A comienzos de la década de los años cuarenta la situación financiera del municipio era tan penosa que una minoría de concejales se había empeñado en hacer desaparecer las Empresas Públicas Municipales como organismo autónomo y convertirla en una simple dependencia de la Tesorería Municipal. En una acción intempestiva e inconveniente, este pequeño grupo introdujo un ‘mico’ en uno de los Acuerdos presentados en una sesión desarrollada algunos días antes, logrando su aprobación sin que se produjera ninguna reacción por parte de la coalición mayoritaria. Días más tarde, cuando el hecho fue conocido por el ejecutivo en cabeza del alcalde Luis Monsalve Cuberos, citó a los concejales de la mayoría, para que revirtieran esa norma, pues no sólo era inadecuada sino que perjudicaba a la población en general, que la llevó a manifestarse en contra de tan absurdo proceder.
Si bien es cierto que las Empresas Municipales de la ciudad no fueron, hasta ese momento, un ejemplo de organización ni de eficiencia, la decisión de eliminarlas no constituía el remedio adecuado para solucionar los crecientes problemas que durante años venía padeciendo la ciudad.
Por instrucciones del señor alcalde, el Concejo Municipal fue citado para los primeros días del mes de julio de 1942, para estudiar el restablecimiento de las Empresas Municipales de Cúcuta, mediante una acción de revisión que el grupo opositor trataba por todos los medios, hasta los más vedados, impedir.
Para el día citado la mayoría llevó el proyecto de restablecimiento de la institución municipal, proponiendo además, una reorganización de forma más conveniente y presentando economías y ahorros de funcionamiento en una suma cercana a los ochocientos pesos mensuales. En un principio, el proyecto tuvo una discusión de altura entre todos los concejales, tanto entre quienes presentaban el proyecto y constituían la mayoría, como entre los opositores que veían en el proyecto presentado como “más de lo mismo” y que argumentaban que se trataba de una pirueta del alcalde para mantener una burocracia que contribuía a satisfacer las aspiraciones políticos del partido en el poder. Al producirse el primer receso, los distintos grupos se reunieron tratando de encontrar un acuerdo en torno al proyecto con los concejales de la mayoría liberal el cual lograron de forma amplia, juiciosa y cordial, separándose del consenso únicamente los concejales Carlos Ramírez París y Teodoro Gutiérrez Calderón, quienes dejaron constancia
de su voto negativo.
Por su parte, el concejal Carlos Julio Peña, quien venía sosteniendo la supresión de las Empresas, tuvo una actuación inteligente y magnífica durante el acuerdo al aceptar y ofreciéndole todo su apoyo y respaldo, con razonamientos lógicos y en varias oportunidades protestó enérgicamente contra la coacción que se ejercía contra la coalición mayoritaria amiga del restablecimiento de las oficinas del servicio público.
En el mismo sentido, el concejal Luis Antonio Cáceres, quien en un principio atacó violentamente el restablecimiento, luego tomó parte de las conversaciones privadas que se hicieron en relación con el proyecto y más tarde, en sesión pública, aceptó y justificó las fórmulas adoptadas para el restablecimiento del organismo; sin embargo, a la hora de la votación, se ausentó del recinto, excusa tradicional de los políticos cuando no quieren verse involucrados en decisiones que después puedan ser controvertidas.
Esa sesión del Concejo Municipal de Cúcuta, puede reconocerse como una de las más largas que se hayan realizado en su larga vida republicana, inició a las seis de la tarde y duró debatiéndose hasta las cinco de la mañana del día siguiente. La hora de la votación de los artículos pertinentes se fijó a las tres de la madrugada y vale decir que de los quince ediles que formaban el Concejo de aquella época, doce votaron afirmativamente el restablecimiento con las reformas que fueron propuestas y aceptadas. Las crónicas relatan que los concejales que aprobaron el Acuerdo, fueron Augusto Martínez, Miguel Alvarado García, José Manuel Villalobos, Luis Francisco Guerrero, Carlos Julio Peña, Macedonio Colmenares C., Marco Antonio Lázaro, Luis Francisco Ibarra, Lope Moros, todos los anteriores pertenecientes al partido liberal quienes constituían la bancada mayoritaria y los conservadores Manuel Buenahora, Luis Felipe Dávila y José Antonio Ortega Parra.
Fue tanta la algarabía que se formó en torno a quienes libraron esa memorable y honrosa jornada, no sin soportar los ultrajes gratuitos de algunos de los concejales oponentes y de elementos irresponsables de las barras quienes habían sido llevados ex profeso para cumplir con tan bochornosa misión.
En virtud de las reformas aprobadas, en lo sucesivo, el gerente ya no sería nombrado por el alcalde sino que lo haría la Junta Administradora que a partir de la nueva normativa estaría integrada por un representante del Concejo, un representante de los bancos instalados en la ciudad y un tercero en representación de la Cámara de Comercio.
Aunque aún le faltaba el tercer y último debate para su aprobación oficial, las decisiones que se tomaron previamente incluían este punto que fue asumido protocolariamente.
Adicionalmente, el Concejo suspendió de manera definitiva la entrega de la Empresas Públicas Municipales de Cúcuta a la Tesorería Municipal, tal como se había establecido en el Acuerdo derogado.
El alcalde Monsalve Cuberos alcanzó una victoria política muy importante para el desarrollo de la ciudad, pues en los años posteriores, las Empresas Municipales participarían activamente en la implementación de los proyectos de acueducto y alcantarillado, este último que tuvo un desarrollo más lento y demorado, puede decirse que fue gracias al interés puesto por esta institución que se logró acceder a los recursos para su construcción.
Gerardo Raynaud D. | gerard.raynaud@gmail.com
