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Zona rural de Cúcuta, en máxima alerta por masacres y desplazamiento

Lunes, 20 de Julio de 2020
3 masacres se han cometido en los últimos 4 meses y medio.

La paz y la tranquilidad que en algún momento reinó en Banco de Arena, Puerto León y Vigilancia, tres poblaciones de la zona rural de Cúcuta que colindan con Tibú, Puerto Santander y con Venezuela, se acabó por completo, tal como quedó registrado ayer con el asesinato de ocho personas. 

Primero fue la invasión de las extintas Auc, grupo que se desmovilizó en 2004; luego la llegada de Los Rastrojos que, desde hace tres años, trabaja de la mano con los Pelusos, quienes decidieron unirse a esa organización criminal; estos tres grupos armados se apoderaron del control de esa zona porque sabían que les significaría un fortín económico, ya que esa es una ruta segura para sacar cocaína hacia Venezuela y para ingresar contrabando y armas a Colombia, todos estos negocios que dejan millonarias ganancias.

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A este complejo panorama se le sumó desde hace menos de un año, la arremetida que el Eln inició contra Los Rastrojos y Los Pelusos para apoderarse de ese punto estratégico. Esta guerrilla también sabe el valor que tiene quedarse con esa zona, que al lado venezolano conecta con Boca de Grita, y que hoy concentra, según el la Policía Antinarcóticos, más de 316 hectáreas sembradas con cultivos de coca. 

Dos asesinatos en Vigilancia

Precisamente por esa confrontación armada entre Eln, Los Rastrojos y Los Pelusos, los homicidios han se han disparado en esta parte de Cúcuta. En los últimos 4 meses y medio (desde marzon hasta ayer), se han cometido tres masacres que dejan 18 víctimas. A estos hechos atroces se suman también asesinatos selectivos, como los que se presentaron el sábado en la mañana y en la noche a unos metros del casco urbano de Vigilancia. 

Una de las víctimas es Ernesto Aguilar, de 34 años. Según su familia, él salió de su casa a ver un ganado que tenía en la finca, pidiéndole el favor a un vecino que lo llevara en su camioneta.

Cuando los dos hombres iban andando por una de las polvorientas vías que llevan hacia Totumito, apareció un grupo de hombres fuertemente armados y los detuvo. Los desconocidos le ordenaron a Aguilar descender del vehículo; al conductor le indicaron que se marchara.

Las horas pasaron y como Ernesto, quien era miembro de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia, no aparecía, unos familiares decidieron salir a buscarlo, hallándolo muerto entre un matorral. Lo habían torturado, golpeado, cortado las manos y apuñalado.

Con la trágica noticia del homicidio, se conoció que a una hora del casco urbano de Vigilancia, muy cerca a Carboneras, por una vía que llega a Campo Dos, en Tibú, ese mismo grupo armado había cometido una masacre de seis personas. Las autoridades de inmediato comenzaron a buscar los cuerpos, pero solo hasta ayer en la mañana una comisión de la Defensoría Regional del Pueblo encontró los cadáveres.

El mismo sábado, hacia las 9:00 de la noche, habitantes de Vigilancia escucharon varios disparos y ayer en la mañana, apareció otro hombre asesinado, aumentando así la zozobra y el miedo entre la comunidad.

Este temor, sumado al rumor de una posible incursión en contra de la población, hizo que unas 400 personas salieran del sector, buscando refugio (ver recuadro).

La masacre entre Totumito y Carboneras

Ascamcat y la fundación Progresar fueron las primeras en enterarse el pasado sábado de la masacre cometida entre Totumito y Carboneras, en la vía terciaria que lleva a Campo Dos, de Tibú, solicitando que las autoridades llegaran hasta aquel apartado lugar a efectuar la inspección judicial.

Pero solo hasta ayer (domingo), hacia las 11:00 de la mañana, una comisión de la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander pudo llegar a la finca donde yacían los cinco cuerpos.

Una de las hipótesis de las autoridades es que el hecho fue cometido por los mismos hombres que asesinaron a Ernesto Aguilar y a la otra persona que también apareció baleada ayer en la mañana en Vigilancia. 

Las autoridades creen que los asesinos serían integrantes de Los Rastrojos y los habrían matado por no querer cooperar con ellos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había ningún pronunciamiento oficial de la Policía.

La Alcaldía de Tibú emitió un comunicado señalando que una vez conocieron del hecho enviaron una comisión conformada por la Personaría, el enlace de víctimas y el corregidor de Campo Dos, quienes verificarían si el sitio donde se presentó el hecho pertenecía a ese municipio o si era de la zona rural de Cúcuta, hasta tanto no tener claridad al respecto, no se pronunciarían.

Alerta temprano fue ignorada

Esta situación ha impactado de forma trascendental a los habitantes de este sector de la zona rural de Cúcuta. “Todos los días se escuchan ráfagas de fusil y pistola, también explosiones, pero nadie se asoma a ver qué es, porque sabe que puede morir. Es más, mucha gente ha preferido irse, dejando todo abandonado”, comentó un habitante de Vigilancia, quien pidió reserva de su nombre por seguridad.

