Ecuador anunció que retiró casi 800 cuerpos de personas que fallecieron en sus viviendas en las últimas semanas en Guayaquil, epicentro del coronavirus en el país, tras colapsar los sistemas hospitalario y funerario por la pandemia.
“La cantidad que nosotros hemos recogido, con la fuerza de tarea en viviendas, superó las 700 personas” fallecidas, dijo a la prensa Jorge Wated, quien lidera un equipo de policías y militares creado por el gobierno ante el caos desatado por la COVID-19.
El responsable señaló luego a través de su cuenta en Twitter que esa fuerza de tarea conjunta, que opera desde hace tres semanas, hizo el levantamiento legal de 771 muertos en viviendas y 631 en hospitales, cuyas morgues están colmadas.
Las autoridades, que ahora enfrentan denuncias de personas que reclaman los cuerpos de sus familiares muertos en medio de la pandemia, han sepultado a unos 600 de esos fallecidos.
Wated no detalló las causas de esas 1.400 muertes ocurridas durante la emergencia sanitaria por la pandemia, que en Ecuador deja 7.500 casos, incluidos 333 decesos según cifras oficiales, desde que fuera declarada la presencia del virus el 29 de febrero.
Casos sospechosos de coronavirus
El reporte oficial sobre la situación por el coronavirus en la nación, donde el primer caso correspondió a una migrante ecuatoriana que regresó de España, detalla también hasta el domingo otros 384 casos de personas que probablemente murieron por el virus pero que no fueron sometidas a tests en vida ni sus cuerpos fueron objeto de autopsias para determinar un eventual contagio.
La provincia costera de Guayas concentra un 72% de los infectados. Y en su capital, Guayaquil, hay alrededor de 4.000 enfermos, de acuerdo con el gobierno nacional.
La fuerza de militares y policías empezó en marzo a retirar cadáveres de casas tras fallas en el “sistema mortuorio” del puerto guayaquileño, que provocaron demoras en el servicio forense y las funerarias en medio del toque de queda de 15 horas diarias que rige en el país.
“No tenemos extraviados”
Vecinos del cementerio de Pascuales han divulgado videos sobre vehículos de carga remolcando contenedores refrigerados que ingresan al camposanto, escoltados de policías.
Ante la falta de capacidad en las morgues, la Alcaldía de Guayaquil dispuso varios contenedores para convertirlos en depósitos de cadáveres fuera de hospitales y de la policía forense.
En medio de esta trágica situación, varias personas reclaman los cuerpos de sus allegados. Wated expresó: “no tenemos casos de (cuerpos) extraviados”.
Blanca Reyes, una comerciante de 45 años, indicó a la AFP que fue informada hace dos semanas de la muerte de su padre hospitalizado en el sanatorio Los Ceibos, el más importante de Guayaquil y destinado a los contagiados.
“Estoy pidiendo a las autoridades competentes que, por favor, me ayuden a encontrar a mi padre, quien en vida fue una excelente persona, dedicada al arbitraje (de fútbol)”, declaró la mujer.
La seguridad de la morgue en ese hospital debió ser reforzada luego de que perdieran las identificaciones de 13 fallecidos, luego de que familiares irrumpieron en el lugar y removieron sin autorización algunos cuerpos, según el diario El Comercio.
Multas por violar el toque de queda
Unas 10.000 personas han sido multadas en Ecuador por violar el toque de queda declarado en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, informó este martes la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
"Hemos superado ya los 10.000 ciudadanos que recibieron su primera multa, la multa de 100 dólares", por incumplir la restricción de circulación que rige desde el 17 de marzo, dijo Romo en un mensaje transmitido por radio y televisión.
De acuerdo con el ministerio de Gobierno, desde la entrada en vigor de las medidas, 389 personas reincidieron en el incumplimiento de la regla y fueron multadas con un salario básico, que en Ecuador es de 400 dólares.
Un tercer incumplimiento podría ser sancionado con cárcel, pero la cartera no ha reportado penas de ese tipo.
Frente a la pandemia, el gobierno ecuatoriano impuso un toque de queda de 15 horas, declaró el estado de excepción, la emergencia sanitaria, el confinamiento de personas, la restricción vehicular y el cierre de fronteras.
La ministra, en una rueda de prensa posterior, indicó que 76 personas han incumplido el aislamiento obligatorio tras ser diagnosticadas con la COVID-19. Ellas podrían ser sentenciadas "hasta a tres años de cárcel una vez que termine la emergencia", declaró Romo.
La funcionaria no precisó en qué ciudades los pacientes han incumplido con el confinamiento.
