La víspera de las elecciones presidenciales del domingo en Uruguay, partidarios del gobierno y de la oposición cantaron juntos el himno nacional frente al Río de la Plata, un acto espontáneo que se volvió viral y fue un preludio de lo que vendría.
Políticos de todos los partidos celebraron el episodio, en una tónica que terminó extendiéndose bien pasado el día de la elección y hasta que el candidato oficialista, Daniel Martínez, concedió la victoria a su oponente Luis Lacalle Pou el jueves.
Es que en una inédita definición que quedó pendiente de un segundo conteo de votos por parte de las autoridades electorales, el Frente Amplio (izquierda, en el gobierno) y una coalición opositora liderada por el Partido Nacional (centroderecha), quedaron a apenas 30.000 votos de distancia en favor de la oposición en el balotaje, y la tensión que podría suponer la espera por el nombre del futuro presidente fue la gran ausente.
La decisión de Martínez de no otorgar la victoria a una coalición ansiosa por festejar en la noche del domingo, cuando técnicamente existía una remota chance de que el resultado pudiera revertirse, motivó duras críticas hacia el candidato oficialista, incluso del propio Lacalle Pou, pero el mensaje que primó fue el de la calma y la paciencia por el pronunciamiento oficial.
El compás de espera finalizó el jueves, cuando Martínez publicó en su cuenta de Twitter su saludo "al presidente electo @LuisLacallePou" con quien se reunirá el viernes.
En Montevideo, conductores comenzaron a hacer sonar el claxon de sus vehículos en señal de festejo y algunos partidarios de la coalición opositora celebraron en las calles.
La Corte Electoral, que ya alcanzó en su conteo un número de votos que hace irreversible la victoria del candidato centroderechista, no oficializará el nombre del ganador hasta que finalice el escrutinio secundario, adelantó este jueves a la AFP el presidente del organismo, José Arocena.
Una sociedad amortiguadora
En una América Latina convulsionada, con protestas sociales en Chile o Colombia y antes en Ecuador, violencia poselectoral en Bolivia o crisis económica en Argentina, Uruguay aparece como un remanso de paz política.
Y los especialistas ensayan explicaciones.
La democracia uruguaya se construyó desde muy temprano "sobre la base de pactos entre los principales partidos" que crearon "un marco institucional muy sólido, muy consistente, que se correspondía con un clima de tolerancia y aceptación de los adversarios" y hasta "de cooperación", explicó a la AFP el historiador y escritor Gerardo Caetano.
Aunque con crisis en los años 1960 y 1970 por razones internas y externas, Uruguay "tiene un acuerdo de régimen: un porcentaje gigantesco de la población difiere en decenas de cosas, pero tiene un acuerdo de régimen (y) apuesta a la democracia como la plataforma en donde se dirimen las diferencias. El que lauda las controversias es el pueblo a través de las urnas", resumió Caetano.
El historiador uruguayo Carlos Real de Azúa hablaba de una "sociedad amortiguadora", recuerda la también historiadora Vania Markarian en diálogo con la AFP. Es una sociedad que "amortigua los conflictos" por diversos factores, explica.
Uruguay tiene un "sistema de partidos estable" y "sigue siendo un país de cercanías" sociales y geográficas "y eso sigue funcionando", señaló. Además es un país que ha mejorado sus indicadores sociales en materia de desigualdad y tiene "movimientos sociales de una responsabilidad y capacidad de control sorprendente".
"Acá cualquier actor político sabe con quién hablar cuando aparecen reclamos", sostuvo.
Pero lo más importante, "tenemos una enorme confianza en nuestro proceso electoral que está lleno de garantías y contralores", concluyó.
Para el politólogo Daniel Chasquetti, de la estatal Universidad de la República, una distribución de ingresos más equitativa que en otros países de la región y "políticas compensatorias" para mitigar desigualdades determinan un "grado de satisfacción mayor o un malestar menor".
Pero además existen una serie de estructuras que "atan Estado, economía y sociedad: partidos políticos, sindicatos, instituciones (públicas) que funcionan, con autoridades legítimas y (que) se reconocen entre ellos como interlocutores válidos".
Es una combinación que genera un "buen equilibrio", subrayó. "No es perfecto, pero funciona".
