Son varios los hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud en el Hospital Emiro Quintero Cañizares que podrían constituirse en algún tipo de delito penal, disciplinario o fiscal y que comprometerían a Jairo Pinzón, quien renunció a la gerencia este lunes, así como a asesores y supervisores de ese centro hospitalario de Ocaña durante su administración.
Yamil Roberto Blel Cervantes, designado por la Supersalud como agente especial interventor y representante legal de la Empresa Social del Estado, habló con La Opinión sobre lo hallado durante su corta permanencia en la entidad, a la que llegó el 11 de noviembre de 2020 bajo la Resolución 12773 expedida tres días antes.
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Explicó que tuvieron 30 días para hacer un informe preliminar diagnóstico, un inventario preliminar de bienes y de enseres, los planes de acción y de mejoramiento de acuerdo con los hallazgos que hizo la Supersalud, porque el presentado por Jairo Pinzón fue rechazado.
Tras los hallazgos, se hizo traslado con las presuntas irregularidades a Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación, al tiempo que se comenzó a trabajar en la prestación de servicios, área administrativa, financiera y jurídica, área en la que, según Blel, encontraron contratación directa con seis contratistas que se llevaron el 40 por ciento del presupuesto, por un valor cercano a los $35.000 millones.
Agregó que desde el punto de vista administrativo la misión y la visión de la institución no estaban aprobadas por acuerdo de junta, porque no estaban firmados ni por el presidente ni el secretario.
Se carecía de guías para tratar las enfermedades que se presentan en la institución, ausencia de protocolos de bioseguridad e insuficiencia de medicamentos, evidenciado que no se contrató entre mayo a noviembre y por esta situación hay unos hechos cumplidos por más de $3.100 millones.
Hay otros hallazgos en el área financiera, porque la administración de Pinzón entregó una cartera de $94.000 millones con reportes, incluso, del año 2001 difícil de recuperar y que se redujo a $26.000 millones. También habían pasivos por $19.000 millones que se depuraron quedando la cartera en $29.600 millones.
Lo que aparentemente era un superávit presupuestal quedó en déficit, pues no habían sido incluidas las deudas de la institución como cobros coactivos por $5.800 millones porque el hospital tiene 74 demandas, de las cuales 60 son de reparación directa, según Blel.
De igual manera se halló una contingencia de $30.000 millones con una alta probabilidad de pérdida de $13.000 millones, de los que no se cuentan con $4.000 millones. Igualmente se encontró que sumando estos pasivos, más los $3.100 millones de hechos cumplidos por no haber contratación de medicamentos, la cifra ascendería a $29.600 millones.
Al recibir la administración Yamil Blel encontró en bancos cerca de $11.000 millones y $600 millones que estaban en una fiducia de Bancolombia, recibiendo $11.600 millones.
Lo que se hizo dentro de los planes de acción y de mejoramiento fue subsanar los hallazgos encontrados, traslado a los organismos de control de las presuntas irregularidades, elaboración de la misión y la visión que se aprobaron mediante resolución y se puso en marcha a los distintos comités que tenían cinco años de no reunirse.
También se aumentó el portafolio de servicios con 17 camas para pacientes de COVID-19, se aproparon las cirugías plásticas y neurología clínica, se redujo un represamiento de 2.000 consultas y 600 cirugías con contratación de pediatras, urólogos y oftalmólogos dentro de una estrategia de contingencia.
Finalmente se logró la señalización de urgencias, organización de los servicios y se empezó a contratar disminuyendo los valores.
Al momento de entregar la dirección del hospital a Pinzón, amparado en un fallo judicial, habían en un banco, el 4 de febrero pasado, $14.700 millones más un giro directo que entró el 7 de febrero por $4.200 millones. La idea es que el hospital sea autosostenible disminuyendo costos y aumentando la producción y el recaudo, concluyó Blel.
