Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación desde el pasado 13 de febrero, habló en exclusiva con La Opinión sobre lo que han sido estos casi 3 meses al frente de la entidad, de los retos que tiene para la misma y de algunos de los procesos más sonados en la política local que se investigan bajo su batuta.
Entre los casos que más llaman la atención están los 37 procesos penales que se adelantan contra el exalcalde de Cúcuta, César Rojas, 19 de ellos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En 2 de estos casos, según Barbosa, ya se formuló imputación de cargos. Además, tienen abiertas 7 noticias criminales por interés indebido en la celebración de contratos; todas ellas se encuentran en indagación. Le siguen, también, 5 procesos por peculado, 4 casos por prevaricato y un caso por tráfico de influencias.
El exgobernador William Villamizar Laguado también tiene tres procesos activos en su contra, dos de ellos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uno por cohecho.
En el marco de una de las investigaciones que se sigue contra Villamizar, a la Fiscalía le llamó la atención que el 23 de agosto de 2019, el mismo día que la Procuraduría suspendió por 3 meses al entonces gobernador, en la Secretaría General se celebraron 80 contratos de prestación de servicios; desde la Secretaría de la Mujer se celebraron 45, y en la Secretaría de Desarrollo Económico 144.
¿Cómo se ha reinventado la Fiscalía en estos tiempos? ¿De qué manera ha cambiado el trabajo para los fiscales en cada región del país?
A pesar de que el confinamiento afecta a todos los ciudadanos y a las instituciones, la Fiscalía General no puede confinarse en su integridad. Seguimos en las calles a pesar de la situación de pandemia, garantizándoles a los colombianos su tranquilidad y actuando en el marco de nuestro rol investigativo. Para cumplir esa función contamos con 1.297 investigadores del CTI y con 1.304 investigadores de la Sijín que están en los territorios. Otro grupo de funcionarios está en confinamiento. No ha sido sencillo, al igual que todos los trabajadores nos hemos tenido que adaptar a la coyuntura, pero tenemos claro que nuestra labor misional es esencial para responder a las demandas de justicia de la comunidad, en especial de las víctimas.
¿Está de acuerdo con el ingreso de periodistas a las audiencias concentradas, guardando todos los protocolos de seguridad referentes a la pandemia de la COVID-19?
Al respecto hay una regla general consagrada en la ley procesal penal en el sentido de que todas las actuaciones deben ser públicas. Por tanto, pueden tener acceso a ellas, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Sin embargo, existen algunas excepciones a esa regla, que también se encuentran consagradas en la ley, esto es, los casos en los que el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, los testigos, los peritos o a los demás intervinientes; cuando se afecte la seguridad nacional; cuando se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; cuando se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o cuando se comprometa seriamente el éxito de la investigación.
Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció al respecto. Al resolver una tutela interpuesta por unos periodistas a quienes se les había prohibido el ingreso a unas audiencias preliminares en el marco de un proceso penal, manifestó que la decisión del juez a la hora de aplicar la reserva de la actuación debe estar debidamente motivada y debe atender a unos parámetros mínimos de proporcionalidad, esto es, se deben valorar los intereses en conflicto y, dependiendo de cada caso, se debe identificar si la restricción del acceso público a las diligencias resulta idónea, necesaria y estrictamente proporcional.
Explíquenos la directiva por usted propuesta, sobre que la medida de aseguramiento sea excepcional. Es decir, ¿no habrá medida de aseguramiento para nadie (ante delitos graves) o ello regirá solo para algunos delitos?
