Las discusiones y peleas políticas entre las distintas ramas del poder público son tradicionales en las democracias y no por ello debe alterarse el orden y la tranquilidad del pueblo. En una de las pocas sesiones nocturnas del Concejo Municipal de Cúcuta durante el mes de octubre de 1947, se presentó un incidente, calificado de “muy grave” por la prensa y que produjo titulares sensacionalistas en todos los medios.

Violentos discursos fueron pronunciados en la sede del cabildo, especialmente por los concejales Cáceres, Granados y Rangel Durán en contra del alcalde Jorge Hernández Marcucci por negarse a facilitar el automóvil de propiedad del municipio para realizar un viaje a la capital de la república, por lo cual, el Concejo en pleno acusó violentamente al burgomaestre de haber obstaculizado el viaje de una comisión a Bogotá, para tratar asuntos de importancia que redundarían en beneficio de la ciudad. 

En declaraciones a la prensa, el concejal Rangel se despachó contra el gobernante municipal en términos desobligantes tales como “… a mi no me es extraño lo que está pasando. Bien conocida es la actitud del señor alcalde Hernández Marcucci. 

Todos nos hemos dado cuenta que este señor, cuando lo nombran alcalde, se cree un dios, un dictador que todo lo del municipio es de su propiedad y que las dependencias del gobierno son elásticamente la prolongación de su casa de familia.” Seguidamente denunció que en el automóvil del municipio paseaban fámulas y eran llevadas aves de corral y otros semovientes a las casas de la familia del alcalde.

Otros concejales también hablaron y censuraron fuertemente la actitud del alcalde pidiendo que fuera debidamente sancionado; algunos menos prudentes se atrevieron a sugerir que el gobernador debería destituirlo o que simplemente renunciara al cargo. 

Al parecer todos los cabildantes estuvieron de acuerdo con criticar la posición adoptaba por el administrador del municipio y en el fragor de los discursos, redactaron y presentaron la siguiente resolución, la cual fue aprobada por unanimidad.

“El  Concejo Municipal de San José de Cúcuta, en uso de sus facultades legales y considerando…” para abreviar la crónica acortaré los considerandos diciendo que, en primer lugar, se menciona que el Concejo designó una Comisión que debía trasladarse a Bogotá  por razones de “necesidad imprescindible”; que la Comisión estaba integrada por el presidente del Concejo y los concejales Cáceres, Lara Hernández y el Personero del municipio; que el Concejo, por intermedio de su presidente solicitó el vehículo de la alcaldía para cumplir la comisión; que el alcalde se negó sin motivo justificado y por un capricho personal; que el automóvil de la alcaldía es un bien municipal y no privado, el cual está destinado al servicio del municipio y no al servicio particular del doctor Jorge Hernández Marcucci y finalmente, que como bien que es del municipio, el Concejo puede determinar su uso, y a continuación se resuelve:

“Primero, declarar que la conducta del señor alcalde está reñida con las más elementales normas de cortesía, pues su acción constituye, por lo menos, una falta de urbanidad y de buenas maneras para con el señor presidente del Concejo. Segundo, que su acción implica para el municipio, una erogación de una fuerte suma de dinero, pues la Comisión tendrá que viajar a Bogotá en vehículos particulares, y tercero, a partir de la fecha de esta resolución, el automóvil destinado al servicio de la alcaldía estará bajo el control directo del Presidente del Concejo. 

Transcrita la Resolución y entregada a los señores alcalde y gobernador respectivos se procedió a su inserción en el Registro Municipal.

Después de este “golpe”, los concejales esperaban que el alcalde presentara su carta de renuncia irrevocable al señor gobernador, como era la usanza en esa época pero no procedió así y sucedió todo lo contrario, pues al alcalde se declaró en franca rebeldía contra el Concejo y rechazó de plano y en forma airada la proposición de censura aprobada por esa corporación.

En declaraciones entregadas en rueda de prensa desarrollada en los salones de la alcaldía, el alcalde expresó textualmente “Esa Resolución No. 11 encierra en su texto una calumnia preparada y amasada por el Presidente del Concejo y aprobada por el cabildo contra el alcalde y sería ésta la primera vez en la historia política y civilista del país, en el caso que yo me dispusiera a ello, que un alcalde enjuiciara penalmente a un cabildo, cuando éste lo calumnia públicamente; de ahí a mandar a la cárcel a los honorables concejales  no hay sino un paso.”

Finalmente y al dar por terminada la rueda de prensa el alcalde fue enfático en  declarar que se veía en la obligación de desconocer la Resolución No. 11 del 28 de junio de 1947 y que no existirá nada ni nadie que le obligara a cometer un acto ilegal. Esto implica que el alcalde, de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia, pondrá bajo el control del Presidente del Concejo, el automóvil de propiedad del municipio y que de acuerdo con las normas establecidas, es de la absoluta competencia de la alcaldía.

Planteado el pleito, la situación se mantuvo en ascuas por poco tiempo, pues un nuevo alcalde fue nombrado, el doctor Gustavo Soto Franco, y nuevas elecciones se sucedieron, aunque muchos concejales mantuvieron su escaño, el hecho pasó a ser una de las anécdotas más recordadas por los habitantes de nuestra calurosa ciudad.

Gerardo Raynaud D.
gerard.raynaud@gmail.com