Después de la alegría y la celebración de las festividades decembrinas, uno de los principales dolores de cabeza con el que reciben el nuevo año los propietarios de vivienda son las alzas, pero especialmente aquellas que tienen que ver con impuestos.
En esta ocasión, sin haber llegado siquiera el fin de año, este fantasma se le volvió a aparecer de manera anticipada a los cucuteños, pues en medio del trámite del proyecto de actualización del Estatuto Tributario, la consultoría contratada por la Alcaldía para el estudio y elaboración de la propuesta sugirió un aumento no solo en el predial, sino en otros tributos como industria y comercio, las tarifas de alumbrado público, sobretasas y otros impuestos menores.
Si bien la intención de imponer estas alzas no se ha oficializado por parte de la administración y el debate sigue abierto, desde ya, el Concejo le puso freno a esta posibilidad, advirtiendo la difícil situación económica que enfrenta la ciudad.
En medio de la incertidumbre que empieza a generar este asunto en la ciudad, una luz comenzó a alumbrar al respecto en el Congreso de la República, en donde hacen trámites dos proyectos de ley mediante los cuales se busca ponerle límites al aumento del impuesto predial que se da año tras año.
Una de las iniciativas, de autoría del Partido Conservador y cuyo coordinador ponente es el representante cucuteño Juan Pablo Celis (del Centro Democrático), establece unas bases para el incremento anual de este tributo, producto de las actualizaciones catastrales.
De la misma forma, sugiere adicionar un artículo a la Ley 44 de 1990, como una forma de poner un tope a los aumentos que se hagan en esta materia cada año.
“La capacidad de pago de algunos de los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado (IPU) viene aumentando, muy por debajo de los incrementos recientes del IPU. Así mismo, la falta de actualización del catastro colombiano ha impedido una correcta liquidación del IPU”, dice el informe de ponencia que fue votado de manera positiva.
Según los ponente, en los últimos siete años, este aumento ha estado por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y del aumento del salario mínimo, en un 1,84 y 1,36%, respectivamente.
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Lo que se propone
Así las cosas, de prosperar esta norma que ya avanzó en su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara y ahora pasa a la plenaria de la corporación, los cambios que se surtirían en favor de los propietarios de vivienda serían los siguientes:
-Para los predios residenciales urbanos, el aumento del impuesto predial unificado producto de procesos de formalización y actualización catastral de una vigencia a otra no podrá exceder en más del 50% del monto liquidado por el mismo concepto en el año anterior.
-Para los predios residenciales urbanos de los estratos 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a 135 salarios mínimos, el aumento del impuesto predial no podrá sobrepasar el porcentaje del incremento del salario mínimo.
-Se exceptúan de esta limitación aquellos predios que se incorporen por primera vez al catastro o aquellos en cuyo proceso de actualización se hayan identificado cambios físicos o variaciones del uso que justifiquen un mayor valor. Tampoco se aplicará el beneficio cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados.
La aplicación de la ley sería para todas las ciudades, distritos y municipios del país.
En el Senado
Entre tanto, en el Senado de la República y por iniciativa del Centro Democrático, avanzó hacia su cuarto debate un proyecto de ley que viene en estudio desde el año pasado y que pretende, igualmente, “estabilizar la forma de ajuste del impuesto predial, cuidando la disponibilidad de ingresos de los propietarios de finca raíz”.
El senador Ciro Ramírez explicó que lo que se quiere es ajustar el crecimiento de este tributo para todos por igual, sobre la base de una misma tarifa, pues actualmente el incremento es diferente en cada ciudad, “con la desafortunada desactualización catastral que ha tenido impactos negativos sobre el ingreso”.
Así las cosas, el proyecto plantea, por ejemplo, que el impuesto predial no podrá crecer más del 100% del Índice de Precios al Consumidor, que para estos efectos fija el Dane para cada año.
“La presente ley tendrá aplicación a partir del 31 de diciembre de 2018, con una temporalidad de 5 años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023”, plantea la iniciativa.
