Con el fin de conocer de primera mano las necesidades más sentidas, la Defensoría Regional del Pueblo adelanta brigadas de atención integral a los desplazados por la violencia de la zona del Catatumbo.
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Durante la oferta institucional, los funcionarios mostraron las rutas de acción a la población en condiciones de vulnerabilidad para el restablecimiento de los derechos en el asentamiento humano Colinas de la Esperanza, ubicado al norte de la ciudad.
Ocaña en los últimos años se ha convertido en el epicentro del desplazamiento forzado de la zona del Catatumbo, sur del Cesar y Bolívar con una cifra que supera las 40 mil víctimas.
Fueron escuchadas 208 personas por los profesionales, quienes garantizaron la movilidad humana y trámites para solventar dificultades registradas en aspectos como la atención primaria en salud, educación, vivienda y servicios públicos básicos esenciales, indicó el titular de esa dependencia abogado Éver Jesús Pallares Baene.
Se explica la oferta institucional a la población víctima del desplazamiento forzado y a la vez se hacen las peticiones y exponen las barreras en el acceso a los beneficios contemplados por la Ley.
A revisión para una pronta solución pasa la acción popular interpuesta por la misma comunidad donde reclaman la instalación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para evitar emergencias sanitarias.
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“El proceso se encuentra bastante avanzado, en pacto de cumplimiento y esperamos para finales y comienzos de año, alguna decisión por parte del juzgado”, precisó Pallares.
Una manito a los desamparados
La entidad defensora de los derechos humanos acopió la información relacionada con la falta de atención por parte de los entes gubernamentales con respecto a las necesidades básicas insatisfechas.
El abogado, Éver Pallares, ordenó respuestas inmediatas con la asesoría y orientación a las víctimas para garantizar los derechos fundamentales relacionados con la movilidad, asuntos de equidad de género y los trámites de las inquietudes.
Asimismo, se brindó atención especial a las personas desplazadas debido al conflicto armado vivido en la región del Catatumbo. Se evidencia las grandes necesidades de los moradores de la zona y la falta de oportunidades para superar la crisis humanitaria.
Los moradores de la zona reclamaron con urgencia el alcantarillado para mejorar las condiciones de vida ya que llevan varios años esperando una pronta solución.
“No soportamos los malos olores, la Defensoría siempre ha estado pendiente y en el año 2020 instauró una acción de tutela para garantizar el mínimo vital, la cual se encuentra en la fase de cumplimiento”, precisó la vocera comunal Irma Calderón.
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El defensor manifestó que el proceso está bastante avanzado y se requiere el concurso de las distintas entidades para remediar esa situación.
Adecuación de la malla vial
Los habitantes del asentamiento humano explican que, debido a la ola invernal, las calles están intransitables y algunas viviendas a punto de desplomarse.
Hacen un llamado al coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Gustavo Adolfo Paba Navarro y el secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda para que levanten un diagnóstico entre los habitantes de la región.
Las vías de acceso están en pésimo estado y muchos conductores se niegan a ofrecer el servicio hacia ese lugar ya que los vehículos sufren desperfectos mecánicos.
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“Entendemos que la comunidad es producto de una invasión de tierras hace años a raíz del conflicto armado, pero necesitamos la ayuda para salir adelante”, indicó Fermín Maldonado, vocero del sector. Los moradores de ese asentamiento humano esperan que las inquietudes surtan efecto entre los altos mandos gubernamentales para brindar mejores condiciones de vida a los habitantes.
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