La farandula colombiana le pide a la Corte que tome una decisión favorable y urgente frente al aborto

Las demoras en el proceso que busca despenalizar el aborto en el país ya le costaron la vida a mujeres colombianas.

Según Paula Avila-Guillen, abogada internacional de Derechos Humanos y Directora Ejecutiva del Women's Equality Center, “el caso de Lorena es lamentable pues los riesgos de este procedimiento realizado en condiciones seguras son mínimos. A esta mujer, como a tantas, el sistema le falló por partida doble, no solo no pudo tener un aborto seguro, si no que también, al intentar acercarse a un centro asistencial después del procedimiento clandestino, le negaron la atención por temas de convenio con la EPS. Si la interrupción del embarazo estuviera despenalizada, Lorena aún estaría viva”.

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Por ella, y por las miles de niñas y mujeres que se enfrentan a embarazos inviables y peligrosos en nuestro país, varios famosos han unido sus voces para pedirle a la Corte Constitucional que le dé prioridad a la decisión y vote a favor. Al llamado, se han unido Claudia Palacios, María Fernanda Yepes, Marcela Mar, Daniel Samper, Alejandra Borrero, Pirry, Katherine Porto y Angélica Blandón.

Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de Women's Link Worldwide, asegura que “la Corte debe escuchar urgentemente a las miles de personas que le hemos pedido eliminar el delito de aborto del código penal y regularlo por otras vías. Amenazar con cárcel no ha servido para disminuir los abortos y en cambio sigue poniendo en grave riesgo a las mujeres, niñas y jóvenes que viven en contextos de mayor vulnerabilidad, quienes, por las barreras y el miedo de terminar denunciadas, recurren a abortos inseguros. Experiencias como las de Canadá y el Distrito Capital de Australia, demuestran que son las regulaciones sanitarias, en vez de las penales, las que contribuyen a reducir tanto las complicaciones por abortos inseguros, como los abortos en sí mismos y los hacen mas tempranos”.

Aunque en Colombia el aborto es legal en el marco de las tres causales, éstas terminan siendo insuficientes, ante un Estado e instituciones que no garantizan el acceso adecuado a los servicios de salud, y una comunidad médica maniatada por la falta de claridad legal, el estigma y la desinformación.