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Domingo, 26 Junio 2016 - 3:11am

Claroscuro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que sembró la esperanza

Distintos sectores han pedido una reforma a la norma por los obstáculos que ha mostrado.

Archivo
/ Foto: Archivo

El 10 de junio de 2011, Colombia marcó un precedente ante el mundo al poner en marcha una de las leyes más importantes y ambiciosas que se hayan aprobado en su historia reciente: la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Después de una dura batalla entre sus promotores, uno de ellos el hoy ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que terminó por hundir la iniciativa, el nuevo Gobierno (de Juan Manuel Santos) reconoció que en el país sí existe un conflicto armado y como tal sus víctimas debían ser reconocidas y reparadas.

Bajo este nuevo argumento, la norma logró salir adelante y con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como testigo de excepción, el presidente Santos le dio vía libre a su implementación, con el compromiso de que “este es el primer paso a la reconciliación, que se da sin terminar el conflicto”.

Aunque desde ese momento, el jefe de Estado anticipó que este no sería un proceso de resultados inmediatos, por lo que pidió mucha paciencia a las víctimas, hoy, cinco años después de su largada, la ley ha tenido que afrontar muchos obstáculos, al punto de que desde distintos sectores se pide una reforma.

Uno de los aspectos más complicados a los que ha tenido que hacerle frente el Gobierno para poder cumplir sus metas es la financiación.

La ley fue proyectada sobre un costo de más de $54 billones a 10 años, pero el año pasado la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento de la Ley de Víctimas le entregó un informe al Congreso con el que encendió las alarmas, puesto que advirtió que hay un faltante de $33,6 billones para garantizar los derechos de indemnización y vivienda de las víctimas, que establece la ley.

Esto, sumado a la falta de un fortalecimiento institucional para agilizar los procesos, la incertidumbre de los segundos ocupantes, las respuestas lentas por parte de los entes territoriales, ha generado inquietud frente al éxito de la política.

Para hacer un balance de lo que ha sido hasta ahora esta norma, La Opinión consultó a víctimas, congresistas, defensores de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y los mismos encargados de dirigir las Unidades de Víctimas y Tierras en Norte de Santander, quienes hicieron una lectura de los aciertos y desaciertos, así como de los grandes pendientes de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Aciertos

Por primera vez el Estado reconoce que el conflicto armado existe, generó afectación en la población civil y por lo tanto le garantiza el reconocimiento de unos derechos a las víctimas.

El Estado reconoce que existió una estrategia de despojo de tierras por parte de los grupos armados ilegales.

Se reconocen todos los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.

Se está reparando y restituyendo en medio del conflicto armado y la confrontación de los grupos alzados en armas.

Las víctimas tuvieron participación en la formulación de su propia política pública.

La voluntad del Gobierno y de los mandatarios locales para hacer realidad el proceso de implementación de la ley en los territorios que habitan las víctimas.

Los avances para abordar de manera diferencial los procesos de las víctimas, reconociendo sus particularidades.

Con la restitución, muchos campesinos que han trabajado durante años sus tierras sin tener título de propiedad, y que tuvieron que abandonarlas, podrán ser nuevamente sus propietarios de manera legal.

Actualmente, el 100% del país esta macrofocalizado y existen habilitadas 562 microzonas en todo el territorio nacional.

La Ley de Víctimas contempló un escenario administrativo y judicial para adelantar los procesos de restitución de tierras, que ha generado un despertar de la conciencia en las comunidades afectadas acerca de sus derechos, goce y explotación de sus predios, como lo refieren los principios internacionales.

La restitución de tierras es el primer paso hacia el posconflicto.

Desaciertos

Tiene problemas de diseño.

El país fiscalmente no se preparó para entrar a reparar al universo de  víctimas que hay y que se siguen registrando.

La Unidad de Víctimas no cuenta con la capacidad de personal para entrar a ofertar todos los programas, proyectos y planes que se han formulado al interior de la entidad.

Los procesos de reparación y de respuesta del Estado son demasiado lentos, engorrosos y discriminatorios.

No avanza la reparación. En el caso de Norte de Santander a pesar de que ha habido esfuerzos por parte de la dirección territorial por cumplir, estos no se ven en el número de indemnizaciones entregadas a la población víctima. Los adultos mayores se están muriendo sin acceder a las medidas de reparación.

No se prepararon para llegar a puntos neurálgicos en zonas como el Catatumbo.

La ley establece que el testimonio de la víctima se presume veraz y deja al propietario actual, a quien llama opositor, ante una verdadera encrucijada para defenderse.

Una buena parte de las reclamaciones provienen de fincas que, en su mayoría, fueron vendidas al Incora por propietarios a los que el Estado no les protegió su derecho a la propiedad.

Revictimiza a los campesinos.

Afecta económicamente a quienes compraron en medio del conflicto.

Las limitadas medidas de reparación que se han otorgado hasta ahora, centradas en la indemnización, tienen falencias frente al uso adecuado de los recursos con miras a mejorar la vida de las víctimas.

Miles de víctimas transitan en la búsqueda de las ayudas humanitarias para resolver su mínimo vital de sobrevivencia, puesto que la entrega de las mismas no se compadece con sus necesidades reales de subsistencia.

Algunos componentes como vivienda o generación de ingresos no cumplen con las expectativas, en comparación con los daños y perjuicios recaídos en familias, sobre todo en el área rural.

Las víctimas deben superar una serie de requisitos, procedimientos y rutas para tener acceso a sus derechos, sin que en ocasiones reciban respuestas oportunas. Esto pone a las víctimas en un limbo jurídico sin solución, violando principios internacionales.

Pendientes

Es necesario instalar enlaces de víctimas de la unidad en zonas como el Catatumbo, de manera permanente.

La Unidad de Víctimas debe hacer un esfuerzo grande en cuanto a la caracterización de la población en los 40 municipios de Norte de Santander para que los que necesitan reciban la ayuda.

Agilizar la respuesta de los entes regionales en el cumplimiento de las órdenes judiciales que acompañan la restitución efectiva, material o jurídica de los predios.

Impulsar unas reformas a la ley para hacer de la restitución de tierras un mecanismo más ágil y expedito de respuesta a las víctimas del despojo. 

Establecer la segunda instancia para que la ley cumpla con los protocolos internacionales.

Crear más tribunales agrarios y examinar la posibilidad de definir un mecanismo de restitución por vía administrativa.

Se debe fortalecer la Agencia Nacional de Tierras.

Poner en sintonía la ley con los acuerdos de La Habana.

Fortalecer el acompañamiento sicosocial al universo de las víctimas que les permita cicatrizar las heridas, prepararse para la convivencia y asumirse como ciudadanos en un contexto de reconciliación y paz.

Lucy Araque

lucy.araque@laopinion.com.co

Redactora Política. Trabaja en La Opinión desde 2007.

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