Debemos partir de un principio, la privación de la libertad de los procesados no puede asumirse como la regla general en los procesos penales; al contrario, se trata de una excepción que aplica en unas circunstancias particulares y extraordinarias. Queremos que nuestros funcionarios, a la hora de determinar la viabilidad de solicitar medidas de aseguramiento, tengan en cuenta no solo su procedencia objetiva, sino que valoren si está orientada a cumplir los fines constitucionales de este tipo de restricciones de la libertad, esto es, si está orientada a asegurar: (i) la comparecencia de los imputados al proceso penal, (ii) la conservación de la prueba y (iii) la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
De esta forma, los operadores jurídicos debemos realizar un juicio de proporcionalidad para establecer si la medida es idónea (cuando es útil), necesaria (cuando no haya otra medida menos lesiva) y proporcional en estricto sentido (cuando la afectación de la libertad del individuo está justificada por los fines constitucionales). Igualmente, las evidencias con las que contamos nos deben permitir inferir razonablemente que el procesado es autor o partícipe de la conducta delictiva que le imputamos. Así mismo, debemos verificar que la imposición de otro tipo de medidas no privativas de la libertad resulta insuficiente para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
De darse esta propuesta, ¿debe tramitarse una ley?
No, esto ya está consagrado en la Constitución Política (artículo 250, numeral 1º), en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 y las reformas introducidas por las Leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016. Lo que pretendemos hacer es adoptar una postura institucional en defensa y respeto del principio pro homine et libertatis, garantizando que este tipo de medidas restrictivas de la libertad se apliquen solo cuando resulten estrictamente necesarias para cumplir las finalidades constitucionales anteriormente referidas.
Con el programa ‘Bolsillo de Cristal’, la Fiscalía abrió varias investigaciones por corrupción. Dentro de esos procesos hubo investigaciones contra las administraciones de los exalcaldes Donamaris Ramírez, César Rojas y el exgobernador William Villamizar. ¿En qué van esos procesos?
En cuanto al señor Donamaris Ramírez, en este momento tenemos abiertas varias investigaciones por posibles irregularidades cometidas en su administración. Tenemos 6 casos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y 2 por prevaricado (uno por acción y el otro por omisión). En ninguno de esos casos hemos formulado imputación de cargos.
En relación con el señor César Rojas, tenemos actualmente activos 37 procesos penales en su contra, 19 de ellos por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en 2 de esos casos ya formulamos imputación de cargos. Igualmente, tenemos abiertas 7 noticias criminales en su contra por interés indebido en la celebración de contratos, todas ellas se encuentran en indagación. También tenemos 5 procesos por peculado, todos ellos en indagación. Asimismo, tenemos 4 casos por prevaricato, todos se encuentran en indagación. Y finalmente, tenemos abierto 1 caso por tráfico de influencias, que también se encuentra en indagación.
En cuanto a los casos en los que ya formulamos imputación de cargos en su contra, es importante destacar el “Caso Cambarí”, en el que investigamos un contrato celebrado por la Secretaría de Equidad con la Corporación América Barí “Cambarí”, cuyo representante legal era el señor Carlos Alberto Salcedo Salazar, por valor de $16.499 millones. Si bien el objeto del contrato era contratar los servicios de un operador que garantizara el Programa de Emprendimiento y Generación de Empleo con Equidad de Género, identificamos que hubo un direccionamiento en la selección del contratista y que se aprovechó el contrato con fines políticos. El pasado 4 de marzo se realizó la Audiencia de Formulación de Imputación contra el exalcalde, la exsecretaria de Equidad y Género y el contratista, por los delitos de Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, Corrupción al Sufragante y Falsedad de Documentos.
En relación con el exgobernador William Villamizar, tenemos actualmente tres procesos activos en su contra, dos de ellos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y uno por cohecho. Dado que se trata de un aforado constitucional, esos casos se adelantan desde la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.
En Cúcuta y su área metropolitana se han abierto múltiples investigaciones y procesos penales contra los contrabandistas o redes de contrabando. Sin embargo, algunos con casa por cárcel circulan libremente por la ciudad y otros cabecillas de bandas logran recobrar la libertad muy pronto. ¿Falta contundencia en estos procesos?
