Un grupo de representantes a la Cámara, encabezado por el nortesantandereano Jaime Buenahora, radicó esta semana ante el Congreso un proyecto de ley que busca dotar al Estado de las herramientas necesarias para hacerle frente al desangre ocasionado por la lluvia de demandas en su contra.
Actualmente, en Colombia existen 394.000 procesos activos en contra de la Nación, equivalentes a $226 billones en pretensiones. Además, en los últimos 13 años, el crecimiento de los desembolsos que corresponden a las demandas contra el Estado, ha sido del 495%.
Ante este panorama, Buenahora y 25 congresistas más, decidieron impulsar una iniciativa que propone modificar el artículo 90 de la Constitución Política, con el fin de que sea posible reglamentar, en virtud de la ley, las diferentes tipologías del daño causado por el Estado. Así como sus montos, condiciones y límites para la responsabilidad estatal.
“Este fenómeno ha provocado una vena abierta en las finanzas, en gran detrimento del erario, lo que quiere decir que los recursos que nos pertenecen a todos están siendo afectados”, manifestó el legislador, quien fue elegido en representación de los colombianos en el exterior.
Buenahora explicó que la norma pretende, además, fortalecer la acción de repetición, con el propósito de proporcionarle al Estado instrumentos suficientes y adecuados para reducir los efectos que produce la falta de una apropiada defensa jurídica de sus intereses y “la rampante corrupción que se halla enquistada en los diferentes estamentos del mismo”.
“En la actualidad son miles los casos en los cuales, con base en demandas contra el Estado, se obtienen inmensos beneficios individuales, desproporcionados e injustos”, aseguró.
Así mismo, insistió en que aún en los casos en los que los daños producidos por el Estado y sus agentes sean reales, la forma como se regula la tipología de la responsabilidad que se debe cumplir y sus respectivos montos, resulta extremadamente onerosa y perjudicial para las arcas públicas.
“Es claro que con el presente proyecto de Acto Legislativo se pretenden limitar, con su posterior desarrollo legislativo, las indemnizaciones por la responsabilidad del Estado, evitando así cobros exorbitantes e injustificados, como se ha venido presentando hasta la fecha y, al propio tiempo, fortalecer la institución de la acción de repetición”, sostuvo el congresista.
Tal como lo contempla la iniciativa, el nuevo texto del Artículo 90 quedaría así:
“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este.
La ley podrá establecer los eventos en que la responsabilidad del Estado esté limitada, excluida o condicionada”.
