El agente interventor de la Superintendencia Nacional de Salud, Yamil Roberto Blel Cervantes, desmiente las versiones del presidente de Anthoc Norte de Santander, Aristides Hernández Duarte, relacionadas con los exorbitantes honorarios recibidos por la misión encomendada en el hospital regional Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

Asegura que esas declaraciones han generado una serie de amenazas  a través de las redes sociales contra su vida y la del equipo asesor, a tal punto que cuenta con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección e incluso ha contratado con plata de su propio bolsillo a hombres de confianza como guardaespaldas.

“Perfiles falsos difunden una serie de mentiras, que yo me estoy robando el presupuesto del hospital  y la verdad siento miedo. Maanifiestan que me van a borrar del mapa colocándome una bomba, que me van a llevar a la zona del Catatumbo a sacar las muelas sin anestesia, entonces es una situación bastante difícil”, agrega Blel Cervantes.

Aclara que él no recibe un sueldo sino honorarios determinados por la Superintendencia de Salud que corresponde a un porcentaje de acuerdo a los activos de la Empresa Social del Estado.

“Yo no soy un funcionario de la Súper, simplemente una persona contratada para la intervención administrativa encaminada a sanear el centro asistencial, no para liquidarlo. No percibo prima, ni viáticos, debo pagar la seguridad social por mi cuenta, impuestos, no tengo vacaciones y de acuerdo a las tablas preestablecidas recibo 37 millones de pesos. Entonces no sé de dónde saca el líder sindical una cifra de 67 millones de pesos en el último mes poniéndome en la picota pública”, agregó.

Considera que en estos casos se generan muchas cortinas de humo para desviar la atención sobre la esencia de una intervención y los hallazgos encontrados en el hospital. “Yo he cobrado lo legal desde el 10 de noviembre hasta la fecha y lo invito a que haga bien las cuentas de 37 millones durante los tres meses”, recalcó.

Blel Cervantes justifica el sueldo de 6 millones de pesos para cada uno de los asesores e indica que corresponde a los honorarios para cumplir con las metas trazadas y entregar un centro asistencial saneado desde todo el punto de vista. “Obviamente, son hombres de confianza y de la costa norte de Colombia teniendo en cuenta la magnitud de los hallazgos, no se quiere asignar profesionales que puedan interferir en las investigaciones”, reiteró.

 Sobre el contrato de vigilancia indica que el 31 de diciembre expiró el anterior que era de seis meses suscrito por el anterior gerente Jairo Pinzón López y suscribió el otro con una empresa que ofrecía mejores garantías pasando de 126 a 150 cámaras de seguridad y aumentando los momentos de inspección y control en los distintos lugares estratégicos con alarmas incorporadas en el sistema.

Confiesa que lleva 35 años de experiencia en la red pública hospitalaria, a través de un concurso de méritos fue gerente del hospital de Sabanalarga, Atlántico en donde precisamente fue demandado por iniciar cobros coactivos en contra de las EPS y al final salió airoso de los procedimientos legales. “No tengo ningún tipo de sanción, lo que permite que sea contratado como agente interventor”, agrega.

 La presidente de Anthoc Ocaña, Yarly Navarro, no comparte las declaraciones del vocero sindical de la capital del departamento y ven con buenos ojos la intervención administrativa que se ejecuta actualmente.

 “Cansados de la persecución durante 5 años, nosotros a través de un comunicado respaldamos la llegada de la Superintendencia y lo ideal es que los entes de control aclaren todos los hallazgos encontrados”, agrega.

 Manifiesta que la situación fue expuesta al Presidente Nacional de Anthoc, Wilfren Pinzón, para que tome cartas en el asunto,  se respeten los derechos y deberes de los trabajadores.

 El agente indica que para evitar la tercerización en la contratación laboral se trabaja también en la aplicación de la ley 1438 de 2011 donde se determina la planta transitoria en áreas misionales de trabajo.                       

 Además, cuenta con el respaldo de los miembros del Comité de usuarios quienes comparten el saneamiento para que el hospital sea auto-sostenible, viable resolutivamente y no tenga que remitir a pacientes hacia otros niveles de complejidad.

Recordó que la intervención va hasta el 10 de mayo del presente año para cumplir con lo trazado en el plan de acción y mejoramiento. El Comité de medidas especiales de la Superintendencia será el encargado de prorrogar o no ese periodo.

Blel Cervantes es enfático al afirmar que la atención integral a los usuarios no sufrirá traumatismo alguno. La cartera morosa asciende a 94 mil millones de pesos de los cuales solo es recuperable 26 millones. “Voy a solicitar audiencia con el gobernador y con los diputados del Norte de Santander para explicar los alcances de la intervención administrativa y aclarar que no es una liquidación del centro asistencial, sino el saneamiento. Asimismo aumentar el portafolio de servicios con las distintas especialidades para generar ingresos. También, los estudios para concretar la inversión de 20 mil millones de pesos en la construcción de la nueva torre del centro asistencial”, precisó.