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Citan a juicio disciplinario a exalcaldesa de Ocaña

Viernes, 15 de Enero de 2021
Varios exsecretarios de su administración también fueron llamados.

Aunque dejó su cargo en mayo de 2019 tras ser destituida e inhabilitada por 10 años, la Procuraduría General de la Nación sigue con la lupa puesta sobre la exalcaldesa de Ocaña para el periodo 2016-2019, Miriam del Socorro Prado Carrascal.

El Ministerio Público acaba de citar a juicio disciplinario a la exmandataria porque, al parecer, le adjudicó contratos a uno de los financiadores de su campaña, quien estaría inhabilitado por haberle hecho aportes superiores al 2% del dinero máximo a invertir por parte de los candidatos.

Según informó el ente de control mediante un comunicado de prensa, Prado Carrascal deberá explicar por qué permitió que en 2016 se suscribieran los contratos de consultoría 001 y 015 y de suministro 01, 011 y 028 con la firma EEAA Service SAS, cuyo representante legal era Edgar Enrique Ataya Sánchez, quien habría hecho aportes a su campaña a la Alcaldía por $20 millones, correspondientes al 3,6% de los dineros máximos a invertir.

La decisión cobija, igualmente, a los exsecretarios de Vías, Infraestructura y Vivienda, Jorge Armando Navarro Rueda; de Gobierno, Juan Pablo Bacca Manzano, así como al director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación, Wilson Fernando Arenas.

La Procuraduría cuestionó a los investigados la presunta violación del artículo 33 de la Ley 1778 de 2016 según la cual, los gobernadores, alcaldes, y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital o municipal correspondiente, no pueden celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al 2% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral”, señala el comunicado.

A juicio del ente de control disciplinario, la exalcaldesa pudo omitir su deber de control y vigilancia sobre los negocios jurídicos suscritos en su administración, mientras que los exsecretarios y el exdirector podrían habrían desconocido la Ley 80 de 1993, que establece la inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Por hechos similares, en febrero de 2017, Miriam del Socorro Prado Carrascal fue capturada por integrantes del CTI, tras ser señalada de incurrir en una presunta celebración indebida de tres contratos y la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

A la entonces mandataria se le investigaba por la firma de tres contratos con Edgar Enrique Ataya Sánchez, quien además de no tener la experiencia certificada para cumplir con los objetos de los mismos, fue uno de los financiadores de su campaña, en 2015.

Aunque inicialmente la exalcaldesa recibió medida de aseguramiento, en mayo esta fue levantada y Prado retornó a sus funciones tiempo después, pero el proceso penal siguió andando.

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