El Tribunal Superior de Cúcuta condenó este jueves a Ricardo Emiro Galvis Manosalva, quien se desempeñó como fiscal tercero especializado, delegado ante el Grupo Gaula, a una pena de 100 meses de prisión (8.3 años) por el delito de concusión. 

La lectura de la sentencia se cumplió en la sala penal y en ausencia del procesado, quien fue detenido el mes pasado tras conocerse el sentido de fallo de carácter condenatorio.

Galvis Manosalva, natural de Cúcuta, fue además inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 90 meses y a pagar una multa de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Estado, luego de un juicio que se extendió por varios años.

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Los hechos que vincularon al funcionario ocurrieron tras la captura en Ocaña de Angelino Pérez Pérez, en octubre de 2012 por el delito de extorsión, siendo  trasladado a Cúcuta y dejado a disposición de Galvis Manosalva, delegado ante este grupo antisecuestro y antiextorsión de la Policía.

Dinero

De acuerdo a la sentencia, cuatro meses después de la captura este funcionario del ente investigador le habló de un preacuerdo al procesado y de $20 millones que servirían para indemnizar a las víctimas de la extorsión y decir que todo se trató de un malentendido en un negocio, al parecer,  por la venta de un automotor o autopartes. Como garantía, el fiscal prometió a Pérez Pérez que las víctimas no asistirían al juicio.

Fue así que le fueron entregados los primeros $10 millones en una oficina y los siguientes $5 millones en la casa de Galvis Manosalva, señala un aparte de la sentencia. El resto del dinero quedó pendiente por pagar.

Condena

Pasado el tiempo, Pérez Pérez fue condenado a 17 años de prisión a pesar de la supuesta promesa del fiscal. Ello sumado a una  solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que un juez le negó al fiscal para pretender dejarlo en libertad.

“Ello fue una idea del mismo fiscal (…) En este caso no existe duda, sino que todo obedeció a un compromiso delictivo que creo el fiscal al solicitar una suma de dinero a una persona detenida en un caso que era investigado con promesas de beneficios futuros”, leyó uno de los magistrados. 

La defensa del procesado trató de demostrar que existían dudas sobre los encuentros en que le fue entregado el dinero al fiscal. Sin embargo, el Tribunal consideró que los testigos se contradijeron en sus testimonios. 

El abogado de Ricardo Emiro Galvis apeló la sentencia, que debe ser purgada en prisión, y corresponderá a la Corte Suprema de Justicia  resolver este caso.

El Código Penal Colombiano define el delito de concusión cuando un servidor público exige o hace pagar a una persona una contribución para un lucro particular.

Otro proceso

Galvis ya había sido capturado en diciembre de 2014. En ese momento, por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción en concurso con  falsedad en documento público.

La investigación la desarrolló la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal de Cúcuta, por la denuncia interpuesta por las presuntas irregularidades en el caso de Wilman Tarazona Pacheco, presunto responsable de las muertes de William Ramos Vargas y José Luis León Rodríguez, a manos de un grupo de autodefensas, según la Fiscalía.

Sin embargo, el 18 de abril de 2018, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.