Mediante la Resolución 172 del 1 de junio de 2018 se destacó al Fiscal Séptimo de la Seccional de Norte de Santander para que se encargara de la investigación contra las bandas criminales dedicadas al contrabando. A la fecha ha iniciado 1.306 investigaciones, 1.081 de ellas por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados, 200 por el delito de apoderamiento de los hidrocarburos, 21 por contrabando de hidrocarburos y 4 por favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos y sus derivados.
Por estos hechos, se han realizado 38 capturas, 9 de ellas han tenido como resultado la detención intramural, en 26 se ha ordenado la detención domiciliaria y en 3 casos se ordenó la libertad del capturado. En el 2018 obtuvimos 218 sentencias por estos delitos, mientras que en el 2019 tuvimos 124. Las principales organizaciones criminales que hemos impactado han sido “Los Santandereanos”, “Los Gasolineros de Agua Sucia”, “Águilas de la Noche”, “Ricaurte”, “Brangus”, “La Libertad” y “La Boconó”.
El año pasado, poco antes de elecciones, la Fiscalía hizo al menos dos allanamientos en la Gobernación. En enero se adelantó otro en Imsalud. ¿En qué quedaron esos procedimientos?
En cuanto al caso de la Gobernación de Norte de Santander, en virtud de la información publicada en distintos medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de la celebración de cientos de contratos por parte de varias secretarías adscritas a la Gobernación el 23 de agosto de 2019, curiosamente el mismo día que la Procuraduría había emitido un auto suspendiendo al entonces gobernador William Villamizar por el término de 3 meses. Estas irregularidades llamaron nuestra atención e iniciamos una investigación con actos urgentes, en virtud de la cual, el pasado 17 de octubre de 2019, ordenamos un allanamiento y registro a las instalaciones de la Gobernación.
Gracias a esta diligencia encontramos que desde la Secretaría General de la Gobernación se celebraron 80 contratos de prestación de servicios con fecha 23 de agosto de 2019; desde la Secretaría de la Mujer se celebraron 45 contratos con la misma fecha y desde la Secretaría de Desarrollo Económico se celebraron 144 contratos el mismo día. En virtud de esta información hemos podido identificar a varias personas que serían posiblemente responsables de delitos contra la administración pública, relacionados con la celebración indebida de contratos.
En relación con el caso de Imsalud, iniciamos una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por la Secretaría de Salud de Cúcuta, en la que se puso en conocimiento de la Fiscalía que, con ocasión al Acuerdo 001 de 2020 de Imsalud, se modificó el estatuto de contratación de esa entidad, limitando la contratación directa a máximo cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y superior a dicho valor, debería contar con la aprobación de la Junta Directiva; en razón a ello, la Secretaría de Salud de Cúcuta solicitó a la Fiscalía General de la Nación verificar ciertas irregularidades y anomalías al interior de las dependencias de Imsalud, respecto a 10 invitaciones a ofertar, en las que se pudo presentar posible adulteración de fechas en documentos relacionados con contratos, publicación de las invitaciones a presentar propuesta con fechas anteriores a las reales, entre otros. Por ello, se solicitó verificar dicha información de manera inmediata. En virtud de esa información, el pasado 24 de enero de 2020 ordenamos un allanamiento y registro en las instalaciones de dicha entidad.
Norte de Santander, que incluye la convulsionada región del Catatumbo, cuenta solo con tres juzgados especializados en Cúcuta, y con un número no muy distante de fiscales para combatir el grueso de los delitos penales más graves, sumados a las acciones de las bandas criminales, guerrillas o disidencias. ¿Se ha considerado un apoyo desde el nivel central?
Una de las grandes preocupaciones que tengo como Fiscal, y como lo he dicho en múltiples ocasiones, es que no tenemos suficientes investigadores y fiscales en algunos departamentos. Norte de Santander es uno de ellos. Por esa razón pretendo fortalecer la fiscalía en los territorios a través de un proyecto de ley para solicitar facultades extraordinarias que presentaré el 20 de julio. Por lo pronto, actuamos en el Departamento con 97 fiscales adscritos a la Seccional de Norte de Santander, en la que tenemos una carga activa en este momento de 71.643 procesos activos en Ley 906 de 2004 y 2.158 casos en Ley 600 de 2000.
