La cadena estructural de la ilegalidad, conjuntamente entre contrabando, narcotráfico y disputas a sangre y fuego del territorio, convirtieron a Tibú, el corazón del Catatumbo, en el segundo municipio más violento de la región en lo que va corrido del año.

Al menos 64 homicidios registrados entre la zona rural y el casco urbano dejan entrever la alteración de la seguridad que se vive en Tibú, donde además confluyen los grupos armados ilegales que delinquen en Norte de Santander como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), Los Pelusos, disidencias de las Farc y bandas  criminales.

Desde marzo de este año, el Eln y Los Pelusos mantienen una confrontación armada en disputa por el territorio lo que, sin duda, ha aumentado los hechos violentos.

Ello, sumado a una anunciada oleada violenta de las disidencias de las Farc, encaminada a una  ‘limpieza social’, generan constante temor y muertes.

Mototaxista asesinado

El hecho más reciente ocurrió la noche del jueves, cuando fue asesinado el mototaxista venezolano José Fidel Rojas Romero, de 28 años, en el barrio Largo de Tibú, luego de hacer una carrera hacia la salida que lleva a El Tarra. Con esta muerte, se completan cuatro mototaxistas asesinados este año.

Según se conoció, Rojas retornaba al casco urbano luego de cumplir un servicio, cuando de repente detuvo la marcha para recoger a Jorge Alexis Porras Araque, de 31 años. En segundos, dos hombres a bordo de otra motocicleta lo interceptaron y los atacaron a balazos.

En la escena del hecho murió el venezolano, mientras que el pasajero resultó herido con un impacto en la pierna izquierda.

Miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía de Norte de Santander practicaron la inspección del cadáver y el posterior levantamiento.

Pocos resultados

Para Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, defensora de los derechos humanos, las autoridades no han esclarecido los homicidios que se han presentado en esta zona y considera que la actuación de la Policía ha sido “nula” en Tibú.

Cañizares agregó que algunos miembros de la Fuerza Pública, entre policías y militares, están involucrados en el fenómeno de ilegalidad “cobrando vacuna y extorsión a los contrabandistas hasta en las trochas”.

Entre las hipótesis de estas muertes -dice- está el paso de contrabando, los homicidios selectivos y el aumento de venezolanos que han arribado a Tibú al servicio del narcotráfico.

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Política de transparencia

Frente al tema, el coronel George Quintero Medina, comandante de la Policía de Norte de Santander, aseguró que hay una política de transparencia que busca capturar a los uniformados que estén involucrados en hechos delictivos y se debe denunciar para adelantar las investigaciones.

“Hemos tratado de hacer lo mejor posible y si hay alguna denuncia es importante que se usen las instancias correspondientes. Nosotros mismos lideramos las investigaciones con la Fiscalía”, dijo el oficial.

Quintero subrayó que a pesar de las diferentes capturas de integrantes de los grupos armados ilegales y de personas señaladas por homicidio, el fenómeno del narcotráfico desencadena múltiples hechos de violencia.

“Las investigaciones por homicidios que se registran en zona rural, se vuelven más extensas y complicadas por la dificultad para reunir el material probatorio, factor que aprovechan los delincuentes para evadir a las autoridades. El aparato judicial debería crecer en el departamento”, insistió el oficial, refiriéndose al sistema de judicialización.