Latente se encuentra la polémica sobre el manejo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Ocaña.
Mientras el alcalde, Samir Casadiego busca herramientas jurídicas para retomar los activos, convocar a una licitación pública encaminada a la concesión, surge un Comité Cívico que promueve un cabildo abierto con la participación de todas las fuerzas vivas pro-defensa de ese patrimonio económico.
Ante la renuncia del gerente encargado durante 4 años y medio, Gabriel Ángel Álvarez Duarte, fue escogido el contador público Jesús David Velásquez, quien según los expertos es sinónimo de continuidad.
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Pero el mandatario "no da el brazo a torcer" y asegura que después de realizada la asamblea general se autorizó el inicio de una acción de responsabilidad social en contra de los administradores que trajo como consecuencia la remoción de los miembros de la junta directiva.
“Hemos solicitado que se convoque a una asamblea extraordinaria para el nombramiento de los nuevos miembros. La respuesta por parte del gerente es que está incompleta la información y por eso se volvió a formular la petición”, agrega Casadiego.
No comparte la publicación de la ESPO (Empresa de Servicios Públicos de Ocaña) avalando al nuevo gerente, pues asegura que no se cumplieron los requisitos exigidos por la ley.
“Es mi obligación salir a rectificar lo que dice ese comunicado donde manifiestan que se hizo un estudio minucioso a las hojas de vida. Esto no es cierto, como alcaldía solicitamos a la junta directiva que ante la premura por la renuncia de Gabriel Álvarez se hiciera una convocatoria pública abierta, pero no escucharon las recomendaciones sobre un estudio previo de varias para escoger a la persona indicada para ocupar ese cargo”, precisó el mandatario.
Indicó que la propuesta fue votada negativamente 4 a 1 como siempre sucede. “Aclarar a la ciudadanía que eso es falso, no tengo nada que decir en contra del profesional, pero no se hizo un análisis, no debía hacerse de una manera folclórica”.
Solicita el llamado a una Asamblea General de Socios para la asignación de los nuevos miembros de la Junta Directiva , pues si no lo hacen en tres meses cualquiera de los accionistas puede actuar.
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“Somos respetuosos de la legalidad y hemos actuado de la mano de lo que ordena la ley y los estatutos, por eso seguimos paso a paso cada una de las herramientas para que haya transparencia en todo este proceso y por fin lograr que se respeten las acciones del municipio de Ocaña en la ESPO y así hacer parte de acuerdo a la composición accionaria en las decisiones de la empresa”, reiteró el alcalde.
La voz del pueblo
El abogado, Silvano Calvo Calvo, analiza los temas fundamentales por el rescate del acueducto y alcantarillado, a lo que se han sumado otros profesionales de la región.
“Se debe tener una visión técnica y clara sobre los activos, las mejoras y los operadores. La tesis de la ESPO es que durante 25 años han hecho inversiones a la infraestructura, no con cargo a las tarifas sino a las utilidades, sin embargo el municipio no reconoce esos avances, ya que se hicieron sin el permiso de la administración municipal, entonces son puntos divergentes”, indicó el profesional del derecho.
Aseguró que es urgente la concertación y el diálogo, pues el mandatario indica que está en inferioridad de condiciones y siempre pierde 4 a 1 en las votaciones para tomar decisiones.
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"Corresponde al alcalde como actor determinante plantear una solución para superar la crisis, puede ser a través de una empresa de economía mixta con una transformación de la ESPO donde los socios estén dispuestos a ceder para evitar la concesión del agua. Sería perder un poquito y no todo el negocio, ya que no se cuenta con el músculo financiero para la actualización”, precisó Calvo.
El abogado señala que deben sentar posiciones claras y están dispuestos a sostener un foro público para definir la suerte de la empresa y no dilatar el proceso.
No comparte la decisión del alcalde de contratar una consultoría por 150 millones de pesos para que le diga qué se debe hacer sobre el particular. “Eso levanta muchas suspicacias y el comité propone que ambas partes expongan sus puntos de vista y diseñar una alternativa, puede ser la creación de una empresa de economía mixta, con la base de la ESPO donde el socio mayoritario sea la administración municipal con el 51 por ciento, se vinculen a las Juntas de Acción Comunal con un gobierno corporativo de los usuarios estilo EPM y no se dejen apoderar de la politiquería que tanto daño hace”.
Hasta la fecha no se ha resuelto el fallo del Tribunal Administrativo del Norte de Santander, sobre la retoma de los activos, ni el alcalde ha presentado una hoja de ruta para el manejo de los servicios públicos.
“De una manera irresponsable el mandatario no ha planteado una propuesta alternativa, buscando mecanismos por la defensa jurídica, evitando que caiga en manos de los particulares”, agregó.
El exconcejal de Ocaña, Orlando Carrascal Carvajalino, es partidario de una Empresa Pública Municipal y así despejar los enredos jurídicos.
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