La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, estuvo durante dos días en Cúcuta para analizar la situación del Catatumbo y la frontera, y suscribir, junto con las autoridades del departamento, el pacto por los derechos humanos en Norte de Santander.
En su visita a la región, la funcionaria se reunió también con los empresarios, para avanzar en la construcción del denominado Plan de Acción en Empresas y Derechos Humanos, y ayer aprovechó para hacer un recorrido por la zona de frontera, con el fin de revisar la situación humanitaria de los migrantes que esperan para hacer tránsito hacia su país, en el Centro de Atención Sanitaria de Tienditas.
En diálogo con La Opinión, la consejera se refirió al panorama de derechos humanos en el departamento, el problema de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes que persiste en más de la mitad de municipios, así como el difícil escenario al que se enfrentan los líderes sociales.
¿Cuáles son las cifras que maneja el Gobierno Nacional sobre el reclutamiento de menores en Norte de Santander?
Las cifras no son absolutamente demostrativas de la realidad. Las fuentes de información que tenemos son dos: los niños que llegan al programa de Bienestar Familiar y los que rescata el Ejército o la Policía. También está la fuente de denuncia en la Fiscalía, que es la que debería reflejar la situación, pero la gente no denuncia por miedo, porque si se han llevado a los menores a la fuerza o los han engañado les da mucho miedo la situación. Entonces, esto no permite consolidar unas cifras reales que puedan demostrar el problema.
Pero, ¿tienen alguna forma de determinar si este flagelo ha crecido en los últimos años?
El problema está medido con las estadísticas que hay y sí ha venido creciendo. Los casos coinciden básicamente con las zonas donde hay más cultivos de coca y actividad ilícita, bien sea narcotráfico, explotación de minerales y demás.
¿Cuántos municipios tienen algún nivel de riesgo de reclutamiento en el departamento?
En total son 23, principalmente en la zona del Catatumbo, en donde todos están en el programa de prevención.
Defensores de derechos humanos han denunciado que en Norte de Santander hay oficinas de reclutamiento que funcionan por medio de las redes sociales, ¿tienen alguna información al respecto?
Es un hecho que está identificado y documentado oficialmente, porque pasa en varios sitios.
¿Estas son entonces nuevas modalidades de reclutamiento?
El año pasado, la Consejería identificó la necesidad de diferenciar lo que es el reclutamiento, porque el fenómeno de los grupos armados ilegales ha cambiado. Hoy en día, el mayor riesgo es el uso y utilización de menores. Se hace porque los comprometen en la distribución de droga en colegios, universidades, pero también para usarles sus redes sociales. Los inducen desde muy pequeños a que usen las redes y por ahí pasan muchas actividades ilícitas. Adicionalmente, está el abuso sexual también en menores de edad, a través de redes sociales. Muchas veces los niños no son sacados de sus entornos, pero son usados de esa manera y los padres no saben en qué están los hijos.
¿Qué trabajo están haciendo para frenar esta situación?
Tenemos un programa de prevención denominado ‘Súmate por mí’ que trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de protección de las instituciones y comunidades, garantizando entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes. El programa tiene unos recursos, sobre todo para atención familiar y sicosocial, requiere el apoyo de las familias, de los profesores y de los alcaldes, porque cuando un alcalde se involucra, por más pequeño que sea el municipio, tiene los mecanismos para identificar dónde está el problema.
De los niños que han rescatado de las filas de los grupos armados ilegales, ¿hay venezolanos?
En el registro que hace el ICBF no está el reporte. Lo que pasa es que, por protección de los niños, la información detallada no aparece.
Líderes sociales
¿Cuál es la radiografía que tiene la Consejería que usted lidera sobre la violencia contra líderes sociales en el departamento?
La próxima semana vamos a entregar un informe sobre la situación de líderes sociales y ahí tendremos las cifras consolidadas. Pero, en términos generales, lo que se puede decir es que hay una coincidencia entre las zonas de mayor presencia de cultivos ilícitos, con los riesgos y homicidios de líderes sociales. Norte de Santander es segundo en el país, con ocho líderes asesinados.
¿Es un hecho que la pandemia aumentó los ataques contra líderes?
La pandemia sí abonó el terreno para el accionar de los ilegales, porque mientras toda la institucionalidad estaba cumpliendo con la cuarentena y las medidas, los actores ilegales no respetaron nada. Sí aumentaron los ataques, no ha cedido la situación, pero es indiscutible que este fenómeno va muy de la mano con los cultivos ilícitos y la explotación de minerales.
