos hombres fueron aprehendidos el pasado 18 de marzo y presentados ante el Juzgado Segundo Penal Municipal que legalizó sus capturas, los allanamientos y les impuso medida de aseguramiento en prisión, mientras avanzaba el proceso en su contra.
Preacuerdo
El Juzgado Especializado consideró que el preacuerdo firmado entre la defensa de los procesados y la Fiscalía, que además contemplaba una multa de 1.350 salarios mínimos mensuales vigentes, no precisó que la conducta que agravaba el concierto para delinquir era la extorsión. (Un delito de naturaleza más grave que tiene prohibición para rebaja de penas).
El Juzgado agregó que la Fiscalía además mencionó unas declaraciones de los procesados, donde aseguraban que ellos cumplían funciones solo de logística e inteligencia para Los Rastrojos, minimizando su accionar delictivo y contradiciendo lo manifestado por los testigos en la investigación.
Razón por la cual, el preacuerdo firmado por Fernando Aníbal Betancur y Osney Alejandro Pérez fue desaprobado y por ahora deberán seguir en la cárcel de Cúcuta, hasta tanto sea resuelta su situación jurídica.
“Es claro que se trata del delito de concierto para delinquir, por haberse asociado con otras personas para cobrar extorsiones. De este último, hay una prohibición para rebajar penas. Por ello, es imposible aceptar la legalidad de este preacuerdo”, reiteró el Juz gado en su decisión.
La Opinión
