"Estamos hasta la coronilla" del independentismo, clamaban el miércoles catalanes que quieren seguir dentro de España, en un ambiente "enrarecido" por las recientes penas de cárcel a nueve líderes separatistas y las violentas protestas del martes noche.
Las calles de las ciudades catalanas están en ebullición desde que el lunes el Tribunal Supremo español impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas, implicados en el fracasado intento de secesión de 2017.
Las protestas de los separatistas, que denuncian un juicio "político" contra sus líderes, degeneraron en disturbios el martes en las principales ciudades catalanas, y en Barcelona se vivieron escenas de guerrilla urbana, con barricadas ardiendo y cargas policiales.
Una situación tensa que ha puesto de nuevo de relieve la distancia entre los separatistas, que controlan el gobierno y el parlamento catalanes, y los antiindependentistas.
Uno de los escenarios de tensión se encuentra en las universidades, donde está convocada una huelga estudiantil el jueves y el viernes en repudio a la sentencia del Supremo.
Julia Moreno, presidenta de la asociación de estudiantes "S'ha acabat" (Se ha acabado), opuesta al separatismo, dijo a AFP que desde el lunes muchos estudiantes no van a clase, por adhesión pero también tal vez "por miedo o por intimidación".
El ambiente es "tenso" y "enrarecido" en las aulas, según esta estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Autónoma de Barcelona.
"Pretenden imponer su ideología a todo el resto, y esto no puede ser así", añade refiriéndose a los estudiantes simpatizantes con el independentismo.
"Estamos hartos de este proceso (soberanista); nos han robado ya diez años de nuestra convivencia, y queremos abrir una nueva etapa de serenidad", abundó en declaraciones a la prensa Fernando Sánchez Costa, presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), una plataforma partidaria de la unidad de España.
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Sánchez Costa anunció una manifestación para el 27 de octubre en Barcelona, coincidiendo con la fallida declaración de independencia de Cataluña hace dos años.
Según el vicepresidente de SCC, Álex Ramos, es hora de "dirigir la energía al día a día, a la salud, a la educación", y no al proyecto soberanista en que infructuosamente insiste el gobierno regional catalán.
Una brecha emocional
A pie de calle, la indignación era manifiesta con algunas de las acciones de los últimos días, como el bloqueo parcial del aeropuerto de Barcelona por parte de unos 10.000 manifestantes, este lunes.
"Lo peor que puedes hacer es cerrar un aeropuerto, porque envías el mensaje de 'que se jodan todos'", protestaba Iñaki Hernández, un muchacho de 25 años que desde los 19 trabaja en el mundo de la hostelería en la capital catalana.
En el campo antiindependentista son muchos los que acusan al gobierno separatista catalán de ignorarlos. Un dato refleja la división: según un sondeo publicado en julio por un instituto dependiente del ejecutivo regional, un 44% de catalanes apuesta por la secesión, frente a un 48,3% que se opone a ella.
Astrid Barrio, politóloga de la Universidad de Valencia, destaca que la sentencia ha abierto una brecha entre partidarios y contrarios a la independencia.
"En el momento en que se activa este factor emocional, la distancia se hace enorme, y no parece que en los próximos días esto se vaya a calmar"", advierte esta analista, que aboga por consensos entre ambas partes dentro de Cataluña, para evitar "un empate de impotencias constante".
Sonia Andolz, politóloga de la Universidad de Barcelona, señala que tras la agitación de estos días se encuentra una contradicción fundamental del lado de los partidos independentistas que dirigen Cataluña.
"Se encuentra con las contradicciones propias de estar liderando un movimiento antisistema, porque pretende erosionar el Estado y ponerlo contra las cuerdas, pero a la vez manteniendo cargos de poder e institucionales dentro del propio Estado", apunta.
En esa línea, la patronal catalana, Foment del Treball, dio un toque de atención al gobierno catalán, que ha dicho simpatizar con las protestas, aunque censuró los "comportamientos violentos" del martes.
En su comunicado, la patronal advirtió del "riesgo para la actividad económica" que supone la violencia, y lamentó que el diálogo político "es el actor que todavía no ha intervenido en el conflicto político de Cataluña y el resto de España".
Igualmente, criticó la "extrema contradicción" que supone alentar las movilizaciones por parte de un gobierno catalán que "tiene el deber y la obligación de preservar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de los servicios públicos".
