El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien vive en Bélgica tras dejar el poder en 2017, está en camino de ir a prisión por orden de un juez, a raíz de su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en Colombia en 2012.
La jueza Daniela Camacho aceptó este martes un pedido de la Fiscalía y ordenó "prisión preventiva" contra el popular exmandatario de 55 años, según una decisión difundida por la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Al mismo tiempo activó una circular roja para que la Interpol ubique a Correa con fines de extradición.
Correa, quien gobernó Ecuador durante una década, es acusado de los delitos de asociación ilícita y secuestro del exdiputado Fernando Balda, según la Fiscalía. La investigación todavía está en curso y el dirigente podría ser sobreseído antes de que la suprema CNJ lo llame a juicio.
El exgobernante, que alega tener un fuero especial que niega la justicia, reaccionó por Twitter: "Balda ya anunciaba en noviembre que se venían procesos judiciales que me pondrían orden de captura de Interpol. ¿Adivino o parte de un complot? Hagan sus apuestas".
Además, cuestionó las motivaciones de la justicia en este caso que podría llevarlo a prisión, como ya ocurrió con el expopular Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil por acusaciones de corrupción.
"Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc. ¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo", agregó.
Correa ya había anticipado que podría solicitar asilo en Bélgica, de donde es oriunda su esposa. "Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así JAMÁS prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica", señaló.
El mandatario de Bolivia, Evo Morales, salió en apoyo de su aliado político, denunciando la "politización de la justicia ecuatoriana" y la "injerencia de #EEUU" en el proceso contra Correa, quien, dijo, es "inocente".
"Venganza"
En medio de su enconada lucha con su sucesor y exaliado Lenín Moreno, Correa quedó en la mira de la justicia debido a una demanda de Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro cuando estaba refugiado en Bogotá en 2012.
Aunque cinco personas alcanzaron a subirlo a la fuerza en un automóvil, la policía colombiana interceptó el vehículo y logró la inmediata liberación del parlamentario.
Poco después, Balda fue expulsado de Colombia por pedido de Quito para que respondiera por varios delitos. El adversario del exmandatario estuvo en la cárcel más de dos años por injurias y atentar contra la seguridad del Estado.
Por el caso del secuestro ya están detenidos tres agentes de inteligencia y un excomandante de la Policía, mientras que pesa una orden de prisión sobre un exjefe de la Secretaría (ministerio) Nacional de Inteligencia que está en España y cuya extradición fue pedida por Ecuador.
En una audiencia de este martes, el fiscal general Paúl Pérez había solicitado la prisión para el exmandatario socialista "por incumplimiento de medida cautelar de presentación periódica" ante la CNJ en Quito.
El lunes Correa acudió ante el consulado ecuatoriano en Bruselas, donde vive con su familia, para "cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado 'Caso Balda'", según indicó por Twitter.
Según el exgobernante, de esa forma acató la orden judicial apoyado en convenciones internacionales y leyes nacionales que le permiten ejercer sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior.
Al término de la audiencia, Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, señaló a la prensa que "se ha violentado el trámite, se ha violado el debido proceso, se ha hecho gala otra vez de arbitrariedad. Aquí no se trata de hacer justicia, se trata de hacer venganza".
Correa, quien se ha visto salpicado en hechos de supuesta corrupción, afronta cargos por primera vez en Ecuador.
Sin embargo, para ser procesado, deberá estar en el país por tratarse de un delito por el que la ley nacional impide el juzgamiento en ausencia, según explicó a la AFP el constitucionalista Rafael Oyarte.
"Si no se presenta o no es detenido, se suspenderá el juicio en su contra y el caso prescribirá en seis años", indicó.
