Desde que se declaró la emergencia sanitaria en Colombia por cuenta del coronavirus, los organismos de control le pusieron la lupa a las entidades oficiales de todo el país, con el objetivo de frenar de manera temprana los posibles manejos irregulares de la contratación y el uso indebido de recursos para atender la pandemia.
Solo la Procuraduría General de la Nación ha adelantado en los últimos dos meses 1.770 procesos preventivos, de los cuales 670 tienen que ver con trámites contractuales.
Y es que según un informe entregado esta semana por el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, al Senado de la República, entre el 20 de marzo y el 4 de mayo se han celebrado en el país un total de 8.758 contratos por un valor de $1,87 billones. De esta cifra, el 81% de los recursos se han contratado en los departamentos y las principales ciudades de Colombia.
Es por esta razón que el Ministerio Público tiene la mira puesta sobre las alcaldías y gobernaciones, principalmente, para vigilar que el patrimonio público que se está empleando para hacerle frente a la propagación de la COVID-19 no sea malversado ni objeto de prácticas corruptas.
Como parte de ese seguimiento en las regiones, a la fecha, el ente de control ha abierto ya 43 procesos disciplinarios en 19 de las 32 gobernaciones del país.
La entidad territorial que más indagaciones registra hasta el momento es Cesar, con 7 procesos, seguida de San Andrés con 5 y Sucre con 4.
En el caso de las alcaldías, las diferentes delegadas de las Procuraduría han iniciado 150 procesos disciplinarios en 117 entidades locales. Cundinamarca es el departamento con mayor número de municipios bajo la lupa del organismo de control disciplinario, 30 en total. Le siguen Tolima (14), Nariño (10), Boyacá (9) y Huila (8).
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Como resultado de las indagaciones abiertas, hasta el momento se han ordenado 12 suspensiones preventivas de funcionarios y contratos, por aparentes irregularidades en los trámites adelantados.
En Norte de Santander
De acuerdo con el informe elaborado por la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Norte de Santander ha salido bien librada hasta el momento en los procesos de contratación que se han adelantado en el marco de la emergencia sanitaria y por eso no aparece en el mapa de entidades territoriales comprometidas.
La única investigación de la que se tiene reporte por parte del Ministerio Público a nivel regional, es la que fue abierta hace unas semanas en contra del saliente gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Juan Agustín Ramírez, por un contrato de $58 millones que suscribió para la elaboración de un libro sobre la historia del centro médico regional, en plena emergencia del coronavirus.
En atención a la solicitud hecha por la Procuraduría, el contrato fue suspendido “en aras de proteger en debida forma los principios de contratación estatal y propender por el blindaje de los recursos públicos, evitando futuras demandas”.
En el caso de la Alcaldía de Cúcuta, esta sí registra un proceso disciplinario, en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus.
Se trata de una indagación preliminar que abrió la Procuraduría Provincial de Cúcuta en contra de la secretaria de Salud, María Constanza Arteaga, por las presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato de suministros.
Aunque el proceso ya está abierto, está pendiente que se resuelva una consulta en la Procuraduría Regional de Norte de Santander, sobre la suspensión que, por los mismos hechos, profirió la Personería Municipal en contra de la funcionaria.
Hace unos días, la Contraloría General de la República anunció, igualmente, que abrió un proceso de responsabilidad fiscal en la ESE Imsalud, por los presuntos sobrecostos en un contrato para la compra de material médico quirúrgico para la red prestadora de servicios de salud.
De la misma forma, este ente de control tiene bajo la lupa un contrato de la Alcaldía de Ocaña por $112 millones, y cuyo objeto era el suministro de elementos de protección y prevención para la comunidad, en el cual se habrían presentado presuntos sobrecostos.
