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Ser refugiado o migrante en condición de discapacidad en la frontera

Lunes, 18 de Abril de 2022
Conozca la historia de una mujer de 50 años que salió de su país huyendo de una persecución.

Llegó a Cúcuta hace un poco más de dos años. Se vino caminando y en “cola” desde Arauca, donde tenía ya tres años viviendo y a donde llegó huyendo de una persecución por su postura política en Venezuela.

En muletas, tras sufrir hace 8 años un accidente en motocicleta en su país natal, Lucía* recorrió 411,3 kilómetros desde la capital araucana para asentarse en suelo cucuteño buscando mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.

“Nos dieron la cola, dormimos en el andén y salimos de Arauca un lunes a las 6:00 de la mañana y llegamos un miércoles a las 7:00 de la mañana. Hasta Saravena nos fuimos de mochileros. Logramos reunir y pudimos llegar a Cúcuta”, contó.


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Lucía tiene 50 años y es una persona con una condición de discapacidad física. Cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) con el cual pudo hacer su proceso de afiliación a la EPS y lograr ver la situación de su pierna.

Sin embargo, el par de muletas con el cual hoy cuenta lo consiguió tras recibir un apoyo de la Fundación Mujer Denuncia y Muévete. Ha tenido que explotarse sexualmente como mecanismo de supervivencia, debido a que no la aceptan en los empleos a los cuales ha llegado por sufrir una doble discriminación.

“Yo llegué al parque Mercedes con un termo y una cava pequeña, empecé a vender, pero lamentablemente había mucha competencia, no era lo mismo una nevera grande que una cava con tres gaseosas y allí empecé a ver un mundo y la necesidad me llevó hacer lo que muchas hacen a pesar de no venir a eso.

A las tres semanas empezaron a llegarme los hombres sin yo buscarlos y comenzaron a ofrecerme. Recuerdo la primera vez y es un momento donde te llenas de pánico, rabia con la sociedad, contigo misma y lo primero que uno piensa es en sus hijos. Esa no es una vida fácil, porque llevas golpes, humillaciones, maltratos”, contó llorando.


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Lucía es una de las historias de cientos de migrantes que llegan provenientes de Venezuela con una condición de vulnerabilidad.

El Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio del Ministerio de Salud hace referencia a las dificultades de salud física y emocional, y a la condición de discapacidad, que enfrentan las personas refugiadas y migrantes en los diferentes momentos de su tránsito.

Este mismo documento menciona que en el 2018 un 2,6% de la población presentó algún tipo de discapacidad, es decir 11.648 personas según los reportes de las personas en condición migratoria regular.

El número de personas en condición de discapacidad que ha llegado a Colombia desde Venezuela con vocación de permanencia o solo en tránsito aún se desconoce. Se espera que una vez se concluya el proceso de implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) el Estado colombiano maneje cifras más aproximadas de esta realidad, con la aplicación de la encuesta de caracterización socioeconómica que deben llenar todos los migrantes que deseen ampararse en el nuevo mecanismo de regularización.


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El gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez, explicó sobre el tema lo siguiente: “Yo creo que esto es uno de los elementos que nosotros necesitábamos para hacer una buena formulación de políticas públicas, pues como sabemos de acuerdo a las estadísticas entre el 8 y 10% de la población global sufre de alguna discapacidad.

Nosotros una vez se termine el tema del otorgamiento de los estatutos de protección, poder sentarnos con las EPS para hacer un trabajo de aterrizaje y de diseño de políticas públicas específicas para ellos”.

El tema de las cifras es importante, pero la cuantificación de esta población se desconoce incluso desde su país de origen. El mes pasado, la agencia de noticias AFP, publicó un reportaje hecho en Venezuela en el cual se evidencia el retraso en el suministro de cifras.

En la nota se indicaba: “No hay estadísticas sobre el número de demanda de prótesis en Venezuela, país de unos 30 millones de habitantes. La última estadística disponible data de una investigación en 2008, cuando había unas 130.000 personas con una discapacidad físico-motora (incluidos los amputados)”.

Al igual que Lucía, Marcos* un joven de 25 años llegó desde Caracas hace dos años, utiliza muletas tras sufrir un accidente en moto en la capital venezolana. Migró con la esperanza de lograr adquirir unos equipos ortopédicos de mejor calidad, sin embargo, no ha podido. Trabaja recogiendo plástico en La Parada, Villa del Rosario, pero no ha logrado afiliarse al sistema de salud porque está en condición migratoria irregular aún.