Desde el 2019 se han realizado 247 capturas por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (sede Cúcuta), dentro de las cuales se destacan capturas de cabecillas urbanos y rurales así como también de diferentes integrantes a quienes se les han imputado delitos como Concierto para Delinquir Agravado en concurso con Homicidio Agravado, Terrorismo, Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego tanto de uso personal, como de uso privativo de las Fuerzas Armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias, lográndose 135 sentencias condenatorias desde enero de 2019 a la fecha.
El departamento está entre los primeros cuatro con mayor número de líderes sociales asesinados. ¿Qué avances hay en el esclarecimiento de estos hechos?
En Norte de Santander, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reportado 34 homicidios a defensores de derechos humanos ocurridos entre 2016 y mayo del 2020. Es el tercer departamento con el mayor número de casos reportados, en donde los líderes comunales son los más afectados (20 homicidios). Los municipios que presentan un mayor número de afectaciones a Defensores de Derechos Humanos son Tibú y Cúcuta, con el 53% de las de los casos reportados a la Fiscalía.
De las 34 víctimas, 20 tienen avance en el esclarecimiento (9 indagación con orden de captura, 7 en juicio y 4 sentencias condenatorias), teniendo así un porcentaje de avance del 58.82%. De los 20 homicidos mencionados, se comprobó que 15 son atribuibles a una organización criminal, lo que corresponde al 75% de las afectaciones: 5 al Epl (Pelusos, Frente Fronteras), 4 a organizaciones criminales Tipo C (Banda Villa Caro, Banda la 14), 3 al Clan del Golfo, 2 al Eln y 1 a las disidencias del Frente 33 de las extintas Farc.
Norte de Santander se encuentra en el quinto lugar con el mayor número de homicidios de reincorporados (18 homicidios). Se ha avanzado en el esclarecimiento de 11 de ellos, correspondiente al 61.11% de avance. Se han obtenido sentencias condenatorias en 7 homicidios, en contra de miembros del Epl (5 casos), Fuerza Pública (1 caso) y un particular (1 caso). Además, 4 hechos cuentan con órdenes de captura vigentes. Del total de los casos con avance en el esclarecimineto (11), se logró determinar que 6 son atribuidos al actuar del Epl, 3 al Eln, 1 a la fuerza pública y 1 a un particular. En total, 9 homicidios están relacionados con organizaciones criminales, equivalentes al 81.81%. Se destaca que los municipios con mayor número de afectaciones a Reincorporados de las Farc son El Tarra y Tibú. Juntos reúnen el 55% de los homicidios ocurridos en el departamento.
Con base en estas afectaciones a defensores y reincorporados, la Unidad Especial de Investigación destacó un equipo de policía judicial, analistas y un Fiscal. Este equipo debe investigar las afectaciones ocurridas en los muncipios de Tibú y El Tarra, avanzando en la caracterización de las estructuras criminales responsables. El proyecto comprende un total de 18 víctimas, de las cuales 4 son defensores de derechos humanos, 8 reincorporados de las Farc y 6 civiles.
Como resultado de la estrategia, se han vinculado a 3 personas con órdenes de captura, 6 en etapa de juicio y 2 con sentencias condenatorias. Se resalta que en el proyecto existe un avance de esclarecimiento importante, el cual corresponde a los dos homicidios ocurridos este año en el municipio de Tibú: Julio César Sandoval Chica, líder social de la vereda La Silla y Ascamcat (los hechos ocurrieron el 9 de enero 2020, en la finca del señor conocida como La Esmeralda de la vereda La Silla); y Efrén de Jesús Ospina Velázquez, quien se desempeñaba como vicepresidente de la JAC de la vereda Totumito Carbonera. Los hechos ocurrieron el 8 de febrero 2020. Ambos casos se presentaron en el corregimiento Campo Dos, en el municipio de Tibú.
