En una columna reciente en este diario escribe Manuel Rodríguez que “gran parte de los cuestionamientos a la minería han sido originados por la forma inadecuada, para decir lo menos, con que gobiernos y empresarios la han conducido. Y es que... la actual política minera no tiene en cuenta las graves e injustificadas consecuencias ambientales y sociales que, en balance, esta necesaria actividad económica ya ha ocasionado…,” En efecto, el desarrollo de la minería, y no solamente este sino el de toda la economía, tiene que ser sostenible. Se deben respetar las restricciones ambientales, legales y sociales que limitan necesariamente las actividades económicas para evitar que se produzcan daños irreparables en el medio ambiente o conflictos destructivos. Pero al mismo tiempo, la protección del medio ambiente y el actual anhelo de paz también deben ser “sostenibles” en el sentido de que las restricciones que le imponen a la actividad económica y a la acción de estado deben ser razonables.

Colombia necesita con urgencia un nuevo impulso económico y este impulso afectará de alguna manera el medio ambiente, las condiciones sociales en algún lugar del país, y muy posiblemente será objeto de cuestionamientos por parte de los representantes de la guerrilla en el proceso de paz, o si se llega a un acuerdo. Pero hay que seguir avanzando hacia la prosperidad prometida en la primera administración Santos, y el post conflicto va ser muy costoso. Para poder financiarlo tendremos que crear riqueza y pasar a niveles superiores de ingreso. Esto mismo se requiere para aplicar políticas ambientales efectivas y fortalecer la capacidad de ejecución y control del estado que hoy es muy inadecuada.

Idealmente el impulso tendría que provenir principalmente del sector industrial, que no es ajeno a la contaminación o a los conflictos sociales, pero es el que tiene mayor capacidad de ocupar productivamente a la población que ha migrado prematuramente a las ciudades y el mayor potencial de generar aumentos significativos en la productividad total de los factores. Lamentablemente no hay una política discernible orientada a inducir el tipo de desarrollo industrial que se necesita promover (la política arancelaria es incomprensible, por ejemplo), ni parecen existir las condiciones de desarrollo técnico, conocimiento, el acervo de competencias de la mano de obra o los “espíritus animales” que permitan predecir una “revolución industrial” en un futuro cercano.

La transformación industrial que se necesita no va a ocurrir espontáneamente o como resultado de condiciones macroeconómicas propicias. Se requiere coherencia y coordinación entre el gobierno y el sector privado, un esfuerzo y un compromiso de los dos que excede lo que hoy en día estarían preparados a dar en campos como la investigación, la educación, la infraestructura y la inversión, y la financiación. Sin desconocer lo que alcanza a hacer el Consejo Privado de Competitividad con recursos muy limitados, no existe una institución dedicada a pensar en desarrollo industrial en grande, El DNP ha perdido paulatinamente capacidad de influir e importancia intelectual desde hace más de diez años y el sector privado o las universidades no cuentan con centros investigativos con financiamiento suficiente, preparados para llenar este vacío.

Sin desatender al sector industrial es necesario buscar frutas más fáciles de recoger, en sectores como la minería y la agricultura donde existen esas oportunidades de desarrollo a corto plazo. Pero ahí se han empantanado los proyectos por excesos del ambientalismo radical, ausencia de políticas públicas y por la paz. (Colprensa)