La Fiscalía 14 especializada de Bogotá, presentó ayer escrito de acusación en contra de tres de los procesados señalados de pertenecer al llamado ‘cartel de la carne’. Los otros tres implicados tomaron caminos distintos.
Se trata de Diego Eduardo Portilla Luna, quien se desempeñó como gerente de Friogan en San Cayetano, la zootecnista Mercedes Gutiérrez Rojas y Domingo Morales González, ambos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Los tres procesados, quienes permanecen con medida de aseguramiento de detención domiciliaria, son investigados por delitos entre los que se encuentran concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, contrabando, fraude procesal, lavado de activos, falsedad ideológica en documento público y violación de medidas sanitarias. Ninguno de ellos aceptó los cargos y proseguirá ahora (en menos de 45 días) la audiencia preparatoria al juicio oral y público en que buscan demostrar su inocencia ante el estrado.
Según relató la Fiscalía, dicho cartel estaría dedicado al contrabando de reses desde Venezuela hacia el mercado local y el interior del país.
Las detenciones, efectuadas en abril de 2014, son el resultado de la investigación que empezó a gestarse a finales de 2012 y comienzos de 2013, en Norte de Santander.
Las acciones fueron adelantadas por la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Económica Financiera, la Policía Fiscal y Aduanera y entidades adscritas al Ministerio de Hacienda como la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Los demás
Inicialmente, Álvaro Clareth Castillo Pacheco, natural de Chinú (Córdoba), aceptó los cargos y recibió los beneficios de prisión domiciliaria y permiso para trabajar.
Rodolfo Forero Esparza ‘Tata’, quien sería la cabeza de la organización, se acogió a sentencia anticipada y fue condenado a 8 años, 11 meses y 4 días de prisión, sin beneficios de casa por cárcel o suspensión condicional de la ejecución de la pena, luego de que llegara a un preacuerdo con la Fiscalía.
Igual camino tomó Júpiter Rincón Rincón, de 20 años, quien fue condenado a 6 años de cárcel.
Miguel Ángel Oliveros Delgado, inspector del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se acogió al principio de oportunidad en busca de beneficios procesales.
En enero pasado la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) decomisaron bienes que pertenecerían a varios integrantes de esta organización. La extinción de dominio fue para dos casas, dos apartamentos, una casa quinta, una finca, dos carros y una moto que sumaron $1.400 millones.
Según el general Gustavo Moreno Maldonado, director nacional de la Polfa, esa organización movió más de $70.000 millones y logró introducir al país 4.085 semovientes.