¿Hay planes para designar fiscales para los municipios del Catatumbo?
Con la restructuración que tenemos pensado hacer a la entidad pretendemos incrementar el número de fiscales con los que contamos en todo el territorio nacional.
¿Cuándo habrá concurso para nuevos fiscales para Norte de Santander?
El concurso en la Fiscalía General de la Nación depende de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignen presupuesto para el concurso de méritos
¿Cuál es su posición en temas claves para Norte de Santander como la fumigación de cultivos de uso ilícito?
Se deben utilizar todos los mecanismos existentes para acabar con la plaga del narcotráfico. La erradicación forzada, manual e incluso la aspersión son mecanismos que pueden utilizarse conforme al ordenamiento jurídico. Si se usa la aspersión o fumigación, deben cumplirse las condiciones fijadas por la Corte Constitucional. En la persecución contra el narcotráfico, el país siempre tendrá en el Fiscal General una persona que no será ni dubitativa ni meliflua contra el crimen.
Con usted a la cabeza, ¿cómo será la relación de la Fiscalía con la JEP y cuál es su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz?
Mi relación con la JEP es de respeto institucional y así continuará. Soy un convencido de la paz como elemento central de convivencia. En eso mi compromiso es total. Pero los desafíos son grandes. Una cosa es el discurso sobre la reconciliación y otro la realidad en las regiones. No soy un soñador, sino una persona realista que trabaja con cifras en la mano. Mi propuesta central es que podamos tener fiscales e investigadores itinerantes en los 170 municipios PDET. Con eso habrá más país.
Los recientes escándalos sobre seguimientos y perfilamientos ilegales a periodistas, políticos, entre otros, han puesto sobre la mesa la necesidad de establecer controles sobre las salas de interceptación. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cómo unificar o meter en cintura estas salas para que no se intercepte ilegalmente?
Rechazo la violación a los derechos humanos contra cualquier colombiano. En eso quiero ser categórico. Por eso se investigarán esos comportamientos ilegales. Sobre las salas de interceptación, debo decir que al inicio de mi gestión planteé algunas soluciones que ya empezamos a trabajar. Una de ellas es estandarizar los protocolos de interceptación de comunicaciones de todas las salas de escucha del país, tanto las de la Policía Nacional como las de la Fiscalía General de la Nación.
Queremos que todos los procedimientos estén regulados y que, independientemente de los funcionarios que realicen las actividades, haya un protocolo claro acerca de cómo proceder en el marco de estas actividades y de los hallazgos que se vayan encontrando. También queremos que haya responsabilidades claras dependiendo de las competencias de cada uno de los funcionarios que intervienen en esta actividad investigativa, desde el fiscal que la ordena hasta los investigadores y los analistas que escuchan la información. Igualmente, queremos capacitar a nuestros funcionarios en el alcance de las actividades que pueden realizar en el marco de la interceptación de comunicaciones, esto es, que haya claridad acerca del marco jurídico de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta de esta actividad investigativa, así como en lo que se debe hacer cuando se escuchen determinado tipo de conversaciones o cuando tengan conocimiento de la intervención de personas con fuero legal o constitucional.
¿Qué hacer para contener la carga de trabajo para los fiscales que muchas veces por estar en una audiencia no están en otra y los términos corren en su contra?
Es común escuchar que el fiscal es el gerente del caso, pero también debemos tener claridad en que no solo es el gerente de un caso sino de todos los que tiene a cargo. Como un buen gerente, una de sus principales tareas es articularse con otros funcionarios con los que tiene que trabajar de forma conjunta, como los jueces, procuradores, abogados defensores y apoderados de las víctimas, de tal forma que tengan una agenda de trabajo organizada en interés de la justicia.
La Dirección Seccional de Fiscalías en Norte de Santander no cuenta con una oficina de prensa para conocer sobre las acciones adelantadas por el ente investigador. ¿Por qué se ha centralizado el despacho de la información desde Bogotá?
