El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta profirió auto de desacato en contra del alcalde encargado de Ocaña, Wilmar Bayona Ibáñez, en el caso de la retoma de los activos de acueducto y alcantarillado.

 El juzgado señala que el mandatario incurrió en desacato y deberá pagar una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smmlv) con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Además ordenó a la superintendencia a tomar posesión de la infraestructura de los servicios públicos.

 El abogado administrativista, Henry Pacheco Casadiego, explicó que la empresa Semsa, actual operador, no puede seguir con sus servicios y se ordenó a la contraloría investigar detrimento patrimonial con acciones de repetición en contra de los funcionarios implicados. 

 La Fiscalía General de la Nación determinará si existe conducta punible en el proceso de contratación. El alcalde tiene el recurso de grado de consulta ante el Tribunal Administrativo consagrado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 472 de 1998 para salvar sus actuaciones.

La sentencia declara que Bayona incurrió en desacato de la providencia de 25 de mayo de 2017 del Tribunal Administrativo del Norte de Santander dentro de la acción popular, en relación con el ordinal segundo allí decretado, relacionado con expedir los actos administrativos necesarios para obtener la devolución de los bienes que hacen parte del municipio de Ocaña y que fueron entregados en calidad de arrendamiento a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, ESPO S.A. 

Señala también que se debe prever los términos necesarios para realizar el proceso licitatorio contractual, el cual no puede ser superior a 06 meses, y deberá respetar los principios en materia contractual, asegurando la prestación continua del servicio de acueducto y alcantarillado.

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El mandatario se pronunció

El alcalde encargado se mostró tranquilo e indicó que las actuaciones han sido en derecho y no le preocupa la decisión del juez en la capital del departamento.

 “Están tergiversando absolutamente todo y en grado de consulta solicitaré al Tribunal Administrativo revisar la actuación del juez que se ha extralimitado en sus funciones”, reiteró.  Aseguró que la contratación provisional con Semsa durante tres meses tiene los soportes legales y continuará ofreciendo los servicios, mientras se convoca a licitación pública.

 Indicó que la urgencia manifiesta se hizo en derecho acatando la Ley 80 de contratación y la ley 142 de 1994 de servicios públicos. “Todo está bien fundamentado y lo único que hicimos es recuperar los activos como lo ordena la sentencia en segunda instancia del Tribunal. Los documentos pasan el control de legalización por parte de la secretaría jurídica de la gobernación y la Contraloría departamental”, precisó.