“Siento que han vuelto a matar a mi hermana”, aseguró entre lágrimas Gladys Rubina, quien, como otros familiares de las víctimas del gobierno de Alberto Fujimori, recurrirá “a todas las instancias que se pueda” para intentar anular el polémico indulto que lo dejó en libertad.

“Mi madre sufre, observa el cuarto de mi hermana y se pone a llorar. En cambio el señor (Fujimori) tiene a sus hijos que le pueden dar abrazos y besos”, expresó Rubina, de 49 años, quien portaba una foto de su hermana durante un encuentro de parientes de víctimas para definir los pasos a seguir tras la liberación del expresidente.

Su hermana Nelly Rubina, de 17 años, fue una de las 15 víctimas de la matanza de Barrios Altos, donde un escuadrón de militares encapuchados irrumpió en una fiesta vecinal y mató a todos los presentes el 3 de noviembre de 1991.

Los acusaban de colaborar con la guerrilla de Sendero Luminoso, pero la justicia peruana demostró que era falso años después, durante el juicio en que Fujimori (1990-2000) fue condenado a 25 años de prisión.

“La herida en mi corazón nunca se ha cerrado, siempre ha estado presente. ¿Cómo puede estar libre el señor Fujimori después de haber destruido un hogar?”, se preguntó Rosa Rojas, quien perdió a su marido y un hijo de 8 años.

“Nosotros éramos cinco, ahora somos tres”, explicó esta mujer de 52 años, que se salvó milagrosamente porque salió corriendo apenas ingresaron los militares.
   
Injusticia permanente

Fujimori, de 79 años, dejó en libertad el jueves pasado la clínica de Lima donde estuvo internado 12 días por problemas cardíacos. Durante ese tiempo fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en la víspera de Navidad.

El mandatario invocó motivos humanitarios, pero han salido a la luz evidencias de que el perdón obedeció a una negociación con Kenji Fujimori, el hijo menor del expresidente y miembro del partido opositor que controla el Congreso, a cambio de los votos para salvarse de ser destituido por el Parlamento por sus lazos con la constructora brasileña Odebrecht.

Los familiares de las víctimas decidieron recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, para anular el indulto, que consideran un “insulto”. El tribunal fijó una audiencia para el 2 de febrero para abordar el tema.

“Queremos que la Corte escuche a las partes, escuche a la víctimas y escuche al Estado peruano para que se dé cuenta que no hay razón para este indulto”, subrayó Gisela Ortiz.

Su hermano, Luis Enrique Ortiz, de 22 años, formó parte de un grupo de nueve estudiantes que fueron ultimados, junto a un profesor, de un balazo en la nuca por un escuadrón militar el 18 de julio de 1992 en la universidad de La Cantuta y luego enterrados en una fosa clandestina.

Solo se han recuperado los restos de cinco de las diez víctimas.

“Todas nuestras esperanzas están en la audiencia del sistema interamericano”, agregó Ortiz. “El único cuerpo entero (recuperado) fue el de mi hermano y los demás fueron quemados. Solo encontramos evidencias, huesos calcinados y destrozados”.

“Fujimori tiene la oportunidad de seguir con sus proyectos personales, de seguir con su familia y nuestros familiares, por una decisión política que él tomó, ya no los tenemos más. Es una injusticia permanente”, opinó.