En los años previos a la segunda presidencia de López Pumarejo, el ambiente político de la nación mantenía un ambiente caldeado por la férrea oposición que el partido de la contraparte venía ejerciendo sobre el ejecutivo, en buena razón, con miras a recuperar el poder que habían perdido desde 1930.
Ese segundo mandato comenzó con una invitación que hiciera el presidente electo a todos los colombianos, incluso a aquellos que no habían votado por él y que no aceptaban su legitimidad, por considerar que se había presentado un fraude electoral.
Tal propuesta no tuvo el arraigo esperado, pues la oposición conservadora persistía en la veracidad del fraude, a tal punto que la imagen y confianza del gobierno se deterioró y la conciencia política del país comenzó a cuestionar la honorabilidad de sus representantes.
Aunque para entonces había abandonado los preceptos de su “Revolución en Marcha”, el presidente López se veía acosado por la percepción que se tenía de “enemigo de la religión” en el “país del Sagrado Corazón”, por sus decisiones consideradas anti clericales, como la usurpación del colegio San Bartolomé a los jesuitas, la reforma al Concordato y además, de su condición de masón.
Por diversos motivos, a más de los mencionados anteriormente, el ambiente hostil se venía observando desde el 15 de septiembre de 1940, cuando el jefe de la oposición conservadora amenazó, desde su curul del Senado, con guerra civil y los atentados personales, si el partido liberal optaba por la reelección de López Pumarejo.
Desde ese mismo instante, el germen de la insurrección se implantó en las bases del pueblo y las conspiraciones tejidas por sus seguidores fueron surgiendo como la mala hierba. Organizaciones subversivas con nombres sonoros como la “Legión Colombiana”, la “Organización Nacional” o la “Legión Cóndor”, pusieron sobre alerta a los servicios de inteligencia y contrainteligencia, no sólo del país sino de los Estados Unidos, quienes estaban preocupados por la penetración del pensamiento comunista, grupos que en realidad, se inspiraban más en los principios de la religión católica, el nacionalismo y el antisemitismo, concepto este último, importado de la Europa en estado belicista.
Así pues, habida consideración de las circunstancias expuestas, en marzo de 1943 comenzaron a circular rumores sobre el “ruido de sables” en el ejército y los planes de un “golpe de estado”, consejas que fueron reproducidas por el diario El Siglo, además de incluir como noticia de primera plana, la detención del general Eduardo Bonitto, uno de los supuestos conspiradores. De inmediato el gobierno, en un comunicado, rechazó esa afirmación, aclarando que ese arresto obedecía a “faltas contra la disciplina castrense”, información que no resultó totalmente convincente.
La conmoción política por los continuos debates en el Congreso sumados a los mordaces artículos de la prensa de oposición, hicieron su efecto en el prestigio del presidente, quien no tuvo más opción que solicitar una licencia y dejar en su reemplazo a un político de gran crédito personal y de reputación sin tacha, el doctor Darío Echandía, de quien se esperaba lograra atemperar los vientos borrascosos y el encono de los enemigos de López.
Ante estos hechos e involucrados los Estados Unidos, las posiciones políticas de Laureano Gómez, jefe de la oposición, se radicalizaron y en respuesta, el gobierno negó la solicitud de importación de 350 toneladas de papel para el diario El Siglo, de propiedad de Gómez.
El problema de resolvió transitoriamente cuando intervino el gobierno norteamericano, solicitándole que moderara su posición política y regresara al redil de los buenos demócratas cesando sus ataques contra los Estados Unidos. Sin embargo, el ambiente de inconformidad continuó y cada día era más frecuente la ocurrencia de actos terroristas y que desencadenaron el arresto y encarcelamiento de dirigentes y ciudadanos, que de alguna forma se vieron involucrados en algunos de esos hechos.
Mientras estos hechos sucedían en el plano nacional, en algunas ciudades intermedias, entre ellas Cúcuta, el ambiente se tornaba cada día más hostil y los actos de terrorismo, fueron manifestándose con mayor frecuencia, razón por la cual, los organismos de seguridad del Estado tuvieron que multiplicar sus operaciones, con el objeto de proteger la vida y bienes de la ciudadanía.
A pesar de los esfuerzos desplegados, en marzo del año 45, se produjo un suceso que hubiera podido ser trágico a no ser por la oportuna intervención de las autoridades. El sábado previo a la semana santa, a eso de las diez y media de la mañana, agentes de la “secreta”, localizaron un depósito de bombas y granadas de mano, nada menos que en el coro de la Catedral Primada de Colombia en la capital de la república.
El hallazgo causó extraordinaria conmoción dado el intento de alteración del orden público contra las autoridades legítimas, de manera que los gobernadores fueron instruidos y se les impartió instrucciones precisas, toda vez que esta conspiración tenía ramificaciones en casi todas las principales ciudades del país.
Según las investigaciones preliminares realizadas, elementos vinculados a diversas congregaciones católicas, entre ellos, la de los Hermanos Cristianos, se prestaron para la ejecución de dichos eventos, pues se comprobó que uno de ellos era quien había escondido los explosivos. Esto mismo fue relacionado con otro fracasado atentado criminal contra un juez de la república, ejecutado por un Hermano Cristiano de apellido Güiza Matheus. Sesenta detenidos entre los que figuran varios religiosos, de los cuales, tres son sacerdotes y el Hermano Cristiano Gilberto Antonio, varios oficiales retirados y otros en servicio activo.
Por esos días, el vicario de la parroquia de San José, realizaba frecuentes viajes al centro del país, desplazamientos que aprovechaba para escribir algunos editoriales de El Siglo y decir misa en las iglesias de la capital y como es de todos sabido, el padre Jordán, vicario de San José, era ferviente seguidor de las políticas preconizadas por ese periódico, el principal de la oposición.
Ese era entonces, el principal motivo para relacionarlo con las conspiraciones que se venían presentando, así como también los principales dirigentes del partido conservador de las ciudades de Colombia. En esta ocasión, a Cúcuta llegó la orden de detención, además del padre Jordán, la de los líderes conservadores Lucio Pabón Núñez y el médico Luis Enrique Moncada.
Por circunstancias casuales, fue detenido también el periodista conservador Tomás Quiñones Uribe, pero puesto en libertad horas más tarde al comprobarle su absoluta inocencia. En un principio el padre Jordán trató de oponerse a la orden de captura, pero finalmente accedió trasladarse al comando de la Policía y de allí al aeropuerto, para ser trasladado junto con sus compañeros a la ciudad e Bogotá. Los otros sacerdotes detenidos en otras ciudades, fueron los presbíteros Julio Ernesto Duarte y Álvaro Sánchez.
La situación jurídica de los afectados fue resuelta oportunamente al demostrarse, primero que se trató de una decisión política, segundo, que su vinculación al partido de la oposición, no constituía delito alguno y tercero, que no tenían ningún tipo de relación con el hechos ocurridos.
Gerardo Raynaud D. gerard.raynaud@gmail.com
