La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este lunes, en tercer debate, el proyecto de Acto Legislativo que busca garantizar la protección de los menores de edad frente a los delitos sexuales. La votación quedó 30 a favor y 2 en contra.
La iniciativa modifica el artículo 44 de la Constitución, relacionado con los derechos de los niños, pero no modifica los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc, según explicó la representante ponente Margarita María Restrepo.
Con este acto legislativo se pretende garantizar la imposición de las máximas penas posibles y sin ningún tipo de concesión a quienes cometan delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Así mismo, evitar el uso de menores en la guerra, privilegiar los derechos de los niños sobre los de los demás y fortalecer la obligación que tiene el Estado de hacer todo cuanto esté a su alcance para protegerlos.
Ahora este Acto Legislativo será discutido en la Plenaria de la Cámara de Representantes en cuarto debate y de ser aprobado en el Congreso, en las dos vueltas reglamentarias, incluiría el siguiente parágrafo:
“Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme a las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal”.
El ministro de Justicia (e), Juan Francisco Espinosa Palacios, reiteró que si esta reforma constitucional es aprobada por el Congreso de la República “solamente operará para el futuro y no permitirá que este tipo de delitos tengan un tratamiento especial en eventuales procesos de paz”.
Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, agregó que, de aprobarse esta iniciativa, “hacia el futuro, en cualquier caso, no puede volver a pasar que haya beneficios para quienes cometen estos delitos tan graves como es atentar contra la dignidad e inocencia de un menor de edad”.
La alta funcionaria recalcó que “es reprochable, por la sociedad, el hecho de que delitos sexuales contra los menores queden inmiscuidos en una justicia especial, cuando nosotros tenemos la obligación de garantizar el futuro de los niños”.
