A partir de 2018 las Farc entrarán a hacer parte del escenario político y electoral colombiano, si la Corte Constitucional le da luz verde al acto legislativo que regula su reincorporación, y para ello el Gobierno ya tiene definidos los costos que implicará la financiación del partido que están próximos a constituir.
De acuerdo con el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, la participación de la desmovilizada guerrilla en los comicios del próximo año y su preparación tendrán un costo de $39.688 millones, los cuales representan un 0,02% del presupuesto general del próximo año.
Así lo explicó el funcionario durante la audiencia pública que tuvo lugar el miércoles en la Corte Constitucional y en las que se escucharon voces a favor y en contra del acto legislativo 03 de 2017.
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Según los cálculos del Gobierno, el monto destinado a las Farc se desglosaría así: $2.750 millones para gastos de funcionamiento, $3.080 para el Centro de Pensamiento Político, un anticipo de $9.114 millones para la campaña presidencial, $9.582 para la campaña al Senado, más $15.162 millones que costarían las diez curules que les otorgarán de manera directa.
El viceministro explicó que la única diferencia, en materia de financiación, del partido de las Farc con los demás, es que si esta agrupación no pasa el umbral electoral en los comicios, los integrantes del movimiento que constituyan no están en la obligación de devolver los recursos al Estado.
Aseguró que hasta el 2026, cuando se acaban las medidas especiales para el partido de las Farc, los costos totales para la financiación de su organización política alcanzarían los $239.490 millones.
CNE pide certificado de dejación de armas
En sintonía con el Gobierno, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se mostró de acuerdo con que se le reconozca la personería jurídica al partido político que conformarán las Farc, toda vez que este llega sin experiencia a la escena electoral.
El magistrado Alexander Vega recordó que la participación en política es el eje fundamental del acuerdo y como tal es necesario avalar su reincorporación.
No obstante, llamó la atención del Gobierno para que precise quién va a certificar la dejación de las armas, con el fin de proceder con el reconocimiento de la nueva organización política.
La Registraduría, igualmente, se mostró a favor de la viabilidad del acto legislativo 03, sin embargo consideró que el Gobierno debe adelantar una reglamentación, con el fin de que la entidad sepa con claridad quiénes eran integrantes de las Farc y quienes no, a la hora de recibir la inscripción de las candidaturas.
Así mismo, pidió tener acceso a una base de datos oficial en la que repose la información sobre los beneficiados con amnistía e indulto, puesto que en vista de que su situación jurídica está resuelta, no están obligados a hacer una manifestación sobre su pasado judicial, antes de la inscripción.
Política después de la JEP
Durante la audiencia pública organizada por la Corte Constitucional también fueron varios los que manifestaron su rechazo a la posibilidad de que los grandes jefes de las Farc puedan incursionar en las elecciones del próximo año sin haber resuelto su situación judicial.
Uno de ellos fue el exalto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, quien aseguró que aunque es lógico que esta guerrilla tenga un partido político después de firmar la paz, esto solo puede ser posible cuando cumplan con los requisitos de justicia, verdad y no repetición.
El profesor Fréderic Massé también se mostró partidario de que es necesario esperar a que la Jurisdicción Especial para la Paz decida sobre la responsabilidad penal de los excombatientes de las Farc, para permitir su llegada a los cargos de elección popular.
Andrés Molano, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, consideró igualmente que no es admisible que mediante reformas constitucionales se establezca un régimen singular en favor del movimiento político que surja de las Farc.