En el Estudio regional sobre la situación de las personas con discapacidad refugiadas, desplazadas y migrantes en América Latina “Discapacidad y movilidad humana”, hecho por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis) (abril de 2021) indica que las ayudas para esta población son coordinadas por medio del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

Dicho documento precisa que la asistencia brindada a estas poblaciones está distribuida en distintos sectores, sin embargo, enfatiza que “son limitadas las acciones desde un enfoque basado en la discapacidad”.

En este sentido, Gómez precisó que en el tema se han hecho grandes esfuerzos con ONG como Humanity & Inclusion (HI) que se encargan a nivel global de estas poblaciones. “Hemos logrado unos espacios protectores en la ruta del caminante y poner un enfoque diferencial para esta población. Yo creo que eso es uno de los temas más importantes, sobre todo desde el punto de vista humanitario”, dijo.

Esta organización, según refiere el estudio del año pasado, ha adelantado programas de atención inclusiva a personas refugiadas y migrantes con discapacidad, a quienes les han entregado: kits de higiene con desinfectantes, jabón y tapabocas.

“El suministro de agua también hace parte del programa de ayuda humanitaria que busca brindar información y apoyar a la población que podría verse más afectada por los impactos sanitarios, sociales y económicos como las personas con discapacidad y las personas mayores. Adicionalmente, HI brinda ayuda por medio de procesos de rehabilitación funcional, atención psicosocial, tele-rehabilitación y asesoría jurídica en las zonas de cobertura”, explica el estudio.

 

Legislación

Por su parte, el documento CONPES 3950 de 2018, hace hincapié implícitamente a la atención a la población migrante con enfoque diferencial, donde se destaca la discapacidad, desde su Línea de Acción 10 “Servicios de atención humanitaria”, cuando señala que:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores debe definir los criterios de priorización para la recepción de la población migrante proveniente de Venezuela en los CATM (Centros de Atención Transitorios al Migrante) y los CAM, teniendo en cuenta que dentro de la población migrante se encuentran madres gestantes o lactantes, niños y adolescentes, población mayor y en condición de discapacidad”, manifiesta el texto.


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En el estudio de ACNUR y  la RIADIS se precisa que los beneficios a los que pueden acceder las personas refugiadas y migrantes dependen de su estadía regular en el país, pues la posibilidad de ser identificados como persona con discapacidad depende de dicho estatus.

“Esto significa que se debe incorporar un enfoque interseccional que entienda que una persona puede ser refugiada o migrante con discapacidad, lo que conlleva potencialmente a experimentar dos o más factores de discriminación y vulneración”, indica el documento.

Jorge Soto, representante legal de la Asociación Nortesantandereana de Personas con Diversidad Funcional, precisa que a pesar de que existe toda una legislación nacional, amparada en un marco jurídico internacional, “no se cumple”.

“Aquí en Cúcuta para la población en condición de discapacidad proveniente de Venezuela no ha encontrado ningún apoyo, no existe apoyo para la gente de la región, menos para la de afuera. He visto a muchas personas que están en plena vía públicas buscando el día a día de la caridad humana”, enfatizó.

Manifestó que antes de la pandemia existía un centro de capacitación y rehabilitación para las personas en condición de discapacidad, sin embargo, tras el Decreto de emergencia estos espacios quedaron fuera de funcionamiento, según explica el representante de esta población.

* Nombre ficticio

Recomendaciones

En el apartado del estudio de ACNUR y RIADIS, en Colombia, se enfatiza la serie de retos por mejorar en la política de atención a las personas en condición de discapacidad refugiadas, desplazadas y migrantes. Al detalle especifica: “Van desde la adecuación y ajustes a las normativas ya existentes alineadas con los derechos de las personas con discapacidad, hasta la construcción de políticas migratorias inclusivas que incorporen enfoques diferenciales e interseccionales adaptados para las personas con discapacidad bajo principios de accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables, en espacios físicos e infraestructura, como de comunicación y acceso a la información”.

Además, recomienda iniciar un proceso de armonización en el marco normativo migratorio existente y la legislación para amparar los derechos de las personas en condición de discapacidad.

“Se recomienda considerar en futuros desarrollos del marco legal y de política pública sobre movilidad humana”, dice.

También indica el estudio que es muy importante que la atención y asistencia humanitaria orientada a este grupo  contemple a su entorno familiar, porque sobre la familia recae toda la responsabilidad de la persona con discapacida.

“Se recomienda considerar medidas especiales para proteger a las personas refugiadas y migrantes con discapacidad que tienen mayor exposición a la vulneración o precarización de sus vidas”, indica el texto.

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