China ha prácticamente controlado el coronavirus en su territorio. En los últimos días no ha informado de ningún caso de origen local.
Cerca de 5.800 personas sospechosas de haber cometido delitos penales relacionados con el COVID-19, como fraudes o incluso homicidios, han sido detenidas en China desde enero, informó la fiscalía nacional.
Algunas están acusadas de haber organizado recaudaciones de fondos engañosos, de vender equipos médicos defectuosos, de haber hecho declaraciones falsas sobre su salud o de haber ocultado desplazamientos.
Otros casos son más graves.
Por ejemplo, una persona es sospechosa de haber golpeado a muerte a un cliente de un supermercado que le pidió que usara mascarilla, otra de arrollar voluntariamente a personal médico con su coche y una tercera de haber apuñalado a un agente durante un control de temperatura.
"Desde enero a julio, 5.797 personas fueron detenidas y enjuiciadas", dijo el jueves la fiscalía popular suprema en su página web.
El comunicado no precisa cuántas personas siguen detenidas ni si han sido condenadas.
El nuevo coronavirus fue detectado por primera vez en China a finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan (centro). Desde entonces, las autoridades emprendieron una contundente campaña para frenar el avance del COVID-19.
Dicha campaña consistió en el confinamiento estricto de barrios o ciudades, controles de temperaturas, cuarentena de 14 días a la llegada al país, o seguimiento de los habitantes mediante geolocalización o historial de viajes para identificar rápidamente a los enfermos.
La mascarilla es obligatoria en los supermercados, cines y otros lugares cerrados pero la mayoría de los chinos también la llevan en el exterior por temor a contagiarse.
