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Ocaña
Supersalud extiende por seis meses intervención del hospital  de Ocaña 
Se han fortalecido los servicios de medicina especializada, avanza el pago de salarios y en la disposición de medicamentos, insumos y elementos de protección, y se han recuperado más de $8.300 millones, señala el ente.
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Martes, 11 de Mayo de 2021

La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por  lapso de seis meses la intervención forzosa administrativa que rige sobre el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, en Norte de Santander, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y mejorar los indicadores mínimos de gestión dentro del plan de acción.

Al adoptar la prórroga, la Supersalud destacó los avances alcanzados por la intervención y también resalta la necesidad de trabajar  en aspectos  como recuperar los indicadores mínimos de gestión, mejorar la operación  de los servicios asistenciales y fortalecer los procesos de facturación y radicación, entre otros.

El superintendente delegado para las Medidas Especiales de la Supersalud, Germán Augusto Guererro Gómez, sostuvo que “a partir de la intervención se ha generado un escenario de cambio basado en un modelo de transformación encaminado a la modernización tecnológica, fortalecimiento financiero, la prestación del servicio centrado en el usuario, seguridad jurídica y organización administrativa”.

El centro asistencial fue intervenido el 11 de noviembre, porque representaba un riesgo para la atención de los usuarios debido a deficiencias en materia administrativa, financiera, asistencial y jurídica para la atención en la provincia de Ocaña y su área de influencia, máxime en la época de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Los logros durante la intervención

De acuerdo con la resolución 5492 de 2021 que ordena la medida de prórroga, durante la intervención se evidencia que el hospital ha garantizado el pago de las obligaciones con el personal y avanza en los correctivos para el registro oportuno de estas que reflejen su realidad financiera.

Se registran avances en la depuración de los estados financieros, entre estos, el ajuste del deterioro de cartera por valor de $3.376 millones, la contabilización e individualización de las sentencias por créditos judiciales por valor de $2.785 millones y la contabilización de las contingencias por procesos jurídicos en curso, por valor de $11.229 millones
 

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