A pesar de las advertencias, las recomendaciones y del plan de vigilancia que se estableció en los 1.102 municipios del país por parte de la Procuraduría General de la Nación, las irregularidades en los procesos de elección de los nuevos personeros volvieron a ser una constante en este año que comienza.
En vista de las quejas y de las inconsistencias que se denunciaron en varias regiones del país, como Norte de Santander, el Ministerio Público decidió acudir a la acción de tutela para frenar 122 procesos de selección en los que se detectaron fallas como falta de experiencia o idoneidad de las empresas que tenían a su cargo la convocatoria.
En el departamento, los municipios en los que la Procuraduría buscará detener el trámite de elección de los nuevos personeros son: Arboledas, Bochalema, Cucutilla y Tibú.
De acuerdo con el ente de control disciplinario, la decisión de acudir al recurso de amparo se da ante la negativa de las mesas directivas de los diferentes Concejos, de suspender los concursos.
“El Ministerio Público a través de sus procuradores regionales y provinciales pedirá a los jueces un trámite preferencial para las tutelas, y como medida cautelar, la suspensión inmediata de los cronogramas de los concursos públicos, hasta que las mesas directivas de las corporaciones municipales corrijan las inconsistencias presentadas en desarrollo de las convocatorias”, señaló el organismo en un comunicado.
Explicó que lo que se pretende con estas acciones es garantizar la protección al debido proceso administrativo, al trabajo, al acceso a cargos y a la función pública, así como a los principios de la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Las tutelas van dirigidas particularmente en contra de aquellos concejos que suscribieron convenios con empresas como Creamos Talento, Fedecal, Fenacon y Olted.
A mediados de diciembre, en Norte de Santander fue necesario repetir el examen para la Personería de seis municipios, por las irregularidades y el desorden que se presentó en la presentación de las pruebas organizadas por la Federación Nacional de Concejos (Fenacon) y la Federación Colombiana de Autoridades Locales (Fedecal).
Según se denunció en su momento, a pesar del gran número de personas que fue citada a presentar la prueba, tan solo un delegado de estas dos empresas se hizo presente para custodiar el desarrollo de la misma, por lo que el asunto se salió de control y los documentos empezaron a ser fotografiados y divulgados por las redes sociales, dejando sin garantías a los aspirantes.
En Cúcuta, el proceso para elegir personero para el periodo 2020-2024 también se encuentra suspendido por cuenta de una decisión judicial y en atención a una medida cautelar proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Cúcuta.
Esta medida también mantiene suspendidos los resultados de las pruebas de conocimiento que solo fueron superadas por un candidato, Manuel Salazar.
El demandante alega que la mesa directiva omitió conceder el término legal de cinco días para la etapa de inscripción de los interesados en aspirar al cargo, transgrediendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso.
Primeras investigaciones
A propósito de los procesos de elección de los nuevos personeros, la Procuraduría también informó que ya abrió investigación a los presidentes de 12 concejos del país, por presuntas irregularidades en los concursos.
Los casos se presentaron en Uribe, Restrepo, Puerto Lleras, Granada, El Dorado, Lejanías, El Castillo, El Calvario, La Macarena y Acacías en el Meta, y Gachantivá y Chitaraque en Boyacá.
Adicionalmente, el ente de control solicitó a las 12 mesas directivas de dichas corporaciones, suspender el proceso de selección hasta que exista claridad sobre la experiencia con la que cuenta la empresa Solución Planificada Grupo Empresarial Solidario, para adelantar los concursos.
Según la Procuraduría, en el Registro Único Empresarial y Social (RUES), esta firma reporta entre sus actividades contratos de fumigación y desratización, actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales y recolección de desechos peligrosos.
De esta forma, la empresa no contaría con la idoneidad, experiencia y capacidad para ejecutar el objeto del convenio firmado.
Como parte del proceso, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas y los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.
