En una carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque; al ministro de Salud, Fernando Ruiz; y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la Asamblea de Norte de Santander les recordó la necesidad de que el Gobierno Nacional “proceda de forma urgente” con el giro correspondiente a los servicios de atención en salud prestados a la población migrante en el Hospital Erasmo Meoz.
La misiva, firmada por 10 de los 13 diputados del departamento, encabezados por el presidente de esa corporación, José Luis Duarte, es una reiteración a la solicitud hecha en diciembre de 2020, de asumir cuanto antes el pago de la deuda al principal centro médico de la región, pues esta asciende a casi $74.000 millones, con corte al 31 de enero.
“Los nortesantandereanos hemos sido generosos y solidarios con la hermana población venezolana, que efectivamente urge la atención en salud por las razones ampliamente conocidas, pero la deuda ha llevado a nuestra ESE a atravesar situaciones calamitosas en materia de financiación de sus gastos, exponiendo a un claro riesgo la prestación pronta y efectiva del servicio a toda la población, en momentos en que la pandemia azota”, se lee en la carta.
El documento enviado al Gobierno Nacional no tuvo el respaldo de los tres diputados del partido Centro Democrático: Luis Alberto Otero, Ramón José Cabrales y Juan Carlos García-Herreros.
“Por las razones expuestas, esta corporación reitera la petición urgente y clamorosa a efectos de que nuestro Hospital pueda continuar batallando por preservar la salud y la vida de todos los que a él acuden, especialmente la población más pobre y vulnerable”, dicen.
Según el representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Cristo, del partido Cambio Radical, quien también viene reclamando el giro de los recursos, el último pago que le hizo el Gobierno Nacional al Erasmo Meoz fue a comienzos de 2019, por cerca de $20.000 millones.
Días atrás, directivos del Hospital alertaron al Gobierno sobre una posible crisis económica que tendrían que afrontar en mayo, si no les pagan los gastos generados por la atención a los migrantes.
