El exalcalde de Bogotá pide la restitución de sus derechos políticos, tras las sanciones de la Procuraduría.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió para su estudio la demanda que presentó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la destitución e inhabilidad por 15 años que le dictó la Procuraduría, a fin que le sean restituidos sus derechos políticos.
La CIDH le notificó a Petro la decisión de estudiar de fondo el caso, por el cual había dictado medidas cautelares en el proceso, en relación con que funcionarios de índole administrativo como el Procurador le habría afectado sus derechos políticos en contravía de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que señala que esto solo puede suceder con sentencia penal.
El abogado Rafael Barrios indicó que la admisión de la CIDH indica que no se le dio la razón al Estado que alegaba que había recursos en la justicia interna aun por fallar.
“La nulidad y restablecimiento de derecho lleva aproximadamente dos años (en curso) y, considera la Comisión, no es un recurso idóneo. Y caracteriza los hechos como que el Estado ha afectado los derechos políticos del exalcalde y sus electores, que la legislación colombiana debe adecuarse a la Convención Interamericana”, dijo.
El exalcalde Petro señaló que la sanción de la Procuraduría le ha afectado su vida política y cotidiana que pone en riesgo sus derechos políticos y la capacidad para contratar y, en consecuencia, su subsistencia.
Esto en referencia igualmente al fallo de la Contraloría que le impone una multa de 217 mil millones de pesos por irregularidades en la reducción de tarifas de Transmilenio.
“Lo que están pensando es llevarme al límite para sacarme del país”, dijo Petro al comparar su caso con el del opositor venezolano Leopoldo López.
