La implementación del Acuerdo de Paz y en particular lo referente a la reincorporación y seguridad de los excombatientes ha sido uno de los aspectos que más críticas le ha valido al gobierno del presidente Iván Duque durante los últimos años. No obstante, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró ayer que a la fecha también son muchos los logros alcanzados en favor de quienes decidieron apostarle al camino de la legalidad.

Para el funcionario, el actual proceso de reincorporación es “uno de los más garantistas del mundo” y en ese sentido señaló que las acciones que impulsa el Gobierno conducen a que la vinculación de los excombatientes y sus familias a la sociedad, “sea irreversible”.

“Hemos ido más allá del Acuerdo y no solo extendimos en el tiempo las garantías económicas, de salud y educación, sino que le hemos otorgado el carácter de permanente a los antiguos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y estamos implementando un ambicioso programa de vivienda en esos espacios”, expresó Archila en una rueda de prensa virtual.

El representante del Gobierno informó que, de acuerdo con las cifras más recientes, en este momento son 13.139 exintegrantes de las Farc y sus familias los que están en proceso de reinserción. De ellos, 2.054 están en la ruta de acceso a vivienda.

“Hemos aprobado 2.300 proyectos productivos individuales y colectivos por $60.698 millones para 6.045 personas”, dijo el consejero.

Norte de Santander es uno de los departamentos que concentra un importante número de ex-Farc en proceso de reincorporación y según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), estas personas están vinculadas hoy a 417 proyectos productivos. Alrededor del 49% culmina el proceso de reintegración y cuenta con un trabajo estable.

Para Lucy Giraldo, vocera del partido FARC en el departamento, el proceso para reintegrarse a la sociedad es más complejo en el Catatumbo, debido al problema del narcotráfico, por lo que las familias luchan para superar la falta de apoyo.

“En la zona hay un estigma para esos compañeros que buscan una oportunidad para producir la tierra. Acá es difícil llevar el proceso alejados de esa problemática del narcotráfico”, lamentó.

Seguridad

Los problemas de seguridad a los que se enfrentan los exintegrantes de la desaparecida guerrilla, en su tránsito a la legalidad, es uno de los aspectos que más los preocupa, por cuanto los homicidios de quienes se han acogido al proceso de paz no cesan. Según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del Acuerdo han sido verificados 248 asesinatos de excombatientes (incluidas seis mujeres).

Sin embargo, Carlos Caicedo, delegado de la Consejería para la Estabilización, expresó ayer que las cifras que se manejan desde la Presidencia de la República muestran una reducción de un 12% en los homicidios de excombatientes entre 2019 y 2020, pasando de 74 a 65 casos el año anterior. La ONU asegura que fueron 73 los asesinatos de exguerrilleros en 2020.

“Esa diferencia del 12% evidencia un poco los avances que se tienen en este proceso y que nos va a permitir continuar con las medidas relacionadas con la seguridad de los excombatientes”, expresó Caicedo.

La Opinión también contrastó estas cifras con las que se manejan desde el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Farc (CNR-Farc), y encontró que el balance que tienen es de 81 homicidios de reinsertados en 2019 (7 más que los reportados por Caicedo), y 66 el año pasado.

A los ex-Farc les preocupa, además, que en 15 días de enero ya tienen reportes de tres homicidios de excombatientes.

“La seguridad sigue siendo un tema bastante complejo. En el Catatumbo preocupa más porque hay dos o más grupos armados y es una región con mucho abandono. Se han presentado errores como tener tres vehículos en el ETCR Caño Indio, pero los escoltas debían defendernos y manejar al mismo tiempo”, dijo Lucy Giraldo.

Al respecto, Archila manifestó que frente a la seguridad de los excombatientes “se ha hecho el máximo esfuerzo para proteger su vida y su integridad frente a la amenaza de los narcotraficantes y de las disidencias que los han convertido en blanco de sus acciones”.

“Los estándares de seguridad son los más altos que hay de acuerdo con los niveles de riesgo. Esa decisión se toma desde una mesa técnica”, dijo.