¿De qué forma el Gobierno está garantizando y fortaleciendo la protección, pues los reclamos son cada vez mayores?
El Ministerio del Interior lidera toda una estrategia de protección de líderes y aquí, nuevamente, juegan un papel muy importante los alcaldes y gobernadores. Ahora, la tipología con mayor caso de homicidios son las juntas de acción comunal, pero también hay que tener en cuenta que Colombia tiene cerca de 67.000 juntas, entonces, el universo de líderes sociales en Colombia es de cerca de 7 millones de personas. Ahí entonces viene la tarea de investigación de la Fiscalía para hacer el esclarecimiento y poder determinar si una persona que fue víctima de un homicidio fue por el ejercicio de su tarea u otra causa.
¿Cuál es uno de los mayores obstáculos para los planes que ustedes lideran en materia de prevención y protección?
En la zona veredal la gente no tiene comunicación, entonces, lo primero es las comunicaciones, pues hay comunidades que nos han dicho que es más importante la comunicación virtual que la terrestre. En un análisis hecho con la fuerza pública conocimos, el jueves, que están instalando 20 antenas de telecomunicaciones en el Catatumbo y ya les han volado 6. Así las cosas, la fuerza Pública está en el esfuerzo grande de garantizar la instalación de estas herramientas y se frena ese proceso.
¿Qué han podido conocer sobre el homicidio del líder social de Ocaña, Jorge Solano?
Primero, hay mucha prudencia de la Policía porque están en el proceso de investigación y aún no se puede hablar sobre ninguna hipótesis. La familia de todas maneras está muy temerosa y ya hablamos con el secretario de Gobierno del departamento, con el fin de que se genere una ruta de protección evaluando la situación de cada miembro de la familia.
¿Qué tanto avanzan las investigaciones en Norte de Santander frente al homicidio de líderes y otras violaciones de derechos humanos?
En el caso del esclarecimiento de homicidios de líderes, la Fiscalía indica que hay un 60% de avances en ese sentido. Tenemos la ventaja de que el anterior consejero de Derechos Humanos es el actual fiscal y él tiene mucha sensibilidad frente al tema, por eso se ha generado una estrategia de fiscales especiales para líderes sociales, para reclutamiento. Entonces, hay una línea de derechos humanos que se ha ido acentuando en la Fiscalía.
¿Ese esquema se ha fortalecido también en Norte de Santander?
Sí. Precisamente la semana pasada se crearon unos juzgados especializados aquí en Norte de Santander.
Pacto por el respeto a los DD.HH.
Durante su visita a Cúcuta, la representante del Gobierno suscribió con autoridades de la región el pacto por los DD.HH. (Foto cortesía)
¿En qué consiste el pacto por el respeto a los derechos humanos que acaban de firmar con autoridades de Norte de Santander?
En la Consejería estamos definiendo el Plan de Acción en Derechos Humanos para 2021 y 2022. Como a los alcaldes y gobernadores que empezaron este año se les cruzó la pandemia, Norte de Santander está elaborando una política pública en derechos humanos y lo que hicimos fue juntar los dos trabajos que se están haciendo, porque queríamos la visión de frontera y la política departamental. Este es un compromiso que tiene unas líneas de acción que compromete a todas las entidades del Estado a nivel nacional, regional y municipal, y es muy importante la participación de organizaciones sociales, no gubernamentales, y ese fue el pacto que se firmó: trabajar en el respeto de los derechos humanos y en generar garantías.
En los últimos meses ha habido denuncias sobre serias violaciones de derechos humanos contra los migrantes que cruzan la frontera por las trochas, ¿tienen ustedes conocimiento de esos casos?
No, directamente no. No tenemos la capacidad para recibir las denuncias, pero efectivamente en el informe que nos entregó la Fuerza Pública en esta visita al departamento reconocen las dificultades que hay en los pasos ilegales. Entre otros aspectos ellos advierten que en 2019 se registraron 36 homicidios de ciudadanos de nacionalidad venezolana, de los cuales 30 fueron en municipios fronterizos. En lo corrido de 2020 se han registrado 24 homicidios de los cuales 22 se han dado en Catatumbo, siendo Tibú el más afectado con 10.
