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Lunes, 16 Septiembre 2019 - 3:58am

Fallido intento para retomar activos de la ESPO en Ocaña

El alcalde encargado advirtió que volverán con personal Antidisturbios porque los activos del municipio los retomará a las buenas o las malas. 

Cortesía
Con cizallas, empleados de la Alcaldía intentaron cortar la malla de seguridad, pero los operarios de la Empresa de Servicios Públicos (ESPO) se abalanzaron y evitaron esa acción.
/ Foto: Cortesía

En las horas de la madrugada del viernes pasado se registró un altercado entre funcionarios de la Alcaldía de Ocaña y empleados de la Empresa de Servicios Públicos, ESPO S.A. en un intento por retomar los activos del municipio.

A las 5:00 de la mañana comenzó el procedimiento en la planta de tratamiento El Algodonal donde el alcalde encargado, Wilmar Bayona Ibáñez, quería cumplir la sentencia en segunda instancia del Tribunal Administrativo del Norte de Santander que le ordenó al municipio retomar las acciones, finalizando los efectos legales de los contratos de arrendamientos 05 y 06 suscritos desde 1994 cuando fue creada la empresa en la administración de Luis Eduardo Vergel Prada.

Con cizallas, empleados de la Alcaldía intentaron cortar la malla de seguridad, pero los operarios de la ESPO se abalanzaron y evitaron esa acción. Cuando la policía intentó disuadir a las partes, los trabajadores de la planta de tratamiento con motobombas soltaron agua a presión y repelieron el procedimiento.

Finalmente, la comitiva de la administración municipal acompañada por la policía se alejó del lugar. El alcalde encargado advirtió que volverán con personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios porque los activos del municipio de Ocaña los retomará a las buenas o las malas.

Historia de nunca acabar

Cinco años después de constituida la empresa para operar los servicios en Ocaña, el abogado Henry Pacheco Casadiegos instauró una demanda de nulidad de los contratos donde se entrega en arriendo la planta y los vehículos para ofrecer los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

En 2004 se emitió el fallo de primera instancia y a finales de 2015, una sentencia ratificó que el municipio debe tomar los activos y entregarlos en concesión a otro operador. 

La alcaldesa destituida, Miriam Prado Carrascal, intentó por todos los medios cumplir con la disposición, pero no logró hacerlo.

Bayona Ibáñez señaló que el fallo en segunda instancia del Tribunal es irreversible y anunció que volverán para tomar los activos y entregarlos a otra empresa de manera provisional mientras se concesionan los servicios como lo establece la ley.

“Por encima de mi cadáver”

El gerente de la ESPO, Gabriel Álvarez Duarte, se opuso rotundamente y alertó a los trabajadores para evitar el cumplimiento de la orden judicial.

“Es una leguleyada y atropellos más de la Alcaldía que en vez de preocuparse por la seguridad, todo lo ve como un negocio. Al alcalde encargado lo vamos a demandar porque llegaron sin una orden de un juez y trajo un documento del Tribunal de hace dos años, atropellando a todo el mundo”, agregó Álvarez Duarte.

“A mí me dicen con una orden judicial, yo mismo vengo, les entrego y sacamos lo que es de la ESPO. Tenemos unos arriendos que están al día y considero que es el mismo desespero ya que Findeter embargó las acciones que tienen en la ESPO. Le da uno pesar ya que los grandes candidatos que hay a la alcaldía no definen qué va a pasar con la empresa”, agregó.

“El trasfondo es que hubo un negociado y lo están apretando para que les cumplan. Viene una empresa pacotilla que presta el servicio en Tamalameque sin ofender porque es un pueblo pequeño, es costeña, blanco es…”, exclamó Álvarez Duarte.

Indicó que cuando lo sentaron para hablar se enteró que venían del mismo dueño de la empresa que ganó el alumbrado público en Ocaña. 

Censuró la manera violenta como llegaron al lugar con cizallas en mano a cortar las mallas metálicas. “Esto costó plata a los usuarios, aquí vamos a estar en pie de lucha a cuidar esto porque no podemos seguir con esas alcaldías que llegan a embolsillarse toda la plata que puedan”, exclamó el gerente.

“Yo tengo que defender a mis empleados porque son casi 700 familias que dejan de comer, yo no puedo dejarlos solos, soy el gerente y por eso me paré y les dije mátenme, pasen por encima de mi cadáver, esto tenemos que sentar un precedente y más con un alcalde encargado que dice que es abogado y no conoce las leyes, es tan bruto que las interpreta para el lado de él”, agregó.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios nunca llegó, por lo que el procedimiento se suspende hasta nueva orden. 

Señaló que ese altercado se pudo evitar esperando la audiencia pública prevista para el próximo 20 de septiembre en el Juzgado Administrativo de Cúcuta.  

Recalcó que el proceso está viciado porque no hizo presencia la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los organismos de control. 

“Traen un payaso de la superservicios, sin portar el carné y vuelve y lo guarda en el bolsillo, no tiene orden para estar acá, son favores políticos que se pretenden pagar”, agregó.

Admitió que aunque hay que devolver esas acciones, reclamó que “esperen que se cumplan los contratos en 2026 o indemnicen a ESPO. Cada día redoblaremos más las plantas con personal y esmeramos por prestar un mejor servicio”, agregó.

“Dicen que van a volver, pero aquí estaremos atrincherados. Por ahora estamos tranquilos, el que decide es un juez, no el señor alcalde encargado que se le subieron los humos por el desespero de coger plata”, señala enérgicamente.

Estricto cumplimiento 

El alcalde encargado, Wilmar Bayona Ibáñez, explicó que se puede ver envuelto en una investigación por desacato de las órdenes emanadas por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander.

“Es un procedimiento policivo, establecido por la ley, facultado por la Constitución Nacional, la ley 142, la 136 y modificada por la 1551, desde luego autorizadas mediante unas sentencias de primera y segunda instancia del Tribunal Administrativo donde se ordena que se retomen los activos del municipio de Ocaña que de manera ilegal y arbitraria han sido prestado por la ESPO S.A. Versa que el municipio debe retomar esos activos que fueron entregados mediante los contratos 5 y 6 de 1994”, precisa el alcalde encargado.

Recordó que se declaró la urgencia manifiesta que consiste en un estado excepcional donde la constitución y la ley le otorga al mandatario facultades especiales para contratar y cuenta con dos meses para legalizar la situación. “Para evitar traumatismo solicitamos a EPM, Aguas Capital Manizales que se está presentando la situación y se requiere un prestador, en ese orden de ideas se hizo la trazabilidad, se les indicó cuáles eran los usuarios, músculo administrativo y financiero que debían tener y se hizo esa convocatoria”, dijo el alcalde encargado.

“Cuando estamos hoy acá es porque tenemos un operador transitorio con el contrato y la interventoría, con acta de inicio firmado y la idea es que ESPO entregara y dos minutos después entraran los operadores de la nueva empresa a prestar el servicio para no causar afectaciones”, precisó Bayona Ibáñez. 

Dijo que el operador se llama Censa que maneja alrededor de 40.000 usuarios y está en varias ciudades del país. 

Notificó que se emprenderán acciones penales y administrativas contra las personas que no permitieron desarrollar el procedimiento.  

Javier Sarabia

javier.sarabia@laopinion.com.co

Corresponsal de La Opinión en Ocaña

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