La virtualidad a la que ha acudido el Congreso de la República desde abril pasado para ejercer su trabajo legislativo no solo mantiene las divisiones al interior de la corporación, sino que ya empieza a encender las alertas sobre el riesgo en que se encuentra la democracia.
Diferentes organizaciones sociales, entre las que se encuentran la Misión de Observación Electoral (MOE), la Comisión Colombiana de Juristas, el Cinep, Programa por la Paz, Corfas, Viva la Ciudadanía, entre otras, advirtieron que la pandemia por la COVID-19 está generando afectaciones a los derechos y garantías democráticas.
“Se han identificado hasta ahora cuatro riesgos: pérdida del equilibrio de poder, la “suspensión de facto” de los procedimientos y espacios de participación ciudadana garantizados en el ordenamiento jurídico, afectación a la protección de los datos personales y las afectaciones al derecho de acceso a la información”, señalaron.
En un comunicado a la opinión pública, los líderes de las organizaciones manifestaron que si bien es cierto que son apremiantes las medidas tomadas para frenar el crecimiento de los contagios, el Congreso no puede renunciar a ejercer el control político, ni limitar la posibilidad de adelantar un debate amplio sobre las decisiones que se han adoptado hasta el momento por parte del Gobierno Nacional.
“El Congreso no ha usado de forma efectiva el conjunto de potestades que le confiere la Constitución Política de Colombia, ayudando, por inacción, a configurar un panorama hiperpresidencialista en el manejo de la pandemia”, dicen.
Cuestionan que no hubo un verdadero control político frente a los informes presentados por el Ejecutivo y que se descargó en el presidente todo el manejo de la crisis agudizada por el coronavirus.
“Necesitamos un Congreso deliberante, que sesione, que permita el debate, que dé voz a todos los sectores y a la oposición, que evalúe los efectos diferenciados de los decretos sobre la población, que ejerza el control político para proteger el equilibrio de poderes”, plantearon.
