El alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, tendrá que seguir esperando en prisión domiciliaria el avance del proceso penal en su contra, pues la jueza segunda de Pamplona, Marlene Jácome Jaimes, negó, en primera instancia, la solicitud de libertad por vencimiento de términos que había presentado su defensa.

La misma determinación aplica para el secretario de Gobierno de la Ciudad Mitrada, Jeiver Saith Acero, quien también es investigado por las presuntas irregularidades registradas en un contrato por $164 millones, que tenía por objeto fomentar entre las víctimas del conflicto armado, la creación de proyectos productivos sostenibles.   

Después de dos aplazamientos, la diligencia en la que los abogados del suspendido mandatario pamplonés y de su secretario pedían que se le levantara la medida que desde octubre del año pasado pesa en su contra, finalmente pudo llevarse a cabo con un resultado adverso para los procesados.

Sair Contreras Fuentes y Martín Alberto Santos alegaron que la judicatura se quedó corta al momento de interpretar la radicación del escrito de acusación que generó el pedido de libertad por vencimientos de términos.

La defensa de Contreras y Acero insistió en que se presentaron fallas en el Centro de Servicios Administrativo de Cúcuta, al no enviar a tiempo la carpeta con el escrito de acusación de la Fiscalía, al Tribunal de Pamplona.

El abogado Sair Contreras aseguró que el proceso fue conocido de manera extemporánea, pues llegó a manos de la jueza Segunda el 28 de febrero, es decir, pasados los 125 días de ley, “por lo cual se evidencia un vencimiento de términos al violar el principio de fe natural y el debido proceso”.

No obstante, la Fiscalía le aseguró a la jueza que el escrito fue presentado al Centro de Servicios Especiales el 14 de febrero a las 5:01 de la tarde, es decir, en los términos contemplados por la ley, por lo que no había lugar al vencimiento de términos.

Al revisar el recorrido que hizo el proceso y los tiempos en los que fue radicado y repartido, la jueza Jácome Jaimes concluyó que no había lugar a aceptar las pretensiones de la defensa del alcalde y su secretario de Gobierno, pues sí se habían cumplido los plazos establecidos.

En consecuencia, la funcionaria judicial negó la solicitud de libertad inmediata.

La decisión fue apelada por los abogados de los investigados y será un juez de Cúcuta el encargado de resolver si confirma o revoca la determinación de primera instancia.

Entre tanto, se conoció que la audiencia en la que se presentará el escrito de acusación  por parte de la Fiscalía está prevista para el próximo 16 de mayo.