La directora de la Unidad de Víctimas en Norte de Santander, Johanna Gelvez, entregó un balance.
Aunque el conflicto en Norte de Santander parece no tener fin y día a día son más las víctimas que deja el accionar de los actores armados ilegales con presencia en el departamento, la Unidad para las Víctimas continúa avanzando en el proceso de indemnización y reparación de quienes ya se encuentran registrados oficialmente, tal y como lo establece la ley.
En 2021, la entidad entregó más de $24.900 millones en indemnizaciones administrativas y recursos económicos a por lo menos 2.500 afectados por la violencia en esta región del país.
Cúcuta, Ocaña y Tibú fueron los tres municipios donde se concentró el mayor número de entregas durante el año pasado, mientras que en los ocho municipios que hacen parte de la zona PDET del Catatumbo (Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú), cerca de 1.000 víctimas recibieron alrededor de $7.000 millones.
El año anterior, la Unidad también logró avances significativos en materia de reparación colectiva y al menos $1.000 millones fueron invertidos para el cierre de las medidas y avances del Plan Integral.
En La Esperanza, por ejemplo, se puso en marcha una medida de restitución cuya inversión estuvo por el orden de los $690 millones, para la compra de elementos y materiales para la construcción de la plaza artesanal y agroindustrial del municipio.
En el barrio Antonio Santos, de Cúcuta, también fueron destinados $180 millones para la adecuación y dotación del centro cultural y artístico, como parte de dos medidas de restitución.
En La Gabarra, entre tanto, fueron implementadas tres medidas de este tipo, una de ellas la construcción y entrega de la concha acústica, otra ‘La casa de paz’, que busca dignificar la memoria de las víctimas del conflicto armado en este golpeado corregimiento, y el museo de la memoria.
En Tibú se implementó un proceso de formación laboral con apoyo del Sena y un diplomado en formulación de proyectos, como parte de medidas de reparación colectiva. De la misma forma, avanzaron con el diseño, estructuración e implementación de iniciativas culturales para promover el arte como medida de satisfacción.
La Unidad para las Víctimas anunció que en 2022 comenzarán el diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva con la comunidad que ha sido víctima del conflicto en el corregimiento de Otaré, en Ocaña.
Retornos y reubicaciones
La directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Johanna Gelvez Ascanio, destacó que durante el 2021, unas 166 familias víctimas de desplazamiento forzado en la zona del Catatumbo se beneficiaron con la entrega de Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar por más de $926 millones.
“Estos Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar permiten desarrollar e incrementar el potencial productivo de los hogares víctimas del conflicto, aprovechando sus capacidades y creando las oportunidades para alcanzar en el mediano y largo plazo su estabilización socioeconómica, con el fin de hacer sostenible su proceso de retorno o reubicación”, explicó la funcionaria.
Agregó que el año pasado, la entidad apoyó además la creación y funcionamiento de misceláneas, tiendas de abarrotes, restaurantes, panaderías, cafeterías, salones de belleza y talleres de confecciones, entre otras unidades productivas con la entrega de insumos y dotación mobiliaria en municipios como Tibú, Sardinata y El Carmen.
Atención de emergencias
El año pasado, el accionar de los grupos armados ilegales se intensificó en la zona rural de Cúcuta, por cuenta de la disputa de este territorio fronterizo y la Unidad para las Víctimas tuvo que atender varias emergencias por cuenta del desplazamiento de decenas de familias. Lo mismo ocurrió en Tibú, Hacarí y Teorama.
En total, se registraron unas seis emergencias de tipo masivo que provocaron la movilización de 337 familias y más de 1.070 personas que fueron asistidas por los entes territoriales.
La Unidad entregó, igualmente, Ayuda Humanitaria Inmediata en dinero por más de $250 millones, lo que benefició a 420 familias víctimas del conflicto que enfrentaron hechos de emergencia por causa de la violencia en los municipios de El Carmen, Hacarí, La Playa, Puerto Santander, San Calixto, San Cayetano y Teorama.
Otros 112 hogares fueron atendidos por la entidad con ayudas humanitarias en especie, tras el desplazamiento y confinamiento registrados en el 2021.
La directora de la Unidad de Víctimas resaltó que el año pasado también fue posible la elección de las 40 Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas (39 municipales y la departamental) y la socialización del nuevo protocolo de participación de la Ley 1448 con 296 organizaciones de víctimas.
“En medio de las restricciones sanitarias que se mantuvieron, logramos avanzar en los diferentes procesos con resultados satisfactorios que indican un cumplimiento en nuestro Plan de Acción y avances significativos en el plan de reparación, atención y asistencia que realizamos con toda la población afectada por la violencia”, señaló Gelvez Ascanio.
