Golpes y abusos de fuerzas policiales y paramilitares denunciaron jóvenes nicaragüenses al ser liberados tras su detención en la oleada de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que deja 212 muertos en dos meses.
Entre llantos y abrazos de sus familiares, 15 jóvenes fueron llevados por la policía a la catedral de Managua y otros 11 quedaron libres en Masaya, 30 kilómetros al sur de la capital, por gestión de la Iglesia católica. Dos de ellos son menores de edad.
Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció graves violaciones a derechos humanos por la “acción represiva del Estado” en las protestas, según el informe que presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
Bayron Hernández, de 16 años, relató que fue detenido por paramilitares encapuchados. “Trate de correr pero tiraron una ráfaga y me caí. Me golpearon y me rajaron la cabeza con el (fusil) AK”, describió en la iglesia San Miguel, en Masaya.
Evert Padilla, quien estuvo en la cárcel de El Chipote, en Managua, contó que fue arrestado en su casa. “Rompieron el candado de la puerta, se llevaron mis cosas, me acostaron en el suelo, me agarraron a patadas”, dijo el joven de 23 años, en la catedral de Managua.
“El Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”, acusa el informe de la CIDH.
Al negar esas acusaciones, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó durante la sesión “de manera integral el informe” por considerarlo “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado”.
“Seguimos con miedo”
Las liberaciones fueron fruto de una reunión que sostuvo en Masaya una comitiva de obispos católicos con el subdirector de la Policía, Ramón Avellán, quien se comprometió también a cesar hostigamientos en Masaya.
Uno de los detenidos, que se identificó como Bismarck, aseguró que la llegada de los obispos a Masaya lo salvó porque, según él, sufrió agresiones físicas y acoso sicológico. “Sino fuera uno más entre los muertos”.
Masaya ha sido la más golpeada por la represión de policías y paramilitares, luego de que el lunes se declarara en rebeldía. Este viernes permanecía en relativa calma.
“Está tranquilo, pero seguimos con miedo de salir porque en cualquier momento esto se vuelve a alborotar”, dijo Daysi Mercado, una costurera que perdió su empleo porque ahora la gente no está comprando la ropa que vendía en el mercado.
Camionetas con antimotines con pasamontañas y con fusiles AK recorrían algunas calles de Masaya. En la última semana aumentaron las incursiones de policías y civiles encapuchados y armados en ciudades como Estelí, Granada y Carazo.
En León llegaron camionetas con policías y paramilitares, con palas mecánicas para levantar bloqueos, lo que desató pánico.
Encapuchados fuertemente armados, que apoyan al gobierno, vigilan varias vías de acceso a las ciudades. En los pueblos, barricadas de adoquines son custodiadas por pobladores con morteros artesanales.
Presión sobre Ortega
El informe de la CIDH será clave para que los obispos, mediadores entre el gobierno y sus opositores, convoquen la próxima semana a un diálogo que busque una salida a la turbulencia de este empobrecido país centroamericano.
“¡Gracias a la CIDH por mostrar la verdad del genocidio perpetrado contra el pueblo de Nicaragua de parte del gobierno!”, reaccionó Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne a grupos de la sociedad civil, consideró el informe “un paso hacia el camino de la justicia”.
La Iglesia ha llamado al presidente a permitir elecciones generales anticipadas en marzo de 2019 para aliviar la tensión. El gobierno no ha respondido a esta demanda.
Ortega también enfrenta una creciente presión internacional. Varios gobiernos, incluido el de Estados Unidos, pidieron el cese de la represión durante la sesión en la OEA.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo a su vez que el tiempo “va en contra de Nicaragua” y subrayó que “se necesita una respuesta política” para resolver las tensiones.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron que el gobierno no puede estar cometiendo “serias violaciones de derechos humanos y crímenes”, mientras dice dialogar.
Ortega, en el poder desde 2007, ha sido señalado de corrupción y nepotismo, y de ejercer un poder absoluto a través del control de todos los poderes del Estado.
Las protestas comenzaron contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para exigir justicia y la salida de Ortega, dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que encabezó la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979.
