El Estatuto Temporal de Protección para los migrantes ha sido catalogado como un paso para avanzar de una atención humanitaria de emergencia hacia una integración socioeconómica más visible. Ya no es una promesa sino una realidad para ayudar a más de 1’700.000 venezolanos que buscan regularizar su estadía en Colombia.
La fase inicial de este mecanismo está prevista para el primer semestre de 2021, cuando se tomen los datos y se haga la caracterización de aspectos sociales y económicos de la población migrante.
Así lo dio a conocer el Gobierno Nacional en el tercer conversatorio virtual Estatuto Temporal de Protección: ¿es la solución para la identificación y regularización de los venezolanos en el país?, organizado por La Opinión y su proyecto Estoy en la Frontera, con el apoyo de USAID y ACDI/VOCA.
Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia; Juan Francisco Espinosa, director nacional de Migración Colombia, y Daniel Gonzales, oficial de Programas Senior Iniciativa de Migración Internacional, Fundaciones para una Sociedad Abierta, disertaron en el encuentro sobre la implementación del nuevo instrumento jurídico y cómo impactará en la vida de los venezolanos.
En este momento, el proyecto de decreto del Estatuto sigue en discusión y próximamente será oficial para permitir la incorporación de casi 1’000.000 de venezolanos en condición irregular al régimen de protección internacional de refugiados, tal como lo anunció el presidente Iván Duque junto con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.
Esta decisión le dio a Colombia una referenciación mundial sobre el tratamiento hacia los extranjeros en condición migratoria.
“Estamos en estos momentos en el período de comentarios del proyecto decreto que después será sancionado por el presidente y arrancaremos la materialización del Estatuto. Quiere decir que, entre abril y mayo, podrán nuestros hermanos venezolanos iniciar la fase uno, es decir, la de precarga de información y caracterización socioeconómica”, explicó Espinosa.
Dijo que han identificado tres grupos a beneficiar con este instrumento, como son los migrantes con el PEP que los identifica; la otra es aquella población irregular que entró a Colombia antes del 31 de enero y, por último, aquellos que quieran hacer vida en Colombia e ingresarán en los próximos dos años para formar parte del Estatuto, pasando por un punto de control migratorio.
Sobre esto último, la autoridad migratoria pidió paciencia mientras se estudia la posibilidad de abrir la frontera.
La segunda etapa del Estatuto será la consolidación de los primeros datos aportados y construidos en la regularización, para luego pasar a la toma de información biométrica, como la foto, iris y huellas dactilares, con la que se generará una identificación digital que quedará en las bases de datos de Migración Colombia.
En relación con el sistema biométrico, Daniel Gonzales precisó que para materializarlo es indispensable un registro expedito y seguro de la población regular, basado en siete principios, como el diseño centrado en las necesidades de las personas y la no discriminación, flexibilidad en los requisitos y en el reconocimiento de los documentos.
Destacó que la tecnología que se utilice debe ser neutral y adaptable, e implementarse con fortalecimiento bajo un estado de derecho y gobernanza migratoria, ser sostenible financieramente, contar con oficiales y servidores públicos entrenados y garantizar la seguridad digital y protección de datos.
Opinó que la detección facial es preocupante, porque no hay requerimientos legales en el país ni internacionalmente, como tampoco tecnológicos que obliguen a que haya un reconocimiento facial.
Políticas públicas
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, recalcó que las políticas públicas que abordarán a partir de la implementación del Estatuto serán la educación y la seguridad social.
Espinosa señaló que con este mecanismo, los 402.000 niños y jóvenes migrantes venezolanos, incorporados en el sistema educativo, podrán culminar con éxito su proceso de formación y graduarse.
“Hacer parte del sistema de salud y de seguridad social será una ventana de oportunidad para toda la población migrante. Además de recibir atención médica, podrán cotizar una pensión, ser cubiertos por riesgos profesionales y de contribuir en la sostenibilidad del país”, sostuvo el funcionario.
Como tercer eje, mencionó el de la protección, es decir, hacerlos parte del entorno de manera segura para resguardar a esta población de la trata de migrantes, de personas y de la estigmatización y brotes de xenofobia.
Medida humanitaria
Lucas Gómez, gerente de Fronteras, destacó el trabajo interinstitucional de Migración y la Cancillería para avanzar en el deseo de la Presidencia de establecer un Estatuto que permita organizar lo que ya manejaban como migración y enviar un mensaje humanitario de fraternidad y hermandad a los venezolanos que están en territorio colombiano.
“Es una medida apolítica que tenía como objetivo establecer una ruta, organizar un poco lo que ya se tenía acá y brindar protección alrededor de los 10 años. Colombia tomó una decisión valiente y el gran desafío es que los demás países identifiquen lo que ha hecho”, dijo Gómez en el foro virtual.
Mencionó que para que otros países sigan esta misma vía, debe existir un acompañamiento de cooperación internacional.
Gómez respondió contundentemente que el Estatuto no permitirá a los venezolanos votar en elecciones populares y que el fin de este mecanismo es proteger a una población específica, pero también poniéndole unos límites.
El gerente de Fronteras estimó que los venezolanos, una vez regularizados, entrarán en el cauce ordinario del sistema de visas y después obtendrán la visa de residente que les permita el derecho al voto a nivel local.
Añadió que desde el punto de vista local, contarán con información necesaria para entender las dinámicas migratorias en los municipios y departamentos y así efectuar una planeación estratégica de políticas públicas en empleo, salud, y programas sociales.
Pruebas de permanencia
Sobre las pruebas sumarias que exigirán a los migrantes irregulares, aplicarán un principio de buena fe para que el acceso a este Estatuto sea posible para todos.
“La escolaridad de los niños puede ser una prueba de la permanencia en el territorio antes del 31 de enero. Hemos hablado de algunos contratos de arrendamiento, pruebas de salud, así se haya dado vía urgencias. Hay un sinnúmero de posibilidades que van a permitir a los migrantes que se encuentran en situación irregular, otorgarnos una prueba de permanencia”, explicó Gómez.
Agregó que desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación, 800.000 migrantes regulares fueron incluidos para recibir la dosis y para 1’000.000 de personas irregulares con vocación de regularización, sus vacunas serán tramitadas vía cooperación internacional.
