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Sábado, 23 Junio 2018 - 1:56am

Problemas en la Telefónica

Fuera el gobierno liberal o conservador, los problemas eran los mismos.

GERARDO RAYNAUD D.
gerard.raynaud@gmail.com

El servicio telefónico en la ciudad  fue  uno  de  los  primeros  instalados  en  Colombia,  en  parte  gracias  al  proceso  de  reconstrucción  que se dio luego de la catástrofe del cataclismo de 1875. Históricamente, Bogotá empezó a  prestar  el  servicio  telefónico  en  1885  y solamente cinco años después se dio en Cúcuta. A comienzos del siglo XX, el gobierno nacional le concedió la licencia  a los esposos Polanco  Rodríguez para  que  explotara  el  servicio en la ciudad. En los años posteriores fueron extendiendo este servicio a los pueblos  aledaños,  sin  la  debida  autorización,  lo  que les ocasionó algunos inconvenientes que pudieron solucionar transitoriamente con la intervención de sus amigos del gobierno. Sin embargo,  en  1924,  la  administración  departamental decidió tomar cartas en el asunto y promovió la expedición de una ordenanza que le permitiera asumir la prestación del servicio y luego de convenir el valor de la compra en la  suma  de  sesenta  mil  pesos  ($60.000),  la  empresa  pas manos  del  departamento,  con  el  nombre  de  Empresa  de  Teléfonos  del Norte de Santander. Un año después, en 1929, el gobernador Ramón Pérez Hernández inauguró el servicio telefónico para todo el de-partamento y a partir de esa fecha, el servicio fue extendiéndose mediante la construcción líneas  físicas,  incluso  hasta  la  población  de  San  Antonio  del  Táchira,  operación  que  en  aquella época tuvo un costo de $843.70, toda una fortuna entonces.Con la nueva administración, la empresa de teléfonos comenzó a operar siguiendo los lineamientos de la política y con ella los problemas que fueron apareciendo a medida que pasaba el tiempo, según la voluntad de los gobernantes de turno que no escatimaban es-fuerzos por obtener de ella el mayor beneficio. 

Fuera el gobierno liberal o conservador, los problemas eran los mismos, pues cada quien obtenía los beneficios según sus necesidades o los de sus seguidores.

La  ‘Telefónica’  como  era  llamada  coloquialmente,  fue  adscrita  originalmente  a  la  sección  de  rentas  de  la  Secretaría  de  Hacienda  Departamental,  desde  la  cual  se  administraban  sus  recursos  y  producidos,  los  cuales  debían  ir  a  las  arcas  del  fisco  del  departamento, sin embargo y como suele suceder con las empresas del sector productivo administradas por el gobierno, ésta no rendía lo esperado y por lo tanto, la gobernación tuvo que ingeniarse la manera de volverla rentable. 

La compra de la  ́telefónica’ coincidió con el ascenso del partido liberal al poder, así que el primer encargado fue de esa filiación y estuvo muy  pendiente  del  cumplimiento  del  deber  de  sus  funcionarios.  En  una  ocasión,  según  se  lee  en  las  crónicas  de  entonces,  narran  cómo don Julio Reyes, a la sazón encargado de la Sección de Rentas que tenía a su cargo la dirección de la empresa, encontró a un grupo de  operadoras,  unas  leyéndose  las  cartas  y  otras en pleno besuqueo, desgreñadas y sudorosas, en sus mesas de trabajo; salió hecho una furia, directo a su oficina para expedir las resoluciones  sancionatorias  que  decían,  en  su  parte  resolutiva,  más  o  menos  así:  “(...)  sancionar  con  una  multa  de  20  centavos  a  cada una de las señoritas (...) por las graves faltasen que fueron sorprendidas in fraganti, en la mañana de hoy, en el mismo recinto en donde trabajan y en horas de labor. Parágrafo: si estas niñas reinciden en la falta que se les ha sancionado, la multa será llevada por primera vez a 25 centavos y por la segunda vez a 30, y si insisten todavía, serán suspendidas de sus cargos por 12 horas, aunque ganando el sueldo, como una sanción moral.” Quiero aclarar que aunque ‘la suspensión con sueldo’ no parece lógica, la razón es que el personal de operadoras debía estar capacitado previamente  y  no  se  disponía  de  personal  idóneo  para  ejercer  dicho  cargo.  Aún  con  esos  controles  la  situación  no  mejoraba  y  con  el  pasar  del  tiempo  se  agravaba  más.  Tal  vez  el colmo de los problemas se presentó en el año 48, desde antes del suceso originado por la  muerte  de  Gaitán,  cuando  un  numeroso  grupo  de  empresarios  encabezados  por  el  propietario del Almacén Ancla S.A., solicitó la cancelación del servicio con el argumento que  “el  teléfono  no  sirve  hoy  ni  siquiera  de  adorno  en  oficinas  y  casas  particulares,  sino  de  estorbo”.    Con  anterioridad  a  este  problema el gobernador había nombrado una Junta que manejara los hilos de l empresa, quitándole la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda. Estuvo integrada por dos personajes  de  mucha  reputación  en  la  ciudad,  Víctor  Pérez  Peñaranda  y  Domingo  Pérez  quienes al parecer no se apersonaron de sus funciones, debiendo el gobierno revocar los nombramiento  y  recuperando  el  control  de  la empresa. Durante la época del gobernador militar, el general Matamoros trató de poner en  marcha  una  propuesta  que  se  le  hiciera  por parte de algunos miembros de la Cámara de  Comercio,  en  el  sentido  de  reunir  a  los  gerentes y apoderados de las principales casas de comercio, entre los que se contaba Nicolás Colmenares, Guillermo Eliseo Suárez, Aristóbulo Verjel, Pedro Felipe Lara, Emilio Gaitán Martín, Arturo Cogollo y Josué Canal Sorzano entre  otros,  para  que  conjuntamente  con  el  doctor Rodrigo Peñaranda Yáñez, responsable del manejo de la ‘telefónica’, encontraran una fórmula para salir del embrollo en que se encontraba por los manejos desacertados de la compañía. 
Después de un sesudo análisis, el resultado fue plasmado en un escueto documento en el que se exponían dos razones del descalabro al que se había llegado: primero, la inconformidad del experto Eduardo Valdés, quien  manejaba  todo  el  entramado  técnico  y  cuya  presencia  era  indispensable  para  el  normal  funcionamiento  de  las  operaciones.  Este  señor  no  aceptaba  la  subordinación  impuesta  por  la  empresa  y  prácticamente  hacía  lo  que  le  venía  en  gana,  sin  embargo,  profesionalmente estaba muy calificado y por esa  razón  y  “no  habiendo  más”  tenían  que  aguantarle las pataletas. Segundo, la injerencia  política  “introducida  hasta  por  las  faldas  de las operadoras” como decían, pues como recomendadas  de  los  políticos  de  turno,  no  mostraban ni educación, ni interés y mucho menos temor a las sanciones, pues ¿quién se mete con una recomendada del doctor...? En conclusión, ningún resultado se obtuvo de esa reunión y los sufridos usuarios  tuvieron que seguir aguantándose el mal servicio hasta que ésta fue vendida a Telecom en el año 1970.

La Opinión

@laopinioncucuta

Medio de Comunicación de los nortesantandereanos.

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