Estamos en proceso de contratación de una persona que se encargue de todo el tema de comunicaciones de esta zona del país. Sé de la importancia de esta bella región porque este departamento lo visité más de 10 veces en los últimos 2 años en mi anterior función como alto consejero de Derechos humanos y asuntos internacionales y en lo tocante al trabajo que realicé en el monitoreo de las fronteras con las autoridades y la sociedad civil. Mi compromiso es total con Norte de Santander. Es tan así que como fiscal General visité la seccional de Cúcuta durante el primer mes de mi mandato antes de la declaración de la emergencia por la pandemia.
El nuevo búnker de la Fiscalía en Cúcuta presentó algunas deficiencias logísticas, estructurales y de comunicaciones tras ser inaugurado. ¿Estas ya fueron superadas?
El 3 de agosto de 2018, fecha del acto en mención, la obra llevaba un avance del 57%, por lo que se continuaron con las actividades de obra programadas. Al día de hoy, el contratista encargado del proyecto no ha realizado la entrega a satisfacción de la obra, incumpliendo con sus obligaciones contractuales.
Por lo anterior, el pasado 27 de marzo de 2020 la Fiscalía General de la Nación activó el mecanismo de acuerdo directo establecido en el contrato, y adjuntó el informe de supervisión que consigna los pendientes para la entrega por parte del contratista, entre los cuales se encuentra la deficiencia en el sistema de aire acondicionado, la adecuación de los baños de la URI, el ajuste de puertas y vidrios, entre otros, sin tener deficiencia estructural. El proceso se encuentra en curso.
Fiscales en Cúcuta se quejan de que se inicia una investigación y enseguida se asignan otras más. Al final –dicen- no se termina ninguna. ¿Qué decir al respecto?
Atendiendo esa necesidad, a través de la Resolución No. 135 de 22 de abril de 2019, en la Seccional de Norte de Santander nos organizamos de tal forma que unos fiscales están enfocados en los juicios de determinados delitos que requieren un conocimiento especializado, como inasistencia alimentaria, delitos contra el patrimonio económico, delitos contra la vida y la integridad personal o tráfico de estupefacientes.
Así mismo, existen unos criterios y planes de priorización que nos permiten concentrar nuestros esfuerzos y estrategias en algunas situaciones y casos en los que la ciudadanía demanda con mayor prontitud una respuesta de las autoridades, sin dejar de lado la persecución de la criminalidad ordinaria.
Funcionarios judiciales en Norte de Santander han reiterado la necesidad de analistas en contratación, para investigar delitos de la contratación pública. ¿Cómo va el tema?
En la seccional no se tiene un analista experto en administración pública, los análisis son realizados por técnicos investigadores, profesionales en el área de contaduría y derecho. Desde el nivel central se investigan los casos de mayor importancia. En el 2019 obtuvimos los siguientes resultados en delitos contra la administración pública en los casos que se llevan desde la Seccional de Norte de Santander. Nos autorizaron 11 órdenes de captura, formulamos 29 imputaciones de cargos, obtuvimos 11 medidas de aseguramiento, presentamos 29 escritos de acusación, celebramos 6 preacuerdos, obtuvimos 12 sentencias, otorgamos 9 principios de oportunidad y en un caso hubo aceptación de cargos.
Entre los casos más emblemáticos se encuentran el que adelantamos por corrupción contra el alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación; actualmente se encuentra en audiencia preparatoria; también el caso por corrupción en el hospital de Ábrego, en el que obtuvimos 4 órdenes de captura; igualmente, el caso por corrupción contra el secretario de Infraestructura, en el que obtuvimos 7 órdenes de captura; así mismo, el caso por fraude pensional contra la ex-alcaldesa de Cúcuta y el caso por el PAE, en el que obtuvimos 5 órdenes de captura y actualmente se encuentra en audiencia preparatoria.
