El consejero agregó que el gobierno es consciente de que no se cumplieron todos los requisitos de la JEP.
A través de una carta dirigida al jefe de la misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ,Carlos Ruiz Massieu, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, negó que el Gobierno esté aprovechando la pandemia por el Covid-19 para modificar el acuerdo de paz.
La carta dirigida a Massieu se da como respuesta a una misiva enviada a esta organización internacional por parte de Defendamos la Paz en la que se asegura que se está utilizando la pandemia para minar el acuerdo de paz.
Según Archila, las iniciativas legislativas que adelanta el Gobierno no pretenden afectar lo firmado con las FARC. “No se afectará negativamente a ninguno de los que se mantengan fieles a la legalidad del proceso, en particular, no de los derechos políticos adquiridos, no a las personas en proceso de reincorporación, no a las regiones más afectadas por la violencia, no a las familias que se han vinculado al proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca y, definitivamente no a las víctimas”, dijo.
De igual forma aclaró el consejero que el Gobierno sigue creyendo que los integrantes condenados por crímenes de lesa humanidad deben abandonar sus curules en el Congreso mientras cumplen sus condenas, sin que el partido pierda la curul. Sin embargo, aclaró que no es cierto que se tenga una nueva propuesta legislativa.
Archila agregó que el Gobierno es partidario de que quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exige para los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluidos la entrega de todos los bienes mal habidos, deberían perder la totalidad de los beneficios de la justicia transicional.
El consejero también aclaró que no existe propuesta alguna que contemple asperjar con glifosato mientras el país está en aislamiento obligatorio.
“El Gobierno ha sido claro en señalar que para combatir el narcotráfico debemos contar con todos los instrumentos legales y en cuanto a los cultivos de coca, la erradicación manual y la sustitución voluntaria y, una vez se cumplan las condiciones legales y las señaladas por la Corte Constitucional, la aspersión aérea”, dijo.