Pero lo más grave es que todas esas situaciones de riesgo para la comunidad habían sido advertidas por organizaciones defensoras de derechos humanos y por la misma Defensoría del Pueblo, que el pasado 13 de marzo emitió la Alerta Temprana de Inminencia N°011-2020, “debido a la situación de riesgo de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que enfrentan los habitantes de la zona rural de Cúcuta”. 

En el documento, dirigido a la ministra del Interior, Alicia Arango, se menciona claramente que la población civil “se encuentra en grave riesgo por posibles enfrentamientos entre miembros del Eln y el grupo armado ilegal Los Rastrojos, así como de estos grupos con el Ejército, con interposición de personas y bienes protegidos por el DIH. Debido a la tensión que se vive en los corregimientos antes descritos, las familias se encuentran confinadas en sus viviendas y temen que se presenten enfrentamientos armados en el área. El conflicto entre los grupos armados se ha presentado en territorio venezolano y, según la dinámica actual de violencia, el Eln seguirá avanzando en la frontera con el objetivo de ejercer pleno dominio sobre el área rural de Cúcuta—línea de frontera—, desplazando a la estructura de Los Rastrojos. Del mismo modo se prevé la ocurrencia de homicidios selectivos y múltiples (masacres), confinamiento de la población civil, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, imposición de 
restricciones a la movilidad y amenazas y ataques contra los procesos sociales, líderes y lideresas de la zona”. 

A pesar de la claridad del documento, en donde se dejó constancia de que “el riesgo que se advierte y que requiere medidas urgentes” y se conminó a la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), a la Policía Metropolitana, al grupo mecanizado No. 5 Hermógenes Daza, a la alcaldía de Cúcuta, a la Gobernación de Norte de Santander, a la Unidad de Víctimas, a la Fiscalía y a la Procuraduría General, a tomar cartas en el asunto, hasta el momento de desconocen las acciones llevadas a cabo para evitar hechos como los registrados en los últimos meses. 

Wilfredo Cañizares, director de la fundación defensora de derechos humanos Progresar, aseguró que desde hace seis meses vienen denunciando lo que pasa en la zona rural de Cúcuta que limita con Tibú, Puerto Santander y Venezuela, pero que hasta el momento no se ha dado ninguna acción contundente para proteger la vida de las personas que viven por esos sitios. 

También se puede recordar que a diez minutos de Vigilancia, más exactamente en la vereda Totumito, murieron dos policías y otro más resultó herido, luego de caer en un campo minado que habría sido instalado por el Eln, en esa guerra que mantiene con las otras dos bandas criminales. 

Un líder social de la zona sostuvo que hoy viven entre la incertidumbre y la zozobra, porque los grupos armados no entienden que la comunidad no tiene nada que ver en la confrontación armado en la que están y terminan matando a gente inocente.

Más de 400 desplazados, por miedo

Esos dos hechos violentos que se presentaron el sábado provocaron que varias familias de esa parte de la zona rural de Cúcuta decidieran salir corriendo, dejando abandonadas sus viviendas y enseres, para irse a refugiar en la escuela del corregimiento de Banco de Arena.

Aladino León, presidente de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia, señaló que ante lo sucedido la comunidad de esa población decidió desplazarse.

“Aproximadamente 400 personas de las veredas Vigilancia, Nueva Victoria y Totumito decidieron desplazarse por miedo. Mientras que se viva esa inseguridad permaneceremos en Banco de Arena. Aunque le dijimos al gobernador y al alcalde de esto que estaba pasando, no nos quisieron poner atención”, señaló el líder comunal.

Otro habitante de Vigilancia manifestó que a pesar de que esta noche (ayer) podrán dormir tranquilos en Banco de Arena, es incierto cuándo podrán volver a sus casas, pues en esta zona el dominio lo ejercen Los Rastrojos y el Eln, grupos que a su vez están enfrentados por el control del territorio y los cultivos de coca. 

“La única opción que nos quedó fue venirnos de allá porque después de esa masacre todos estábamos en riesgo. No importa si usted tiene problemas o no, esa gente no respeta nada, ellos van llegando y matando al que sea”, dijo visiblemente afectado mientras acomodaba una colchoneta en el piso que será su casa por un tiempo indeterminado.

A la espera de acciones

Mateo Gómez Vásquez, director de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, aseguró que desde el 13 de marzo, su despacho emitió una alerta para los corregimientos Guaramito, Aguaclara, San Faustino, Palmarito, Banco de Arena, Puerto Villamizar y Ricaute, por la alteración del orden público.

El funcionario aseguró que existe gran preocupación por el “recrudecimiento del conflicto” en esta zona rural de Cúcuta, como lo dejó en evidencia la reciente masacre.

Gómez aseguró que la labor de la fuerza pública, tanto el Ejército como la Policía, se debe concentrar en desarticular las estructuras de Los Rastrojos y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que han mantenido una fuerte confrontación en esta zona.

“Estamos esperando acciones de carácter estructural; la Fiscalía debe judicializar a los responsables de la masacre y los miembros de estos grupos, porque hay que desarticularlos. Ellos (grupos armados ilegales) tienen una alta capacidad para hacer daño, por lo que se necesita una intervención alta del Estado”, dijo Gómez.

No obstante, el funcionario reconoció que hay elementos importantes de las administraciones departamental y municipal, pero las condiciones sociales de estos corregimientos exigen mayor atención y la unión de esfuerzos del municipio, el departamento y la nación.

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