Aunque el concurso de méritos para elegir al nuevo personero de Cúcuta sigue en el congelador y en veremos, la Procuraduría Regional de Norte de Santander tiene la lupa puesta sobre las actuaciones que se han desarrollado en el marco de este accidentado proceso, que escaló hasta los estrados judiciales.

Como parte de ese seguimiento, la delegada del Ministerio Público decidió abrir una investigación disciplinaria en contra de la mesa directiva de la corporación, integrada por Nelson Ovalles (presidente), Mario Vicente Figueroa (primer vicepresidente, suspendido) y Luis Alejandro Castellanos (segundo vicepresidente).

La razón es que el cuadro directivo habría incurrido en presuntas irregularidades al no reanudar el concurso que se abrió el año pasado para proveer el cargo, en desarrollo de la convocatoria pública 002 de 2019.

Como se recuerda, el 17 de febrero, el Juzgado Tercero Administrativo de Cúcuta  aceptó una solicitud de desistimiento de la medida cautelar que mantenía suspendido el concurso, presentada por los mismos demandantes del proceso, quienes argumentaron que se acercaba la fecha para la posesión del personero y no había forma de proveer temporalmente el cargo, con lo cual se podría afectar “el sistema de defensa de derechos humanos de la ciudad”. 

Esta decisión judicial suponía entonces que la mesa directiva debía reanudar el concurso en la etapa en que se encontraba, y continuar con el cronograma que se venía cumpliendo desde el año pasado, pero esto no ocurrió.

Por el contrario, el presidente del Concejo expidió unos días después la resolución  063 del 25 de febrero, mediante la cual le daba continuidad a la suspensión de la convocatoria, argumentando que era necesario que el juez competente se pronunciara primero sobre la demanda de nulidad que cursaba contra el proceso y la apelación de la medida cautelar.

 En vista de esta decisión, el concurso no se pudo reanudar y el único candidato que superó las pruebas de conocimiento acudió a una acción de tutela para pedir que se cumpliera con la orden del juez.

Si bien, al final, el mismo Juzgado Tercero que aceptó el desistimiento de la suspensión  reversó su decisión y la convocatoria volvió a quedar frenada, razón por la cual el Concejo no procedió con la elección del nuevo personero, sino que designó a un encargado, la Procuraduría decidió indagar si los integrantes de la mesa pudieron haber incurrido en alguna falta, al no atender una orden judicial.