Miles de independentistas cortaron rutas y vías férreas en Cataluña, llegando a bloquear parcialmente el aeropuerto de Barcelona, en protesta por la condena a nueve de sus líderes a penas de hasta 13 años de cárcel por la fallida secesión de 2017.
Según un periodista de la AFP, los agentes cargaron en repetidas ocasiones contra los manifestantes que, lanzando piedras y papeleras, intentaban romper el cordón policial en la entrada del aeropuerto de la capital catalana, el segundo más grande de España.
Convocados por una plataforma independentista bautizada 'Tsunami Democrático' a "detener" las actividades del aeropuerto, rutas y vías férreas para acceder a él fueron cortadas por manifestantes, obligando a pasajeros a llegar a pie con su equipaje hasta el edificio.
Esto es lo que pasa cuando Torra, en vez de respetar y acatar la sentencia, llama a desobedecer. Esto es lo que pasa cuando insiste en imponer su totalitarismo, negando que Cataluña somos todos. Esto es hoy, lamentablemente, el aeropuerto de El Prat asediado por los radicales pic.twitter.com/zgUtV6kV1X
— Lorena Roldán (@Lroldansu) 14 de octubre de 2019
La Jefatura Superior de Cataluña de @policia de Vía Laietana en #Barcelona asediada por los CDR...
— JUPOL (@JupolNacional) 14 de octubre de 2019
Nos preocupa la situación de nuestros compañeros de #UIP que están desplegados protegiéndola, Quién protege a quienes nos protegen?
Tenéis nuestro APOYO.#EquiparacionYa pic.twitter.com/OANrdYJgRS
Según los servicios de urgencia, 37 personas resultaron heridas, 34 de las cuales en el aeropuerto.
Unos 108 vuelos fueron anulados, según el administrador del aeropuerto Aena. En otros lugares de Cataluña también fueron cortadas carreteras y vías ferroviarias, señalaron autoridades locales.
El objetivo era mostrar repudio a la sentencia que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo en Madrid.
Además de él, fueron condenados la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell (11 años y medio), el expresidente y presidente de influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años), y cinco antiguos ministros regionales (entre 10,5 y 12 años).
Otros tres exministros, que estaban en libertad condicional, deberán pagar una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.
"No es justicia, es una venganza", denunciaron en un comunicado común los nueve independentistas condenados a penas de cárcel.
"Volveremos"
"Volveremos, y volveremos más fuertes (...) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos", indicó en una carta Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bélgica.
Contra este último el Tribunal Supremo emitió una nueva orden internacional de detención por sedición y malversación.
El movimiento independentista había llamado a la "desobediencia civil pacífica" en caso de condena, ante la cual muchos manifestantes mostraban su irritación.
"Siempre hemos buscado vías pacíficas pero nadie nos hace caso. (...) Por eso hacemos esto, para causar la máxima molestia posible, que afecte a todo el mundo, a ver si se dan cuenta", indicó a la AFP cerca del aeropuerto Carles Navarro, un consultor de software de 49 años.
"Ahora sólo nos queda la vía de la desobediencia civil e institucional. Esto va para largo", dijo Juli Cuéllar, un funcionario de 44 años, en el centro de Barcelona.
Más allá de la reacción en la rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes fuertemente divididos en cuanto a la independencia, la sentencia devolvió la cuestión catalana al centro del debate político, a escasas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.
"Quimera" independentista
En su sentencia, los jueces descartaron la acusación de rebelión, porque aunque quedó "probada la existencia de violencia", esta careció de "funcionalidad", convirtiendo el propósito independentista "en una mera quimera".
La fiscalía solicitaba por rebelión 25 años de prisión contra Junqueras.
Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal -marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo-, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una efímera "República catalana".
Esos hechos significaron la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.
Se condenó a "unas personas que siempre actuaron con sentido absolutamente democrático y escrupulosamente pacífico", afirmó el presidente regional catalán, Quim Torra.
"Si dejamos de lado los extremismos podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña", replicó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien dijo abogar por el "diálogo" para salir de esta larga crisis política.
De todas maneras, Sánchez ha prevenido de ser necesario de medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en Cataluña, incluso suspender su autonomía regional, como ocurrió en 2017.
